Entre los nuevos imputados se encuentra el presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García Gila, y dos directivos de la Caja Rural de Granada.
La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de implicados en el sumario, sin contar los nueve aforados sobre cuya imputación debe decidir el Tribunal Supremo.
Entre los nuevos imputados figuran Agustín García Gila, presidente de FCC Medio Ambiente, y Salvador Tudela Edo, director general de Recursos Humanos de Cespa. Según Alaya, ambos serían "participes en las negociaciones" que como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la Limpieza en Granada, culminaron con el Convenio Colectivo para la provincia de Granada de 6 de abril de 2006, que llevó a que el 19 de diciembre de 2006 el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello”, remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa Y FCC con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas.
La carencia de procedimiento llegaría incluso, a que parte de la prima de estas pólizas fuera abonada mediante el sistema de pagos cruzados, precisa la magistrada, que añade que con posterioridad, en el proceso de liquidación de Fortia, el Consorcio de Compensación de Seguros realizaría pagos en 2009 y 2010 a FCC por importe de 281.140 euros y a Cespa por 60.985,38 euros.
Ambos directivos, continúa Alaya, conocerían “indiciariamente la inclusión en una de las pólizas y en las ampliaciones de personas vinculadas a Guerrero, concretamente a los intrusos Rafael Ruiz García, Alejandro Millán Torres, Antonio Arquero García y Rafael Rosendo Villavieja, así como Cristóbal Martínez Victoria, y a José Antonio Gómez Romón, y que supuso un coste total de 1.462.459,61 euros.
Alaya también ha imputado a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en el año 2007, a Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y a José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada.
La sexta imputada es Rosario González Agulló, trabajadora de Vitalia a quien Jesús Bordallo remitió un correo electrónico con fecha 6 de octubre de 2008, en el cual le pone de manifiesto que en el certificado del asegurado Miguel Recio Duarte hay unas rentas "vendidas" y que no se han abonado, por lo que según las indicaciones del Consejo de Administración de Hitemasa, habría que proceder a abonar estas rentas a los cinco miembros que componían el Consejo de Administración, designándolos nominalmente y liquidar dichas rentas en dos plazos a partes iguales, por importe de 1.800 euros a cada miembro del Consejo, siendo la prima abonada con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía, 18.000 euros.
Alaya ha citado a declarar el 1 de diciembre a Agustín García Gila y a Salvador Tudela, y a José Miguel Martos y a Rosario González el día 2 de diciembre, mientras que los otros dos imputados serán citados cuando se conozca su filiación.
Entre los nuevos imputados figuran Agustín García Gila, presidente de FCC Medio Ambiente, y Salvador Tudela Edo, director general de Recursos Humanos de Cespa. Según Alaya, ambos serían "participes en las negociaciones" que como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la Limpieza en Granada, culminaron con el Convenio Colectivo para la provincia de Granada de 6 de abril de 2006, que llevó a que el 19 de diciembre de 2006 el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero Benítez, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello”, remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa Y FCC con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas.
La carencia de procedimiento llegaría incluso, a que parte de la prima de estas pólizas fuera abonada mediante el sistema de pagos cruzados, precisa la magistrada, que añade que con posterioridad, en el proceso de liquidación de Fortia, el Consorcio de Compensación de Seguros realizaría pagos en 2009 y 2010 a FCC por importe de 281.140 euros y a Cespa por 60.985,38 euros.
Ambos directivos, continúa Alaya, conocerían “indiciariamente la inclusión en una de las pólizas y en las ampliaciones de personas vinculadas a Guerrero, concretamente a los intrusos Rafael Ruiz García, Alejandro Millán Torres, Antonio Arquero García y Rafael Rosendo Villavieja, así como Cristóbal Martínez Victoria, y a José Antonio Gómez Romón, y que supuso un coste total de 1.462.459,61 euros.
Alaya también ha imputado a Dimas Rodríguez, director general de la Caja Rural de Granada en el año 2007, a Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y a José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada.
La sexta imputada es Rosario González Agulló, trabajadora de Vitalia a quien Jesús Bordallo remitió un correo electrónico con fecha 6 de octubre de 2008, en el cual le pone de manifiesto que en el certificado del asegurado Miguel Recio Duarte hay unas rentas "vendidas" y que no se han abonado, por lo que según las indicaciones del Consejo de Administración de Hitemasa, habría que proceder a abonar estas rentas a los cinco miembros que componían el Consejo de Administración, designándolos nominalmente y liquidar dichas rentas en dos plazos a partes iguales, por importe de 1.800 euros a cada miembro del Consejo, siendo la prima abonada con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía, 18.000 euros.
Alaya ha citado a declarar el 1 de diciembre a Agustín García Gila y a Salvador Tudela, y a José Miguel Martos y a Rosario González el día 2 de diciembre, mientras que los otros dos imputados serán citados cuando se conozca su filiación.
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