Son más de treinta las reformas legislativas de carácter negativo, que se han impuesto sobre el Estatuto de los Trabajadores inicial. Algunas de ellas han venido impuestas por los distintos gobiernos de la nación, otras han sido previamente acordadas con los hoy llamados agentes sociales, o lo que es lo mismo por CC.OO. y U.G.T., por el “bisindicalismo”.
Esta última del 10 de febrero del año 2012, aunque aparentemente ha sido impuesta por el Gobierno Rajoy, existe un pacto anterior el 25 de enero del mismo año, donde prácticamente todo, a excepción del despido sin causa, estaba pactado por CC.OO.-U.G.T. y la Patronal, pero no fue suficiente para la Patronal, de ahí que recurriera al instrumento en sus manos: el Gobierno de Rajoy.
Es mucho el cambio a peor que ha existido en nuestra legislación social, todo ese cambio en contra de los intereses objetivos de los trabajadores, en temas fundamentales: la flexibilidad horaria, el despido sin causa, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, los descuelgues salariales, los descuelgues de convenio, la flexibilidad funcional, la desaparición de las categorías profesionales y su cambio por grupos, la formula de representación sindical ante la ausencia de presencia sindical en las empresas, el aumento de la jornada laboral, la destrucción de la negociación colectiva en el sector público, la rebaja en el precio del despido en un 75% a efectos prácticos, el aumento de las causas para forzar a que éste sea objetivo, la ultra-actividad o pérdida de las condiciones de trabajo pactadas en convenio colectivo transcurrido un año desde su denuncia, la resolución de los expedientes de regulación de empleo por los propios empresarios, dejando de un lado la intervención de la administración, más grave en el caso del sector público donde los expedientes de regulación de empleo son con carácter extintivo y prohibido el carácter suspensivo, la reducción de los periodos de negociación, etc.
En todas estas contrarreformas laborales no se puede olvidar el gran pacto social entre Gobierno-Patronal y “bisindicatos” sobre las pensiones, un pacto que afecta al 10% del producto interior bruto de este País y que aumenta la edad de jubilación a los 67 años y proyecta una rebaja de las pensiones hasta el 2027 tremenda, confirmada con posterioridad por la legislación de Rajoy que desvincula la subida de las pensiones del índice de precios al consumo.
Todo esto unido a un paro superior al 22% de la población activa y que en algunas provincias y comunidades autónomas llega al 33% y en la juventud al 52%.
Lo inaceptable ante esta situación es que además viene acompañada de la no actuación por parte de las inspecciones de trabajo. Y también el retraso que sufren los juzgados en general y en particular los de lo social y mercantil.
La aplicación de la “nueva” legislación laboral, que en realidad significa un retroceso histórico legislativo, comparable con la inexistencia de derechos laborales a comienzos del siglo XX, ha conllevado la destrucción masiva de puestos de trabajo. Unida a una ley concursal donde los empresarios se convierten en especuladores y reconvierten su interés empresarial en liquidar las empresas, evitando deudas antes de proseguir con la actividad económica, por la cual muestran el máximo desinterés.
La realidad social de los trabajadores es más cruel todavía, hoy existe una legión de trabajadores en desempleo y sin prestaciones de protección social que están dispuestos a trabajar por lo que le den y las horas que sean necesarias, situación laboral que viven muchísimos jóvenes que son vilmente explotados por los patronos. O en el campo, donde los trabajadores para conseguir los días mínimos de cotización para el subsidio contributivo, están trabajando por unos salarios testimoniales.
La negociación colectiva ha quedado en una pura pantomima, lo que prima es la ley del patrón.
Resulta cierto y verdad que no existe modelo de proyección económica por parte del Gobierno para este País, se conforma con mantener la industria del automóvil y el turismo. Pero ha abandonado la iniciativa en la investigación y el desarrollo. Por lo que las generaciones futuras dependerán de la investigación de otros países, de modo que tendrán serias limitaciones en la producción.
Evidentemente la sociedad actual, el curso de la historia exige un cambio radical, en los conceptos económicos y en los principios sociales. El estado no sólo debe estar para responder a las peticiones de subvenciones que sobre sus arcas realiza la patronal, también está para dirigir, por ejemplo, los precios de producción y de consumo. Lo contrario es la selva. Y en cuanto a principios sociales estos deben de adquirir un carácter colectivo, abandonando el carácter individualista que sólo provoca el subdesarrollo.
Paco Moro Fernández (Córdoba). Secretario General de C.T.A.
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