La magistrada solicita los expedientes de ayudas de la Faffe y las comunicaciones de la Intervención en las que se propusiera el reintegro de las subvenciones.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los cursos de formación, ha dictado tres nuevos autos en los que reclama nueva documentación sobre las actividades formativas a la Consejería de Educación, a la Intervención General de la Junta y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
En una de estas resoluciones, que tiene fecha de ayer, la magistrada requiere a la Junta de Andalucía para que “de manera inmediata” entregue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los expedientes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que se encuentren ubicados en el centro Guadalquivir y que en caso de que esté en cualquier otro sitio, se entregue igualmente de manera “inmediata y personal” a los agentes del instituto armado.
En otro auto, del pasado 17 de octubre, Alaya requiere a la Intervención General de la Junta para que en un plazo de diez días remita “todas las comunicaciones emitidas” por este organismo fiscalizados en materia de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas “en las que se haya incluido alguna propuesta de reintegro, ya sea total o parcial” y además hace extensivo el requerimiento a las resoluciones que “recaigan en el futuro sobre los expedientes requeridos y a los nuevos expedientes de reintegro que se incoen”.
En esta resolución, la instructora también da diez días a la Cámara de Cuentas para que remita “todos los informes de fiscalización elaborados desde el año 2002”. Alaya argumenta que esta información que requiere la Guardia Civil en un oficio es “útil para la investigación y el esclarecimiento de los hechos objetos del presente procedimiento”.
En otro auto fechado el 15 de octubre, la instructora ha requerido a la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta para que también en diez días entregue una copia compulsada de “todos los expedientes de reintegro incluidos como consecuencias de las irregularidades observadas en la labor inspectora sobre los cursos de formación desarrollados”. Alaya especifica que debe entregarse dicha documentación con independencia de la “fase procedimental” en la que se encuentren dichos expedientes, además de reclamar un “informe explicativo en cada caso”, una petición que hace igualmente extensiva a las resoluciones que dicen en el futuro sobre los expedientes solicitados y los nuevos expedientes de reintegro que se abran. En este caso, la magistrada ha subrayado la utilidad de esta información para el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.
En una de estas resoluciones, que tiene fecha de ayer, la magistrada requiere a la Junta de Andalucía para que “de manera inmediata” entregue a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los expedientes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que se encuentren ubicados en el centro Guadalquivir y que en caso de que esté en cualquier otro sitio, se entregue igualmente de manera “inmediata y personal” a los agentes del instituto armado.
En otro auto, del pasado 17 de octubre, Alaya requiere a la Intervención General de la Junta para que en un plazo de diez días remita “todas las comunicaciones emitidas” por este organismo fiscalizados en materia de subvenciones destinadas a la ejecución de acciones formativas “en las que se haya incluido alguna propuesta de reintegro, ya sea total o parcial” y además hace extensivo el requerimiento a las resoluciones que “recaigan en el futuro sobre los expedientes requeridos y a los nuevos expedientes de reintegro que se incoen”.
En esta resolución, la instructora también da diez días a la Cámara de Cuentas para que remita “todos los informes de fiscalización elaborados desde el año 2002”. Alaya argumenta que esta información que requiere la Guardia Civil en un oficio es “útil para la investigación y el esclarecimiento de los hechos objetos del presente procedimiento”.
En otro auto fechado el 15 de octubre, la instructora ha requerido a la Dirección General de Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta para que también en diez días entregue una copia compulsada de “todos los expedientes de reintegro incluidos como consecuencias de las irregularidades observadas en la labor inspectora sobre los cursos de formación desarrollados”. Alaya especifica que debe entregarse dicha documentación con independencia de la “fase procedimental” en la que se encuentren dichos expedientes, además de reclamar un “informe explicativo en cada caso”, una petición que hace igualmente extensiva a las resoluciones que dicen en el futuro sobre los expedientes solicitados y los nuevos expedientes de reintegro que se abran. En este caso, la magistrada ha subrayado la utilidad de esta información para el desarrollo de la investigación y el esclarecimiento de los hechos.
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