Imagen de archivo de uno de los cursos de formación a los exDelphi.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha solicitado la Junta de Andalucía que aporte todos los expedientes de las ayudas sociolaborales que se hayan tramitado entre los años 2010 y 2012 por las consejerías de Economía y Empleo y de Hacienda y Administración Pública para los ex trabajadores de Delphi.
En un nuevo auto, la juez acepta la petición realizada en noviembre de 2013 por la acusación particular que representa el PP y reclama en concreto todos los expedientes de ayudas sociolaborales -dictados al amparo de la orden de 1 de abril de 2011 o no- que se hayan tramitado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en los años 2010, 2011 y 2012 con cargo al programa presupuestario, especialmente el 72C que, según explica la instructora, ha sido utilizado en el caso de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España que se acogieron a un proyecto personal de inserción laboral. De la misma forma, Alaya ha pedido todos los expedientes de pago de ayudas sociolaborales que se hayan tramitado en el mismo periodo por la Consejería de Hacienda y Administración Pública con cargo presupuestario al programa 31L, "o a cualquier otro programa presupuestario, especialmente el 72C" que se aplicó en Delphi.
En el auto, la juez accede igualmente a la petición de la defensa del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín para que se requiera a la Junta si existen dos correos electrónicos enviados por el responsable de esta mediadora de las pólizas al entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá en los que el primero "hacía ver e insistía en la necesidad de invitar a más mediadoras, propiciando con ello una real y mayor competitividad y con el objetivo de abaratar las pólizas".
La instructora también ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que requiera a Vitalia una relación de los pagos que en concepto de "nóminas, fijos variables o de otra naturaleza" se hayan efectuado al matrimonio compuesto por Antonio Albarracín y María José Marcos Ferriza y a la sociedad de ambos Permar.
Este nuevo paso judicial se produce en un momento en el que los antiguos trabajadores de la multinacional que cerró en Puerto Real continúa con su lucha para lograr que se cumplan los acuerdos firmados con la Junta de Andalucía en 2007. Fruto de aquella decisión llegaron los cursos de formación que ahora se investigan.
De hecho, este colectivo también se ha visto salpicado por una parte de esos cursos vinculados al que fuera consejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda, quien fue detenido y puesto en libertad con cargos.
Acerca de las sospechas judiciales que rodean a todo el periodo formativo, los portavoces de los extrabajadores siempre han querido dejar claro que no tuvieron nada que ver ni con la elección de quienes impartían esa formación ni en su desarrollo.
Simplemente, como han recordado, se mantienen en su lucha por lograr una recolocación que la Administración autonómica firmó con ellos en 2007 y que "de forma unilateral -han reiterado los sindicatos- rompió la Junta en el año 2012".
Asimismo, el colectivo mantiene otro frente abierto, el de las antiguas instalaciones, que consideran fundamental para lograr atraer a alguna nueva empresa que dé trabajo "no solo a nosotros, sino a muchos más parados de la Bahía de Cádiz". Ahora mismo, la Administración concursal esperan la orden del Juzgado Mercantil de Cádiz para proceder a la demolición del terreno, algo a lo que los extrabajadores también han anunciado su oposición.
Para reclamar todos estos asuntos, han convocado una protesta el próximo día 15 frente al PSOE de Sevilla, y otra el día 21 en la propia fábrica.
En un nuevo auto, la juez acepta la petición realizada en noviembre de 2013 por la acusación particular que representa el PP y reclama en concreto todos los expedientes de ayudas sociolaborales -dictados al amparo de la orden de 1 de abril de 2011 o no- que se hayan tramitado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en los años 2010, 2011 y 2012 con cargo al programa presupuestario, especialmente el 72C que, según explica la instructora, ha sido utilizado en el caso de los ex trabajadores de Delphi Automotive System España que se acogieron a un proyecto personal de inserción laboral. De la misma forma, Alaya ha pedido todos los expedientes de pago de ayudas sociolaborales que se hayan tramitado en el mismo periodo por la Consejería de Hacienda y Administración Pública con cargo presupuestario al programa 31L, "o a cualquier otro programa presupuestario, especialmente el 72C" que se aplicó en Delphi.
En el auto, la juez accede igualmente a la petición de la defensa del ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín para que se requiera a la Junta si existen dos correos electrónicos enviados por el responsable de esta mediadora de las pólizas al entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá en los que el primero "hacía ver e insistía en la necesidad de invitar a más mediadoras, propiciando con ello una real y mayor competitividad y con el objetivo de abaratar las pólizas".
La instructora también ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que requiera a Vitalia una relación de los pagos que en concepto de "nóminas, fijos variables o de otra naturaleza" se hayan efectuado al matrimonio compuesto por Antonio Albarracín y María José Marcos Ferriza y a la sociedad de ambos Permar.
Este nuevo paso judicial se produce en un momento en el que los antiguos trabajadores de la multinacional que cerró en Puerto Real continúa con su lucha para lograr que se cumplan los acuerdos firmados con la Junta de Andalucía en 2007. Fruto de aquella decisión llegaron los cursos de formación que ahora se investigan.
De hecho, este colectivo también se ha visto salpicado por una parte de esos cursos vinculados al que fuera consejero de Hacienda de la Junta, Ángel Ojeda, quien fue detenido y puesto en libertad con cargos.
Acerca de las sospechas judiciales que rodean a todo el periodo formativo, los portavoces de los extrabajadores siempre han querido dejar claro que no tuvieron nada que ver ni con la elección de quienes impartían esa formación ni en su desarrollo.
Simplemente, como han recordado, se mantienen en su lucha por lograr una recolocación que la Administración autonómica firmó con ellos en 2007 y que "de forma unilateral -han reiterado los sindicatos- rompió la Junta en el año 2012".
Asimismo, el colectivo mantiene otro frente abierto, el de las antiguas instalaciones, que consideran fundamental para lograr atraer a alguna nueva empresa que dé trabajo "no solo a nosotros, sino a muchos más parados de la Bahía de Cádiz". Ahora mismo, la Administración concursal esperan la orden del Juzgado Mercantil de Cádiz para proceder a la demolición del terreno, algo a lo que los extrabajadores también han anunciado su oposición.
Para reclamar todos estos asuntos, han convocado una protesta el próximo día 15 frente al PSOE de Sevilla, y otra el día 21 en la propia fábrica.
