No parece en caso alguno justificado que trabajadores sean vigilados por videocamaras, pero si esto sucede en un Centro de Educación el tema es ya más grave. El Gran Hermano se hace presente en la vida cotidiana de docentes, alumnos y personal laboral para mayor satisfacción del equipo directivo que, desde sus ordenadores accede a lo que graba cada cámara. La Agencia de Protección de Datos ha resuelto que lo que ocurre en el IES La Granja de Jerez de la Frontera se trata de una infracción de lo dispuesto en el Artículo 5 de la LOPD, en relaciòn con el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.
A espera de que hablen los sindicatos, que un gobierno como el andaluz no reprenda esta política de vigilancia expresa a las claras cuál es su función social.
He aquí el dictamen:
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