Considera que la Administración es la parte perjudicada y ejerce la acusación para tratar de recuperar los fondos públicos defraudados, que la juez cifra en 855 millones.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición realizada por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso de los ERE, para que se “expulse” del procedimiento a la Junta de Andalucía, según han confirmado fuentes del caso, que han destacado que la petición de apartar a la Administración autonómica no es procedente porque la Junta es la institución perjudicada por el fraude y ejerce la acusación particular para tratar de recuperar los fondos públicos defraudados, que la instructora cifra en 855 millones de euros.La juez Mercedes Alaya pidió recientemente a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición realizada el pasado 12 de julio por el sindicato Manos Limpias, que pidió la expulsión de la Junta del procedimiento ante la actitud "totalmente obstruccionista" que según el sindicato muestra la Junta en esta investigación.
Manos Limpias consideró en ese escrito que era "inaudito" que una parte que se considera perjudicada por un posible ilícito penal, "mantenga una actitud de defensa de los imputados, más propia de parte acusada" y añadía que el derecho a la tutela judicial "no es incompatible con la limitación del abuso de derecho, cuando es evidente que lo que se pretende es crear una imagen procesal que realmente no es la que corresponde con la realidad".
Manos Limpias consideró en ese escrito que era "inaudito" que una parte que se considera perjudicada por un posible ilícito penal, "mantenga una actitud de defensa de los imputados, más propia de parte acusada" y añadía que el derecho a la tutela judicial "no es incompatible con la limitación del abuso de derecho, cuando es evidente que lo que se pretende es crear una imagen procesal que realmente no es la que corresponde con la realidad".
Por ello, el sindicato pedía igualmente que, con carácter subsidiario, se transforme la condición procesal de la Junta en el sentido de que sea considerada "responsable civil subsidiaria de los delitos que hayan podido cometer los imputados" que han ostentado cargos de responsabilidad dentro de la Junta. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido ahora un escrito a la instructora, en el que se opone a la expulsión de la Junta, al considerar que ejerce la acusación como parte perjudicada por el fraude e interesada en el reintegro de las cantidades defraudadas, han precisado las mismas fuentes.
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