En la comparecencia en el Senado de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para contestar a la pregunta oral del Grupo Socialista sobre la situación del “Guadalquivir”, la Sra. Ministra expuso que "cuando la Junta de Andalucía devolvió las competencias al Estado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir requería una urgente normalización, entre ellas había que normalizar la situación de 621 empleados públicos, cuyas condiciones vulneraban el principio de igualdad con respecto a otras confederaciones, ya que la Junta de Andalucía otorgó complementos retributivos distintos a los del resto de la Confederaciones".
Aunque ya ha sido difundida la actuación llevada a cabo por el Comité de Empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba sobre la reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, nos vemos en la necesidad de replica ante la pregunta y respuesta en el Senado al mencionarse la vulneración del “principio de igualdad”.
El Comité de Empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba ha presentado ante el DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO una RECLAMACIÓN al entender que, la Institución en la que desarrollan sus funciones los empleados públicos del Organismo ha obrado de manera irregular llevando a cabo prácticas discriminatorias y de desigualdad.
La reclamación refiere que, el personal transferido en virtud del Real Decreto de Transferencia del Guadalquivir efectivo desde el 1 de enero de 2009, es discriminado, arrebatando y negando su derecho a poder participar en el programa de Acción Social de la Administración General del Estado de España, así como en el Fondo de Acción Social de la Administración de la Junta de Andalucía, vulnerándose los principios de igualdad, globalidad y universalidad,en este caso, las ayudas sociales y las percepciones por trabajos extraordinarios a las que, en justicia, tiene derecho, como el resto de empleados públicos de España y de la Unión Europea.
Las Ayudas Sociales ofertadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Ayudas Sociales ofertadas por la Administración de la Junta de Andalucía, fueron denegadas en base a que durante el período de cobertura no se había prestado servicio en ninguna de esas dos Administraciones.
Igualmente, tras la reversión al Estado de las competencias del Guadalquivir el 22 de octubre de 2011, las ayudas sociales vuelven a ser denegadas por el mismo motivo.
Ni una ni otra administración permitió que los empleados públicos afectados por el proceso de transferencia y reversión de competencias del Guadalquivir pudiesen solicitar dichas Ayudas como el resto de empleados públicos de las Confederaciones o de la Junta de Andalucía.
Asimismo, se hace constar en el escrito de reclamación que, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no abonó a los funcionarios que realizaron los trabajos encomendados en el último trimestre del año 2008 las percepciones que debieron de percibir por esas labores extraordinarias realizadas y corroboradas por la Superioridad durante ese periodo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tampoco admitió las reclamaciones, ni instó a la Confederación a su abono.
Ni las distintas Instituciones reconocen la pérdida de derechos y la discriminación cometida hacia los empleados públicos afectados, ni la Fiscalía investiga más sobre los hechos, archivando el procedimiento y aconsejando a los demandantes que pueden optar por hacer reclamaciones individualmente.
El presidente del comité de empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdoba recogió personalmente copia del expediente existente en la Fiscalía de Granada el día 7 de octubre del presente, para iniciar el procedimiento de reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, a la vista que acudir ante cualquier Tribunal de Justicia, ya sea en España o en la Unión Europea, supone, nuevamente, contratar los servicios de procurador y abogado repercutiendo en un coste que los afectados, dadas las circunstancias, no pueden asumir.
Todo lo expuesto en la demanda al Defensor del Pueblo Europeo deja constancia del daño causado, en muchos casos psicológicamente irreparable, porque NO SE HA RESPETADO EL DERECHO A UN TRATO DIGNO NI EL DERECHO A LA IGUALDAD, siendo discriminados los afectados con respecto al resto de empleados públicos de España y de la Unión Europea, y porque la realidad ante las afirmaciones de ambas administraciones da lugar a que se desconozca en que Institución prestaron sus servicios desde el 1 de enero de 2009 al 22 de octubre de 2011.
El comité de empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Córdobasolicita la investigación ante la omisión de unos actos obligatorios en los que el Gobierno de España en el caso de la transferencia y reversión de las competencias del Guadalquivir obró de manera irregular y, ante la pasividad y omisión de ayuda por parte de las Organizaciones Sindicales y Sindicatos más representativos del Estado Español.
El comité de Córdoba solicita el auxilio del Defensor Europeo, sin interés personal alguno, como ciudadanos de la Unión Europea en salvaguarda de los derechos establecidos por el Sistema Universal: Derecho a la igualdad, Derechos frente a las Administraciones, Derechos en relación a la Administración de Justicia, Derechos económicos, sociales y culturales, Derechos laborales, Derecho A LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL, Derecho a unas condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, Derecho a una remuneración equitativa, Derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo y porque, en definitiva, se trata de una malversación de unos fondos públicos en la que no sólo las ayudas y subsidios han sido denegados una y otra vez sino también otros pagos contractuales, cuando dichos pagos ya estaban aprobados.
Es evidente, aunque no se quiera admitir, que "normalizar la situación de 621 empleados públicos, cuyas condiciones vulneraban el principio de igualdad con respecto a otras confederaciones ya que la Junta de Andalucía otorgó complementos retributivos distintos a los del resto de la Confederaciones", es evadir el problema real de desigualdad y discriminación cometido y que sufren, tanto ahora como entonces, los afectados a los que se les negaron unos derechos de los que participaron los empleados públicos del resto de Confederaciones Hidrográficas y del resto de administraciones públicas en España.
El Defensor del Pueblo Europeo puede determinar que existe mala administración cuando una institución no respete los derechos fundamentales, las normas o principios jurídicos, o los principios de una buena administración, incluidas las irregularidades administrativas, el trato injusto y la discriminación, esperamos que la reclamación sea tramitada, admitida y que se encuentre una solución que corrija el problema de manera satisfactoria para los demandantes.
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