Alega que la Guardia Civil aún no ha remitido al juzgado documentación "de interés" para la investigación y proclama su inocencia.
Segunda imputación judicial y segunda ocasión en la que se niega a declarar. El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla se ha acogido este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, que investiga el escándalo de las facturas falsas en UGT-A y que le atribuye delitos de falsificación y fraude de subvenciones.
El ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, a su llegada a los juzgados. / Raúl Caro (Efe).
El magistrado le había citado a declarar junto Manuel Pastrana Casado, aunque la declaración de este último se suspendió la semana pasada después de que el forense acreditara que se hallaba en una crisis aguda de su enfermedad. Fernández Sevilla también pidió la suspensión porque no había tenido tiempo para analizar el sumario y porque aún queda un atestado importante de la Guardia Civil por remitir al juzgado.
El abogado Manuel Pérez Cuajares, que defiende a Fernández Sevilla, ha explicado precisamente a los periodistas que el motivo de acogerse a su derecho a no declarar ha sido porque hay cierta documentación que fue intervenida por la Guardia Civil en un registro en el sindicato que no fue puesta a disposición del juzgado y que será enviada en unos dos meses en un atestado que está ultimando la Unidad Central Operativa (UCO). Esta información, continuó el letrado, es de "interés para la investigación de los hechos", por lo que Fernández Sevilla quiere conocerla antes de prestar declaración en este caso.
El letrado ha insistido en que Fernández Sevilla se considera "inocente" de estos hechos y ha argumentado que la decisión de no declarar se produce por una cuestión procesal y de garantía de sus derechos de defensa.
Al término de la comparecencia, ni el fiscal Anticorrupción ni las demás acusaciones han solicitado al juez que adopte ninguna medida cautelar respecto al sindicalista.
La imputación de Francisco Fernández es la segunda de este sindicalista, quien también está siendo investigado en la causa de los ERE fraudulentos por la juez Mercedes Alaya en relación con las ayudas a la tabaquera Altadis, hechos por los que la Fiscalía le ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 296.000 euros.
El titular del juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla justificó la imputación de la antigua cúpula de la UGT-A en la declaración del ex vicesecretario de Administración y Recursos Humanos y ex tesorero de UGT-A Federico Fresneda, cuyo testimonio es, según el instructor, "contundente" a la hora de ratificar la implicación de ambos dirigentes sindicales en las decisiones ejecutivas de la organización, y en concreto en las referidas a la creación de la Central de Compras. El juez considera que la Central de Compras es un "órgano o mecanismo esencial en la realización de la actividad fraudulenta investigada".
El instructor señala igualmente que esta actividad se concretaba en la utilización de los mecanismos conocidos como el rápel y el bote. El primero, subrayaba el juez en la resolución, "permitía al sindicato lucrarse con los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, por no declararse dichos descuentos a la Administración que otorgaba la subvención". En cuanto al bote, el juez recuerda que estaba "informatizado y controlado a través del programa informático Spyro", en un sistema que facilitaba al sindicato "financiarse con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas, que no se correspondían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados".
La decisión del instructor se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara hace varias semanas la imputación de ambos dirigentes sindicales, quienes fueron "titulares a la fecha de los hechos de la máxima representación y poder en el sindicato". En el escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía explicó entonces que en esencia, el objeto del presente procedimiento, es la "financiación irregular del sindicato UGT Andalucía, a través de la defraudación generalizada en las subvenciones recibidas relativas a fondos de formación", una financiación "ilícita" en la que se usó el rápel y el bote.
El fiscal señaló que los hechos investigados comienzan a implantarse cuando se puso en marcha la llamada "central de compras" en la UGT, una cuestión que se deduce "no sólo de las investigaciones sino de las declaraciones de los imputados". Esta central de compras fue inspiración directa de Manuel Pastrana y continuó en la implantación de la misma el entonces secretario general Francisco Fernández, "no sólo en su época de secretario de organización, sino en el periodo que sucedió a Pastrana".
El ex tesorero de la UGT-A Federico Fresneda fue uno de los 16 detenidos en la operación Cirene II, que la Guardia Civil realizó el 24 de junio pasado, contra el fraude las facturas falsas. En su declaración, Fresneda derivó las posibles responsabilidades de lo ocurrido hacía los líderes de la formación, al explicar que los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla "estaban al tanto" del rapel o descuento que algunas empresas aplicaban en las facturas pero que no se descontaban a la hora de justificar las subvenciones públicas.
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