Asegura que en una ocasión anuló un curso a discapacitados porque se daba en un lugar cerrado, en pleno verano, sin aire acondicionado y tras haberse facilitado "tranquilizantes" a los alumnos.
jorge muñoz, sevilla | Actualizado 14.10.2014 - 17:57
Teodoro Montes sale de los juzgados. / Juan Carlos Muñoz
El jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes Pérez, ha revelado este martes a la juez Mercedes Alaya que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos percibían comisiones de hasta el 20% del importe de los cursos por la subcontratación de las actividades formativas con otras empresas.
Teodoro Montes, que ha vuelto a responder durante casi cinco horas –el pasado jueves estuvo prácticamente el mismo tiempo- a las pregunta de la magistrada, ha explicado a este respecto que hay empresas que subcontrataron los cursos que le han comentado que la CEA y las organizaciones sindicales les “obligaban” a pagar esas comisiones que, por lo general, ascendían a un 20% del importe del curso pero que en otras ocasiones eran inferiores.
Según han indicado fuentes del caso, esas comisiones, tal y como las describe el testigo –que las denomina comisión por “transferencia” del curso- serían ilegales y no tendrían nada que ver con el porcentaje que estipula el reglamento para la concesión de las ayudas a los cursos, según el cual las empresas que subcontratan podían repercutir hasta un 20% en concepto de “gastos indirectos” asociados a la actividad formativa, pero en este caso se trataría de una comisión solicitada con carácter previo a la subcontratación.
La juez Alaya continuará mañana tomando declaración al funcionario y lo hará precisamente preguntándole por las subcontrataciones y las comisiones, han añadido las mismas fuentes.
En su comparecencia, el funcionario también se ha referido a determinadas conductas presuntamente delictivas de algunas de las organizaciones que habrían dado cursos de formación para personas discapacitadas. Según el testigo, en una ocasión llegó a anular un curso después de que en una visita confirmara que el curso para estas personas discapacitadas se estaba impartiendo a finales de julio, a las cuatro de la tarde, en un lugar cerrado, sin aire acondicionado y con unas cristaleras por las que entraba el sol, lo que hacía que hubiese una temperatura de hasta “60 grados”, ha llegado a afirmar. Pero lo más grave de esta situación es que, según el denunciante, los alumnos habrían recibido incluso algún tipo de tranquilizante para relajarlos, para evitar las posibles quejas de estas personas, por lo que cuando llevó a cabo la inspección algunos de los discapacitados estaban dormidos. El jefe del departamento aseguró que, tras visitar este curso y comprobar la situación en la que se daba el curso, decidió anularlo, aunque algunas fuentes han destacado que a pesar de la situación dramática que ha descrito el testigo no denunció los hechos ante la Justicia.
En otros casos, el funcionario ha denunciado que los alumnos de los cursos eran utilizados como mano de obra gratuita y ha señalado que en relación con un curso de limpieza los alumnos eran llevados a limpiar instalaciones.
Teodoro Montes ha subrayado que sólo en Sevilla se podían dar en un año entre 3.000 y 3.500 cursos de formación a desempleados, unas actividades que, en su opinión, eran en muchos casos “inútiles” porque “no servían para nada”.
En general, el denunciante ha insistido su queja general sobre el mal funcionamiento de la Administración, la falta de medios y las carencias normativas. En un momento del interrogatorio, Teodoro Montes puso de manifiesto a la juez que se sentía incómodo y molesto por el hecho de que se hayan publicado párrafos literales de su declaración, algo que según el testigo sólo podía obedecer a que los letrados presentes en la declaración la hubiesen grabado. La juez Alaya rechazó que la difusión de sus manifestaciones se debiera a ese motivo y explicó al testigo que los letrados tenían “libertad” para manifestar lo que le conviniese a su defensa, para hacer manifestaciones, algo que sucede en todas las investigaciones judiciales, según la respuesta dada por la magistrada y que han explicado las fuentes consultadas.
Teodoro Montes, que ha vuelto a responder durante casi cinco horas –el pasado jueves estuvo prácticamente el mismo tiempo- a las pregunta de la magistrada, ha explicado a este respecto que hay empresas que subcontrataron los cursos que le han comentado que la CEA y las organizaciones sindicales les “obligaban” a pagar esas comisiones que, por lo general, ascendían a un 20% del importe del curso pero que en otras ocasiones eran inferiores.
Según han indicado fuentes del caso, esas comisiones, tal y como las describe el testigo –que las denomina comisión por “transferencia” del curso- serían ilegales y no tendrían nada que ver con el porcentaje que estipula el reglamento para la concesión de las ayudas a los cursos, según el cual las empresas que subcontratan podían repercutir hasta un 20% en concepto de “gastos indirectos” asociados a la actividad formativa, pero en este caso se trataría de una comisión solicitada con carácter previo a la subcontratación.
La juez Alaya continuará mañana tomando declaración al funcionario y lo hará precisamente preguntándole por las subcontrataciones y las comisiones, han añadido las mismas fuentes.
En su comparecencia, el funcionario también se ha referido a determinadas conductas presuntamente delictivas de algunas de las organizaciones que habrían dado cursos de formación para personas discapacitadas. Según el testigo, en una ocasión llegó a anular un curso después de que en una visita confirmara que el curso para estas personas discapacitadas se estaba impartiendo a finales de julio, a las cuatro de la tarde, en un lugar cerrado, sin aire acondicionado y con unas cristaleras por las que entraba el sol, lo que hacía que hubiese una temperatura de hasta “60 grados”, ha llegado a afirmar. Pero lo más grave de esta situación es que, según el denunciante, los alumnos habrían recibido incluso algún tipo de tranquilizante para relajarlos, para evitar las posibles quejas de estas personas, por lo que cuando llevó a cabo la inspección algunos de los discapacitados estaban dormidos. El jefe del departamento aseguró que, tras visitar este curso y comprobar la situación en la que se daba el curso, decidió anularlo, aunque algunas fuentes han destacado que a pesar de la situación dramática que ha descrito el testigo no denunció los hechos ante la Justicia.
En otros casos, el funcionario ha denunciado que los alumnos de los cursos eran utilizados como mano de obra gratuita y ha señalado que en relación con un curso de limpieza los alumnos eran llevados a limpiar instalaciones.
Teodoro Montes ha subrayado que sólo en Sevilla se podían dar en un año entre 3.000 y 3.500 cursos de formación a desempleados, unas actividades que, en su opinión, eran en muchos casos “inútiles” porque “no servían para nada”.
En general, el denunciante ha insistido su queja general sobre el mal funcionamiento de la Administración, la falta de medios y las carencias normativas. En un momento del interrogatorio, Teodoro Montes puso de manifiesto a la juez que se sentía incómodo y molesto por el hecho de que se hayan publicado párrafos literales de su declaración, algo que según el testigo sólo podía obedecer a que los letrados presentes en la declaración la hubiesen grabado. La juez Alaya rechazó que la difusión de sus manifestaciones se debiera a ese motivo y explicó al testigo que los letrados tenían “libertad” para manifestar lo que le conviniese a su defensa, para hacer manifestaciones, algo que sucede en todas las investigaciones judiciales, según la respuesta dada por la magistrada y que han explicado las fuentes consultadas.
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