Uno de los ejercicios más estimulantes y enriquecedores que puede hacer un cargo público es el de someterse a las preguntas y cuestiones que los ciudadanos plantean, en el formato que prefiera, de manera constante. Igualmente si este cargo público además gestiona un servicio público debería actuar de igual forma ante las incertidumbres que plantean los empleados públicos, garantes de ese servicio público, los grandes olvidados y que, asimismo, son ciudadanos. La clase política debe ser más transparente y rendir cuentas de sus acciones.
El lío de Romero Ortiz con los oligopolios de la CHG- Sevilla Report, Gregorio Verdugo
Manuel Romero Ortiz, a la sazón presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), está molesto. Se queja de que han urdido contra él y su equipo directivo “una campaña difamatoria” que tiene que ver con las adjudicaciones del organismo que dirige “por el interés de unos pocos”, según informa Europa Press.
Manuel Romero Ortiz, a la sazón presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), está molesto. Se queja de que han urdido contra él y su equipo directivo “una campaña difamatoria” que tiene que ver con las adjudicaciones del organismo que dirige “por el interés de unos pocos”, según informa Europa Press.
Romero no aporta apenas datos, sólo que ha preguntado a la Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sobre la inspección que finalizo a principios de este mes y que le han informado “que no han existido irregularidades” en la adjudicación de contratos.
Lo más sorprendente de sus declaraciones es que ha afirmado que con sus actuaciones “está poniendo coto a una serie de prácticas sistemáticas que se venían produciendo en el organismo y eso parece molestar a unos pocos”.
Según el presidente, “la CHG está poniendo fin al oligopolio empresarial que existía en el organismo” y ha añadido en la actualidad “trabaja con 206 empresas, mientras que, por ejemplo, en 2008 sólo cuatro grupos empresariales acaparaban el 60% de las adjudicaciones”.
Si nos atenemos a los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estadoestaremos en condiciones de comprobar si las afirmaciones de Romero Ortiz carecen o no de fundamento. Los datos sobre adjudicaciones que en ella se ofrecen parten desde el 27 de octubre de 2008 hasta la actualidad, es decir, prácticamente las dos últimas presidencias del organismo.
En ese período, la anterior realizó adjudicaciones por un montante de más de 163 millones de euros, mientras que desde que Romero Ortiz asumió el cargo en marzo de 2012 la cantidad se eleva a más de 196 millones. Todo ello con la salvedad de que los contratos menores no se publicitan.
Durante el mandato anterior se efectuaron un total de 128 adjudicaciones a 126 empresas, recayendo el 60% de la contratación en 15 compañías. Con la presidencia actual se han realizado 291 adjudicaciones a 152 empresas y el mismo porcentaje de facturación lo acaparan 18 empresas. Es decir, que según la tesis de Romero la diferencia para que exista un oligopolio o no radica en tan sólo tres empresas.
Si nos atenemos a los procedimientos empleados en las adjudicaciones, las diferencias tampoco son tan kilométricas. Mientras que la anterior presidencia adjudicó el 33,3% de los contratos por el procedimiento abierto, el 6,9% por el negociado con publicidad y el 59,6% por el negociado sin publicidad. Romero y su equipo lo han hecho el 34, el 0,68 y el 65,2% respectivamente.
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