Ambos, muy amigos del gobierno de la Junta de Andalucía.
El juez de Sevilla que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas ha imputado en la causa a los dos últimos ex secretarios generales del sindicato, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha atendido la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar a ambos el próximo mes de noviembre.
En un escrito elevado con fecha 6 de octubre, el Ministerio Público pedía a este magistrado que cite a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación “directa” en las actividades investigadas.
La Fiscalía Anticorrupción pedía en ese escrito al juez Juan Jesús García Vélez que citara a declarar como imputados a ambos exaltos cargos del sindicato dada su participación “directa” en las actividades investigadas. En primer lugar, la Fiscalía puso de manifiesto en su escrito que tanto Pastrana como Fernández Sevilla “fueron titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato“, precisando que el primero de ellos “fue secretario general durante todo el desarrollo de los hechos investigados y hasta mayo de 2013″.
De su lado, Fernández Sevilla “fue secretario de Organización durante el mismo periodo y luego secretario general, y según declaraciones de todos los testigos, pertenece al núcleo de decisión” junto con Manuel Pastrana y el exvicesecretario general de Administración y Recursos Humanos de UGT-A Federico Fresneda.
A continuación, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, hacía un resumen de los hechos investigados, indicando que, “en esencia, el objeto del presente procedimiento es la financiación irregular del sindicato UGT Andalucía a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación”. Según ponía de manifiesto, los hechos investigados “comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada central de compras, cuestión que se deduce no solo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados”, y explicaba que esta central de compras “fue inspiración directa de Manuel Pastrana, según lo manifestado por Fresneda, y continuó en la implantación de la misma Francisco Fernández, no solo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana”.
UN RAPEL BAJO SOSPECHA
El Ministerio Público señalaba que “esta financiación ilícita” se llevaba a cabo por medio de varias “vías”, la primera de ellas el denominado ‘rapel’, una “figura a tenor de la cual se repercutía un porcentaje en las compras que hacía el sindicato a un proveedor, soportado por este y posteriormente ingresado en la cuenta señalada por el sindicato”.
“Luego ante la Administración, el sindicato presentaba la factura sin incluir ese descuento, lucrándose así en el exceso y falseando las justificaciones que presentaban a la Administración”, asevera el fiscal, precisando que “los importes totales obtenidos por el sindicato a través de este ‘rapel’ se repartían entre la propia estructura regional y las uniones provinciales”, y “el lugar en que se hacía era la comisión ejecutiva”.
Otra “vía” era el denominado ‘bote’, a través del cual el sindicato “encargaba la elaboración de facturas simuladas, que sin responder a realidad o negocio jurídico alguno, pasaba a formar parte de una cuenta acreedora de UGT con terceros, y siempre previo pago de esas facturas”, lo cual “hacía que el sindicato sostuviera actividades al margen de la subvencionada con cargo a ese ‘bote’”.
“Así y de esa manera, la actividad ordinaria de la entidad se sufragaba con fondos que realmente eran procedentes de subvenciones destinadas a fondos de formación“, pone de manifiesto la Fiscalía en su escrito.
El Ministerio Público destacaba que en la rendición de cuentas que Fresneda presentaba periódicamente ante la comisión ejecutiva “se incluía el monto obtenido por el ‘rapel’, se informaba sobre el mismo y al mismo tiempo se decidía sobre la propuesta de reparto por la comisión”, tal y como afirmó Roberto Macías, secretario de Fresneda en Administración y posteriormente en el departamento de compras.
16 IMPUTADOS
En esta causa hay 16 imputados y todos ellos quedaron en libertad con cargos por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública en su modalidad de fraude en subvenciones tras ser detenidos por la Guardia Civil en la segunda fase de la operación ‘Cirene’ desarrollada en junio pasado.
Entre los imputados figuran el propio Fresneda; Dolores Sánchez, como responsable de compras de UGT-A, y María Charpín, que ocupó el puesto de secretaria de Gestión Económica.
andalucesdiario
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