Las aguas bajan revueltas y turbias en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es época de tormentas. Todo gira alrededor de una ineficiente y caprichosa voluntad todopoderosa y arbitraria.
Desde el nacimiento del río Guadalquivir en Jaén hasta su desembocadura en Cádiz el Guadalquivir es algo más que un río. Un río con “cara” y “cruz”.
Con estupor observamos cómo responsables políticos incumplen, sin ningún pudor, normas de rango superior, cómo critican decisiones de los tribunales cuando consideran que lesionan sus intereses o su ego, cómo los que deberían ser los máximos defensores del entramando institucional se dedican a minarlo. Así las cosas, ¿qué podemos esperar?.
Lo anterior trae causa, inequívocamente, a los Reales Decretos de Transferencia y Devolución del Guadalquivir emanados del Poder Ejecutivo (Consejo de Ministros) y no del Poder Legislativo (Congreso de los Diputados).
Lo anterior trae causa, inequívocamente, a los Reales Decretos de Transferencia y Devolución del Guadalquivir emanados del Poder Ejecutivo (Consejo de Ministros) y no del Poder Legislativo (Congreso de los Diputados).
Los empleados públicos del Guadalquivir nos acostamos con una decisión del Ejecutivo y nos levantamos con otra distinta sobre el mismo asunto. No sabemos a qué atenernos. Un día se nos obliga mediante Real Decreto a marchar a otra administración pública distinta de la del Estado, generándose con ello unos derechos económicos y profesionales y, al día siguiente se anula lo anterior porque por un “error” se procedió indebidamente.
De la noche a la mañana no sólo se perdieron esos derechos generados, sino unos derechos comunes al resto de empleados públicos de ambas administraciones que estos últimos núnca perdieron.
Estigmatizados, marcados con un hierro candente, y esta vez por decisión del Poder Legislativo, el 31 de diciembre de 2012 tenemos unas garantías y el 1 de enero de 2013 no hay garantía que valga porque “ha cambiado la normativa”.
El tan pregonado principio de seguridad jurídica para los empleados públicos del Guadalquivir es vulnerado reiteradamente pues resulta que este principio está íntimamente ligado a la justicia. Justicia que se ha visto alterada, modificada y violentada con respecto al resto de empleados públicos de todas las administraciones públicas. De todo esto se deduce que los empleados públicos del Guadalquivir afectados por estas decisiones "indebidas" formamos parte de esa minoría que siempre recibe un trato diferente, discriminatorio, por parte de otro individuo o colectivo con mayor poder.
Hoy por hoy, vulnerados los derechos de los afectados por esta "tramitación un tanto gris", el Estado como garante de la protección necesaria y reparación de las infracciones cometidas por su mala administración debe ser responsable de arbitrar los instrumentos jurídicos necesarios para el restablecimiento de los derechos perturbados.
Pero además, así las cosas, ¿qué podemos esperar?, lo anterior lleva a otras causas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que están siendo objeto de investigación, de inspección, de preguntas ante el Senado y de preguntas ante el Congreso de los Diputados, a raíz de determinadas denuncias de las que se hace eco “El Confidencial” en relación con: presuntas irregularidades en las adjudicaciones realizadas, irregularidades en alguna que otra obra de emergencia como la limpieza y adecuación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, anormalidad en la externalización de tareas como la vigilancia de la seguridad de las presas y otras funciones de Comisaría de Aguas y de Secretaría General que requieren potestades públicas. Asuntos, parece ser, sobre los que "está actuando el Gobierno con todo rigor", y a cuyas conclusiones habrá que esperar pues el procedimiento sigue abierto.
Como colofón, el negocio de unos pocos con este servicio público (que es de todos) ha quebrado las leyes fabricadas al servicio de los intereses privados, políticos y personales. Así las cosas, ¿qué podemos esperar?.
Hoy por hoy, vulnerados los derechos de los afectados por esta "tramitación un tanto gris", el Estado como garante de la protección necesaria y reparación de las infracciones cometidas por su mala administración debe ser responsable de arbitrar los instrumentos jurídicos necesarios para el restablecimiento de los derechos perturbados.
Pero además, así las cosas, ¿qué podemos esperar?, lo anterior lleva a otras causas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que están siendo objeto de investigación, de inspección, de preguntas ante el Senado y de preguntas ante el Congreso de los Diputados, a raíz de determinadas denuncias de las que se hace eco “El Confidencial” en relación con: presuntas irregularidades en las adjudicaciones realizadas, irregularidades en alguna que otra obra de emergencia como la limpieza y adecuación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, anormalidad en la externalización de tareas como la vigilancia de la seguridad de las presas y otras funciones de Comisaría de Aguas y de Secretaría General que requieren potestades públicas. Asuntos, parece ser, sobre los que "está actuando el Gobierno con todo rigor", y a cuyas conclusiones habrá que esperar pues el procedimiento sigue abierto.
Como colofón, el negocio de unos pocos con este servicio público (que es de todos) ha quebrado las leyes fabricadas al servicio de los intereses privados, políticos y personales. Así las cosas, ¿qué podemos esperar?.
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