No hay mejor sistema de control que el de la transparencia de la actuación de las administraciones públicas, de manera que ésta pueda ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos.
La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
Es decir, esta norma obliga a los políticos (y gestores públicos) a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información al respecto.
La ley establece cerca de cuarenta infracciones, la mayoría muy graves, en materia de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias. El régimen sancionador se divide en tres ámbitos: "infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario".
Los ministros o secretarios de Estado que vulneren el Código de Buen Gobierno serán sancionados por el Consejo de Ministros. Los demás altos cargos de la administración estatal serán sancionados por el Ministerio de Hacienda. En el caso de infracciones graves, podrá haber un cese en el cargo político así como una inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años.
La titularidad del derecho de acceso a la información pública "se reconoce a todas las personas". Los ciudadanos podrán dirigir una solicitud de información adicional al titular del órgano administrativo que posea la información, sin necesidad de motivarla. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que solicita y de una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
La Ley no permite que se pueda solicitar información de manera anónima.
El Código Ético de la Función Pública del que hemos hablado en innumerables ocasiones establece que los empleados públicos:
- Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
- Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.
El poner en conocimiento de los órganos de Inspección presuntas infracciones del ordenamiento jurídico y por una mala administración no protege al denunciante, lo vemos cada día. Lo sentimos en “nuestras carnes” cada día.
, Abogado del Estado, nos cuenta como es necesaria en España una ley que proteja a quienes, en la tesitura de cumplir con el código ético no lo hacen “a pecho descubierto” por el acoso laboral (seguridad y salud) que ello supone, y proceden a denunciar hechos demostrados tras el anonimato, y que incluso bajo el anonimato son perseguidos sin rubor por aquellos que hacen de la transparencia y buen gobierno todo lo contrario.
En otros países democráticamente más avanzados y con menores índices de corrupción no solo existe una normativa para proteger a los denunciantes de la corrupción, sino que incluso hay sanciones para los que simplemente intentan averiguar quien ha filtrado o denunciado un caso de corrupción.
En Suecia es delito tratar de averiguar la persona que ha filtrado una noticia. En España es exactamente al revés, los que sufren persecución y acoso son los denunciantes. En definitiva, cada vez que salta un nuevo escándalo de corrupción se busca al “topo” desesperadamente.
Atribuyen a Camilo José Cela la explicación definitiva de la diferencia entre un gerundio y un participio. "No es lo mismo estar dormido que durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que jodiendo".
La dicotomía es aparentemente irresoluble. De un lado están los gobernados, en su participio; de otro, los que están gobernando, sacando pecho de su gerundio y de esas medidas duras y difíciles que nunca les afectan a ellos. Están a punto de que les mandemos a freír espárragos, que es infinitivo pero que debiera ser imperativo.
La gravedad de esta situación es evidente. No solo están desactivadas en su mayor parte las alarmas internas del control sino que si algún empleado público honesto se atreve a dar la voz de alarma –ya sea utilizando los medios de comunicación, redes sociales o los recursos disponibles en el ordenamiento jurídico- sobre la existencia de una trama o de un caso de corrupción es perseguido con saña precisamente por aquellos que supuestamente deberían velar porque estos casos de corrupción no sucedan.
Resulta bastante curioso que el alto cargo o gestor público de turno tenga mucho más interés en que no trasciendan los casos de corrupción que en investigarlos, denunciarlos a la Fiscalía o a los Tribunales y exigir las correspondientes responsabilidades.
Las causas de estas conductas resultan difíciles de comprender salvo que los “perseguidores” tengan algún tipo de responsabilidad política o jurídica directa por acción o por omisión en el caso denunciado o que, en el mejor de los casos, sean defensores de una supuesta “razón de Estado” que llevaría a evitar, no ya que los trapos sucios se laven fuera de casa, sino que se laven, a secas.
La excusa, como no, es el énfasis que se pone en España en la protección del honor y la privacidad y por supuesto el uso –y el abuso- de la normativa de protección de datos, refugio ideal para todo el que prefiere no dar a conocer su nómina, sus gratificaciones, productividades o donde viaja con el dinero de los contribuyentes. La normativa de protección de datos de carácter personal no está pensada para la protección de las cloacas.
Pero lo más preocupante es que la reacción sea abrir un expediente informativo para localizar al denunciante, con la colaboración de los funcionarios del organismo en cuestión -suponemos que deseosos de evitar ser confundidos con el topo-. El mundo al revés. Paradoja del Buen Gobierno en el Guadalquivir.
No nos engañemos, mientras los empleados públicos honestos y neutrales no tengan libertad para decir la verdad, no avanzaremos mucho en la lucha contra la corrupción, dado que ellos saben mejor que nadie lo que ocurre en sus lugares de trabajo. Así lo entienden también los informes de la Unión Europea que han estudiado la corrupción en España y que insisten en introducir la protección del whistleblower-denunciante anónimo.
¿Cuánto tiempo?, ¿cuánto sabes?, ¿cuánto tienes?, ¿cuánto vales?...
Nadie, ¿qué sabe nadie?...Si nadie sabe de qué hablo: Detrás de un número de puesto de trabajo existe una persona que intenta frenar injerencias y abusos políticos, víctima de la deshonestidad de los "otros".
Nadie, ¿qué sabe nadie?...Si nadie sabe de qué hablo: Detrás de un número de puesto de trabajo existe una persona que intenta frenar injerencias y abusos políticos, víctima de la deshonestidad de los "otros".
Si no se pone remedio a estas situaciones de desamparo, parafraseando a Cela, con tantos usando gerundios (jodiendo), vamos a acabar todos sumidos en el participio (bien jodidos).
http://plataformaaguapublica.blogspot.com.es/2014/10/el-buen-gobierno-en-el-guadalquivir-la.html
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