La instructora considera que los anuncios de las entidades Faisem y CCOO de demandar al denunciante pueden constituir un delito de obstrucción a la Justicia que "no va a consentir".
Jorge Muñoz, sevilla | Actualizado 23.10.2014 - 09:06
Teodoro Montes, en las inmediaciones de los juzgados del Prado. / Juan Carlos Muñoz
Una defensa a ultranza del testigo clave y un claro aviso a navegantes. La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los cursos de formación, elevó ayer el tono de la instrucción judicial al realizar una severa advertencia a las Fundación Pública Andaluza Para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y al sindicato CCOO, a los que en una decisión insólita ha avisado de que si se querellan contra el funcionario Teodoro Montes podrían incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia que ella misma se encargaría de denunciar.
Durante una nueva comparecencia en el jugado del jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes, Alaya afirmó que no va "a consentir" ningún tipo de presiones o coacciones al jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes. La juez considera que las querellas anunciadas podrían constituir incluso un delito contra la Administración de Justicia por parte de estas entidades.
La Fiscalía Anticorrupción mostró su "conformidad" con el acuerdo de la instructora e incluso pidió que se adopten las medidas legales para declarar "testigo protegido" a Teodoro Montes, quien en los últimos días ha denunciado ante la juez graves y numerosas irregularidades en las actividades formativas financiadas con fondos públicos pero que no ha aportado pruebas. El acuerdo de la juez y la Fiscalía se produjo cuando el denunciante volvió a última hora de la mañana de ayer al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con la finalidad de proceder a la firma de las actas definitivas de sus declaración, que se ha prolongado durante 31 horas y media a lo largo de siete interminables jornadas.
Cuando la instructora le preguntó si tenía algo más que añadir, Teodoro Montes pidió que se incorpore a la causa para su investigación el expediente de un curso del laboratorio Torrecilla Fuentes al que accedió su hija Jara, después de que se haya difundido que la joven recibió la formación a pesar de que podría no reunir los requisitos.
Al término de la comparecencia, la magistrada anunció sobre las querellas de Faisem y CCOO que "no va a consentir ningún tipo de presión o coacción" hacia el funcionario y advirtió que esa querellas "pueden constituir delitos contra la Administración de Justicia", según dijeron fuentes del caso, que añadieron que la juez afirmó que si el juzgado tiene conocimiento de las demandas "deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias", es decir, que abrirá una investigación por ese delito.
La Fiscalía Anticorrupción no sólo mostró su "conformidad" con las aseveraciones de la juez, sino que solicitó que se lleve a cabo el acuerdo de la instructora y que además se pongan en marcha las medidas que prevé la ley de Protección de Testigos y Peritos, "con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento".
De otro lado, el testigo volvió a pronunciarse sobre las ayudas concedidas a la empresa Prescal del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y afirmó que en 2007 o a principios de 2008 esta entidad empezó a tener algún curso, pasando "de la nada a todo".
El denunciante ha opinado que existe un "mapa político" con respecto a la asignación de cursos a los entes locales, destacando asimismo la "pésima programación" de los cursos, en los que además se hacían por la tardes "sin necesidad". Teodoro Montes añadió que aparecieron una "infinidad de fundaciones" y se da un trato singular a algunas entidades.
Durante una nueva comparecencia en el jugado del jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes, Alaya afirmó que no va "a consentir" ningún tipo de presiones o coacciones al jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes. La juez considera que las querellas anunciadas podrían constituir incluso un delito contra la Administración de Justicia por parte de estas entidades.
La Fiscalía Anticorrupción mostró su "conformidad" con el acuerdo de la instructora e incluso pidió que se adopten las medidas legales para declarar "testigo protegido" a Teodoro Montes, quien en los últimos días ha denunciado ante la juez graves y numerosas irregularidades en las actividades formativas financiadas con fondos públicos pero que no ha aportado pruebas. El acuerdo de la juez y la Fiscalía se produjo cuando el denunciante volvió a última hora de la mañana de ayer al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con la finalidad de proceder a la firma de las actas definitivas de sus declaración, que se ha prolongado durante 31 horas y media a lo largo de siete interminables jornadas.
Cuando la instructora le preguntó si tenía algo más que añadir, Teodoro Montes pidió que se incorpore a la causa para su investigación el expediente de un curso del laboratorio Torrecilla Fuentes al que accedió su hija Jara, después de que se haya difundido que la joven recibió la formación a pesar de que podría no reunir los requisitos.
Al término de la comparecencia, la magistrada anunció sobre las querellas de Faisem y CCOO que "no va a consentir ningún tipo de presión o coacción" hacia el funcionario y advirtió que esa querellas "pueden constituir delitos contra la Administración de Justicia", según dijeron fuentes del caso, que añadieron que la juez afirmó que si el juzgado tiene conocimiento de las demandas "deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias", es decir, que abrirá una investigación por ese delito.
La Fiscalía Anticorrupción no sólo mostró su "conformidad" con las aseveraciones de la juez, sino que solicitó que se lleve a cabo el acuerdo de la instructora y que además se pongan en marcha las medidas que prevé la ley de Protección de Testigos y Peritos, "con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento".
De otro lado, el testigo volvió a pronunciarse sobre las ayudas concedidas a la empresa Prescal del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y afirmó que en 2007 o a principios de 2008 esta entidad empezó a tener algún curso, pasando "de la nada a todo".
El denunciante ha opinado que existe un "mapa político" con respecto a la asignación de cursos a los entes locales, destacando asimismo la "pésima programación" de los cursos, en los que además se hacían por la tardes "sin necesidad". Teodoro Montes añadió que aparecieron una "infinidad de fundaciones" y se da un trato singular a algunas entidades.
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