La defensa de Aesas presenta una denuncia penal al juez que investiga la demanda de un trabajador de Granada
Patricia Godino sevilla | Actualizado 06.10.2014 - 05:04
La defensa de la Asociación de Eventuales del SAS (Aesas) ha presentado una denuncia ante el Juzgado de lo Social dos de Granada donde acusa de "manipulación mal intencionada de la verdad para producir injerencia y provocar error al juzgador" a la asistencia legal del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Según la denuncia presentada por el letrado Manuel Martos, que es también el secretario de Aesas, y a la que ha tenido acceso este periódico, el abogado del SAS en la demanda de un facultativo de Granada que reclama que se le reconozca como laboral indefinido -habida cuenta de la concatenación durante años de contratos con el SAS-, está "provocando confusión en su señoría".
El letrado de Aesas expone en su denuncia que los servicios jurídicos del SAS están determinando "injustificadamente" que será la vía contenciosa administrativa la que resuelva esta demanda y, en este sentido, asegura que el SAS ha expuesto ante el juez que esta vía ha sido "asumida de manera pacífica por las partes" . Y "nada más lejos de la realidad", subraya el abogado del colectivo Aesas, plataforma que ha coordinado la presentación de demandas de más de 500 profesionales sanitarios en juzgados de toda Andalucía.
"En contra de lo argumentado" por el SAS, las demandas de los eventuales de esta asociación "están teniendo acogida en todas las provincias", asegura Martos.
En su escrito, el abogado recuerda que, como adelantó este medio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está resolviendo en los casos de estas demandas a la vista de "las irregularidades detectadas", tales como, "la impugnación de la bolsa de empleo" del SAS por "considerarla fraudulenta", demandas por despido nulo "ganadas por los trabajadores" -caso de dos facultativos del hospital Puerta del Mar de Cádiz y uno del Punta Europa de Algeciras- e incluso en demandas de trabajadores relativas a otras consejerías, caso de un fallo a favor de trabajadores de Medio Ambiente.
En su escrito, Martos asegura que la estrategia que siguen los servicios jurídicos del SAS supone "una quiebra de la buena fe entre las partes" y "se enmarca en lo que puede ser estafa procesal" que puede tener repercusión "por la vía penal".
En su escrito, Martos añade además que este tipo de delitos son castigados con penas de prisión de un año a seis años y una multa de seis a doce meses en el caso de que en un procedimiento judicial se "manipulen las pruebas" provocando error en el juez y llevándole a dictar una resolución "que perjudique a la otra parte".
Esta denuncia de los eventuales al SAS se enmarca dentro del amplísimo litigio judicial que mantiene abierto este colectivo con la Administración andaluza. Por ahora, en los juzgados de toda Andalucía se acumulan centenares de demandas con vistas fechadas hasta 2018, en concreto, existen dos demandas colectivas presentadas por 500 facultativos y 200 individuales, que recogen las particularidades de la trayectoria contractual de cada trabajador contratado por el SAS "en fraude de ley" según defiende el letrado de Aesas.
A la vista de estas demandas, y puesto que ya hay tres sentencias que han fallado a favor de los trabajadores, la Sala de lo Social del TSJA quiere aclarar cuanto antes qué jurisdicción es la competente para resolver sobre estos casos, de modo que ha adelantado la deliberación de los recursos de las dos primeras sentencias a favor para el 18 de noviembre. Según una providencia a la que tuvo acceso este medio, el magistrado Antonio Reinoso expone que este anticipo en la deliberación se debe "a la repercusión sobre otras demandas que se hayan presentado o se puedan presentar a fin de fijar criterio". Por tanto, en contra de lo que argumenta la defensa del SAS, la vía contenciosa para la resolución de estas demandas no es un hecho, sostiene el abogado de Aesas.
Según la denuncia presentada por el letrado Manuel Martos, que es también el secretario de Aesas, y a la que ha tenido acceso este periódico, el abogado del SAS en la demanda de un facultativo de Granada que reclama que se le reconozca como laboral indefinido -habida cuenta de la concatenación durante años de contratos con el SAS-, está "provocando confusión en su señoría".
El letrado de Aesas expone en su denuncia que los servicios jurídicos del SAS están determinando "injustificadamente" que será la vía contenciosa administrativa la que resuelva esta demanda y, en este sentido, asegura que el SAS ha expuesto ante el juez que esta vía ha sido "asumida de manera pacífica por las partes" . Y "nada más lejos de la realidad", subraya el abogado del colectivo Aesas, plataforma que ha coordinado la presentación de demandas de más de 500 profesionales sanitarios en juzgados de toda Andalucía.
"En contra de lo argumentado" por el SAS, las demandas de los eventuales de esta asociación "están teniendo acogida en todas las provincias", asegura Martos.
En su escrito, el abogado recuerda que, como adelantó este medio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) está resolviendo en los casos de estas demandas a la vista de "las irregularidades detectadas", tales como, "la impugnación de la bolsa de empleo" del SAS por "considerarla fraudulenta", demandas por despido nulo "ganadas por los trabajadores" -caso de dos facultativos del hospital Puerta del Mar de Cádiz y uno del Punta Europa de Algeciras- e incluso en demandas de trabajadores relativas a otras consejerías, caso de un fallo a favor de trabajadores de Medio Ambiente.
En su escrito, Martos asegura que la estrategia que siguen los servicios jurídicos del SAS supone "una quiebra de la buena fe entre las partes" y "se enmarca en lo que puede ser estafa procesal" que puede tener repercusión "por la vía penal".
En su escrito, Martos añade además que este tipo de delitos son castigados con penas de prisión de un año a seis años y una multa de seis a doce meses en el caso de que en un procedimiento judicial se "manipulen las pruebas" provocando error en el juez y llevándole a dictar una resolución "que perjudique a la otra parte".
Esta denuncia de los eventuales al SAS se enmarca dentro del amplísimo litigio judicial que mantiene abierto este colectivo con la Administración andaluza. Por ahora, en los juzgados de toda Andalucía se acumulan centenares de demandas con vistas fechadas hasta 2018, en concreto, existen dos demandas colectivas presentadas por 500 facultativos y 200 individuales, que recogen las particularidades de la trayectoria contractual de cada trabajador contratado por el SAS "en fraude de ley" según defiende el letrado de Aesas.
A la vista de estas demandas, y puesto que ya hay tres sentencias que han fallado a favor de los trabajadores, la Sala de lo Social del TSJA quiere aclarar cuanto antes qué jurisdicción es la competente para resolver sobre estos casos, de modo que ha adelantado la deliberación de los recursos de las dos primeras sentencias a favor para el 18 de noviembre. Según una providencia a la que tuvo acceso este medio, el magistrado Antonio Reinoso expone que este anticipo en la deliberación se debe "a la repercusión sobre otras demandas que se hayan presentado o se puedan presentar a fin de fijar criterio". Por tanto, en contra de lo que argumenta la defensa del SAS, la vía contenciosa para la resolución de estas demandas no es un hecho, sostiene el abogado de Aesas.
