viernes, 29 de agosto de 2014

FINGIR HONESTIDAD Y LA DOBLE MORAL EN EL GUADALQUIVIR

 

Entre "las exoneraciones de subvenciones decretadas por la Junta de Andalucía", "el fraude millonario de los cursos de formación en Andalucía", "el caso de los ERE andaluces fraudulentos" no queda hueco en los medios de comunicación de esta comunidad autónoma para desgranar otros asuntos en los que el dinero público ha sido utilizado inadecuadamente con una falta de control consentida por el máximo responsable de unos fondos u otros según el caso.

Recuperando y relacionando frases de algunos comentarios realizados sobre las últimas entradas publicadas en este blog: 

1.- Allá por los años treinta un medio de comunicación estadounidense realizó una entrevista a uno de los personajes más conocidos del país. Ese personaje clamaba indignado “Hoy la gente no respeta nada. Antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor y la verdad. Ahora la corrupción campea en la vida americana, es la única ley. La virtud, el honor y la justicia se han esfumado”. Las palabras tuvieron impacto sobre todo porque fueron pronunciadas por el famoso gánster Al Capone sólo unos días antes de ingresar en prisión por evasión de impuestos, único de sus numerosos delitos por el que pudo ser procesado. 

2.- Hay empresas que sobornan a sus competidores para ser únicos concursantes, muchas veces el concurso queda desierto para que posteriormente se negocie sin publicidad y se adjudique al sobornante; Hay, lo que se conoce como lobistas, quienes ofrecen sus servicios a las empresas dadas sus relaciones familiares con quienes resuelven; Hay quienes con su poder de decisión piden incluir estudios innecesarios en los Pliegos con consultores asignados a dedo y costes tres o cuatro veces más altos que lo que cuestan en realidad; Hay quien "impone" sugerencias a ciertos funcionarios con poder de contratar para contratar al final del año con facturas, para así mostrar que los presupuestos no ejecutados se usan en su totalidad; Y hay quien tonto de remate pero con suerte presiona al funcionario sin valor ni moral para ser aceptado como contratista a cambio de un porcentaje del valor de cada contrato.  

3.- La transferencia del Guadalquivir, al igual que la reversión, se llevo de una forma, denominada "gris" por el máximo responsable de recursos humanos del MAGRAMA. La discriminación y la desigualdad utilizada con los empleados públicos afectados es patente desde el primer día de gestación de la transferencia hasta hoy sin imputación a responsable alguno.

Concluímos ¡qué novedad!: Hoy en día, como vamos viendo en la prensa, cientos de personajes públicos han sido encausados por malversación, fraude fiscal y nepotismo días después de hacer declaraciones a favor de la honestidad y de atacar a otros individuos condenados o imputados por los mismos hechos.

Hipocresía: Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan.

En la vida real llamamos hipócrita a alguien que nos perjudica haciendo lo contrario de lo que decía iba a hacer. La mentira, el engaño, la manipulación y la hipocresía son tan peligrosos como la persona que los emplea. No deberían de existir bajo excusa alguna.

Políticos corruptos dan mítines sobre la honestidad de los cargos públicos.

Cualquier hijo de vecino afirma, en público, estar en contra de determinados chollos hasta que tiene la ocasión de beneficiarse de ellos. 

Obvios ejemplos:

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir adjudica día sí y otro también pliego trás pliego, contándonos que los adjudicatarios de tanto pliego lo son por idoneidad y en ningún caso por amistad, afinidad o concubernio.   

Individuos de “doble moral” o del todo inmorales. Rotundo y diario desprecio hacia los empleados públicos afectados por la transferencia del Guadalquivir. La hipocresía es permanente y deliberada. 

Algunos de nosotros estamos sufriendo verdaderas calamidades por defender los derechos agraviados de los afectados a pesar de las crueles presiones externas y la desidia del personal. La controversia relevante e importante sobre el tráfico de influencias, la malversación de fondos públicos y otros delitos en el Organismo Autónomo Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están sobre la mesa, sometidos a debate y este blog será de nuevo, núnca ha dejado de serlo, objeto de denuncias, improperios, ofensas, agravios, groserías, insultos y opiniones de cualquier índole sobre las virtudes de este medio informativo y sus administradores. 

Los sujetos más hipócritas son los más fanáticos a la hora de defender aquellas normas que ellos mismos han quebrantado. Pero ahí están, han sabido evadir las responsabilidades que deberían haber afrontado quedando libres de toda culpa.

    jueves, 28 de agosto de 2014

    El PP prohibirá en España las manifestaciones de funcionarios públicos


     

    Castilla-La Mancha es la primera comunidad donde tendrán prohibido manifestarse, tras multar a funcionarios del SESCAM por hacerlo con las batas blancas.
    Rajoy se basa en la ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público para prohibirlo.
    PP, CiU y PNV aprueban un pacto para preservar la universalidad de la sanidad
    Foto: EFE
    Los funcionarios tendrán prohibido manifestarse en todo el país, y la primera comunidad que asume esta medida será Castilla-La Mancha. El gobierno de Mariano Rajoy se ampara en una ley del Estatuto Básico del Empleado Público para prohibir estas manifestaciones, cuyas primeras sanciones ya han llegado. El gobierno de María Dolores de Cospedal ha sido el primero en multar a funcionarios por manifestarse, además con multas económicas muy importantes.
    De hecho, para prolongar esta ley al resto del país se ha utilizado Castilla-La Mancha como 'conejillo de indias'. El gobierno de Cospedal ha realizado el experimento para comprobar si surte efecto a la hora de frenar manifestaciones y de callar a determinados sectores reivindicativos. Concretamente se utilizó el caso de la 'marea blanca' de funcionarios sanitarios. El gobierno de la Junta, a través de los responsables del SESCAM, les amenazó con 15.000 euros de multa a cada uno de los participantes si se manifestaban con sus batas blancas o si colocaban algún anuncio o cartel en una zona prohibida.
    La aprobación de esta ley se realiza en tres fases: en primer lugar se usa Castilla-La Mancha como campo de pruebas para comprobar si se reducen las manifestaciones. Una vez probado, desde el gobierno central se pide a las comunidades autónomas controladas por el PP que empiecen a realizar las mismas prácticas, mientras que desde Madrid se aprueba la ley que prohíba estas manifestaciones a nivel nacional. Una vez aprobada la ley, las comunidades que no controla el PP no tendrán más remedio que cumplir ese dictamen.
    Estas medidas llegan a nueve meses de las elecciones municipales y autonómicas, pensando principalmente en ellas, y también a medio plazo de cara a las generales para las que quedan más de un año. Se unen a las medidas de "regeneración democrática" del gobierno y a los diversos copagos que se contemplan para las comunidades autónomas.
    Concretamente en el caso de Castilla-La Mancha, la secretaría general del SESCAM aprobó una directriz el 30 de enero de este año por la que amenaza a los funcionarios que se manifiesten con multas de 15.000 euros e incluso pide a los funcionarios que delaten o se 'chiven' sobre compañeros funcionarios que lo hagan.
    El gobierno nacional esgrime los artículos 52 y 54 de la Ley 7/2007 del 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, donde se habla de su código de conducta, para aprobar esta ley, aunque no obstante desde el gobierno señalan que simplemente van a controlar su cumplimiento.
    Artículos 52 y 54 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público
    El artículo 52 señala: “Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres".
    El artículo 54 son determinados puntos de buena conducta para los funcionarios, entre los que están: "Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes".
    Dichos artículos tienen una interpretación bastante ambigua y en ningún momento se especifica nada del derecho a manifestarse para el funcionariado, de hecho como derecho de todos los trabajadores se podría decir que incluso se defiende en la frase "obedecerán las instrucciones y órdenes de sus superiores salvo que constituyan una infracción". Según esa frase un superior, de prohibir manifestarse a un empleado, debería poder ser investigado ya que negaría derechos fundamentales del trabajador.

    ESTUDIO GEOTÉCNICO Y ESTRUCTURAL DE MONTEALTO

    miércoles, 27 de agosto de 2014

    El Ayuntamiento estudia embargar a la Junta por impagos de impuestos

    Toma como modelo el Consistorio de Granada, que ha iniciado un procedimiento en dos solares autonómicos para enjugar parte de los cuatro millones de deuda que mantiene con él

    Melchor Mateo cádiz | Actualizado 27.08.2014 - 01:00

    zoom

    El edificio sin uso del Tiempo Libre es uno de los que tiene una mayor deuda de todos los de la Junta de Andalucía.

    El Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado a su departamento jurídico un estudio para ver la posibilidad de embargar bienes de la Junta de Andalucía que sirvan para reducir la deuda que mantiene la administración autonómica en concepto de impuestos y tasas, que según el Consistorio gaditano asciende a unos diez millones de euros.

    Según el teniente de alcaldesa delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, el precedente en el que se han fijado se encuentra en Granada. Allí el municipio ha iniciado un expediente de embargo hacia dos solares que tienen un valor catastral de casi un millón de euros. Una vez que se complete el proceso, el gobierno municipal se habrá cobrado una cuarta parte de la deuda tributaria que la Junta mantiene con la ciudad de Granada, que asciende a algo más de 4,8 millones de euros.

    El Ayuntamiento de Granada decidió dar este paso después de que se estableciera un plan de pagos y la Junta sólo abonara unos 72.000 euros.

    Lo que pretende el Ayuntamiento e Cádiz es lo que hizo el de Granada, es decir, se abrió un proceso de identificación de bienes embargables pertenecientes a la administración autonómica con un límite, y es que la ley no permite el embargo de bienes sometidos a servicio público.

    En Granada en concreto los primeros solares que el ayuntamiento pretende embargar a la Junta en Granada es el del antiguo cuartel de automovilismo junto a la estación de ferrocarril, donde la Junta pretendía hacer un equipamiento deportivo y la apertura de un paso directo entre dos zonas. El segundo de ellos se localiza en la céntrica calle Elvira, en un solar propiedad de la Consejería de Cultura de apenas 200 metros cuadrados.

    En el caso de Cádiz la historia viene desde muy lejos y ha sido un tema recurrente cada varios meses. José Blas Fernández asegura que todavía hay impagos pendientes del año 1992 correspondientes a vados de edificios de la Junta.

    Fernández pone como ejemplo varias deudas que tiene la Junta con el Ayuntamiento gaditano, como la Residencia del Tiempo Libre, que tiene una cuota anual de IBI de 116.715,68 euros. En este momento, por este edificio que lleva ocho años cerrado la deuda está ya en 933.725 euros, a lo que habría que añadir los intereses de demora.

    Otro de los solares es el chalé de San Luis, que pasó a manos de la Junta de Andalucía desde el Estado en concepto del pago de la deuda histórica durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

    La cuota anual que tiene el IBI de este solar que actualmente se dedica a aparcamiento público de vehículos es de 8.967,64 euros, mientras que el de la Ciudad de la Justicia es de 80.561,28 euros, por lo que el impago llega ya a casi un millón de euros.

    José Blas Fernández recuerda que no sólo se trata de las deudas que mantiene la Junta de Andalucía con el ayuntamiento "sino que son espacios que tiene ocupados la administración autonómica y a los que no se les da uso alguno".

    Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se encuentran 'precisamente inmersos en una negociación global para consensuar el uso que se le va a dar a los distintos edificios y solares que tiene la administración autonómica en la capital gaditana. José Blas Fernández afirma que este procedimiento es independiente de las negociaciones "porque hay que tener en cuenta que los impuestos nunca son perdonables. Otra cosa es que se llegue a algún tipo de acuerdo con ellos".

    Uno de ellos es que la Junta pueda pagar en especie con algunos de los solares que tiene, como por ejemplo la pastilla de terreno que se encuentra entre Loreto y Puntales para la construcción de viviendas protegidas.

    El Consistorio gaditano ha tratado de llegar a acuerdos en varias ocasiones con la Junta pero nunca ha llegado a buen puerto porque, entre otras cosas, siempre ha habido desavenencias a la hora de la estimación de la deuda.

    El paso que ha dado el ayuntamiento de Granada puede abrir las puertas no sólo al de Cádiz, sino a otros que tengan solares de la Junta y en la que ésta tenga impagos.
     

    Permutas


    Publicación de nuevos anuncios de permutas entre personal funcionario o laboral de la Junta de Andalucía. (Ver enlace Web)



     

    martes, 26 de agosto de 2014

    CONVENIO DE LA VITICULTURA DEL MARCO DE JEREZ PARA LA VENDIMIA 2014

     




    COORDINADORA DE TRABAJADORES DE ANDALUCÍA


    • El Salario en Vendimia será de 6,26 € la hora.

    • La jornada de 7 horas de trabajo será de 43,82 €.

    • La jornada laboral durante la vendimia en todo el período del convenio será la siguiente: de lunes a viernes, ambos inclusive, siete horas y quince minutos, suprimiéndose el descanso obligatorio por cuenta de la empresa.

    • En concepto de plus de distancia, las empresas abonarán a sus trabajadores las siguientes cantidades:

    a) Cuando la finca esté ubicada entre cero y cinco kilómetros de distancia del casco urbano, a cuyo término municipal pertenezca la misma: 0,21 por kilómetro, tanto de ida como de vuelta.

    b) Cuando la finca exceda de cinco kilómetros de distancia del casco urbano, a cuyo término municipal pertenezca la misma: 0,19 por kilómetro, tanto a la ida como ala vuelta.

    La cantidad máxima a abonar por el concepto de Plus de distancia será de 3,22 /día.

    No procederá abono de plus de distancia a aquellos trabajadores a los que la empresa facilite en las viñas vivienda familiar gratuita, y tampoco cuando transporte con vehículo mecánico a sus trabajadores.


    COMPAÑERO/A,
    ¡¡ORGANÍZATE Y LUCHA!!



    ESTAMOS EN CALLE ABADES Nº 2 JUNTO AL POZO AMARGUILLO EN EL CENTRO CULTURAL OBRERO“JOAQUÍN POSTIGO COTÁN”
    SANLÚCAR DE BARRAMEDA


    Ofertas de empleo público Semana del 26.08.2014 al 01.09.2014




    Pincha  Aqui

    lunes, 25 de agosto de 2014

    La ejecutiva de UGT-A cobraba "sobresueldos" a cargo de la Junta, según los imputados

    Francisco Fernández Sevilla
    Fotografía de archivo de Francisco Fernández Sevilla, secretario general de UGT en Andalucía, que presentó su dimisión tras las informaciones sobre el presunto desvío de fondos destinados a planes de formación para otros asuntos. (EFE)
    • Se pagaban en parte con fondos de la Consejería de Empleo y oscilaban entre los 900 y los 3.000 euros.
    • Pastrana, además, tenía "coche con chófer" y "una VISA Oro a su disposición", según las personas que han declarado.
    • La Guardia Civil acusa al sindicato de pagar el agua, la luz y los gastos de personal con el dinero del Gobierno andaluz.

    Varios testigos del caso de las presuntas facturas falsas de la UGT-A afirmaron que toda la Ejecutiva Regional cobraba sobresueldos de entre 900 y 3.000 euros mensuales pagados en parte con fondos de la Consejería de Empleo, y que el descuento que exigían a sus proveedores era conocido como "canon revolucionario".

    El juez ha levantado el secreto de sumario del caso de las presuntas facturas falsas de UGT-AEstos datos se han conocido al levantarse el secreto del sumario sobre el caso que mantiene imputados en el juzgado de instrucción 9 de Sevilla al extesorero de la UGT-A Federido Fresneda, a dos responsables de la contabilidad del sindicato y a trece empresarios "de confianza" que presuntamente se prestaron a emitir facturas falsas que luego el sindicato entregaba a la Junta para justificar las subvenciones para formación.

    José Miguel G.R., empleado en el Departamento de Justificación, declaró a la Guardia Civil que todos los miembros de la Ejecutiva Regional cobraban, además de sus retribuciones, un sobresueldo de entre 900 y 3.000 euros al mes, que se cargaban en parte a un programa de Organizaciones Sindicales subvencionado por la Consejería de Empleo.

    El ex secretario general Manuel Pastrana, que ocupó el cargo entre 1998 y el 2013, cobró durante un tiempo 3.000 euros, pero además tenía "coche con chófer, el alquiler de su vivienda y una VISA Oro a su disposición", según Germán Damián D.S., responsable de Formación en la Ejecutiva andaluza entre el 2005 y el 2009.

    El propio Fresneda y Ana Pérez Luna, exsecretaria de la Mujer, tenían un sobresueldo de 1.500 euros, según José Miguel G.R.

     

    Las pólizas de seguro, otra fuente de financición


    "Toda la Ejecutiva" conocía como "canon revolucionario" el llamado "rappel" o descuento que la UGT-A conseguía de sus proveedores pero que luego no reflejaba en las facturas que presentaba a la Junta para justificar las subvenciones, según este testigo.

    Entre otros aspectos, aseguró estar "convencido" de que Fresneda no hacía nada "sin la aprobación de Manuel Pastrana".

    Según la Guardia Civil, el sindicato utilizaba las pólizas de seguro que cubrían las acciones formativas como vía de financiaciónUn trabajador del Departamento de Administración de la UGT-A, Roberto Alejandro M.C., declaró a la Guardia Civil que el encargado de hacer las auditorías preceptivas para justificar ante la Junta las subvenciones "firmaba los informes sin realizar ninguna comprobación o revisión".

    La Guardia Civil mantiene que las subvenciones de la Junta se habían convertido en una "vía alternativa de financiación" de la UGT-A, quien pagaba con los fondos de formación el 100% de sus gastos estructurales como agua o luz y casi el 100% de sus gastos de personal.

    Entre otros "artificios", el atestado recoge como "otra fuente de financiación" las pólizas de seguro que cubrían las acciones formativas, que se contrataban siempre con ASP, propiedad del sindicato, empresa que "siempre devolvía el 50% del importe de la póliza a UGT" y posteriormente otro porcentaje adicional si el contrato vencía sin incidentes.

    Por otra parte, existía la "práctica habitual" de que fundaciones y entidades vinculadas a la UGT-A como FUDEPA, SORALPE o la Fundación Esculapio emitieran facturas por consultoría o alquileres.

     

    Numerosos correos electrónicos


    El sindicato disponía de un programa informático propio, llamado Spyro, para gestionar el "bote" conseguido con los descuentos e "integrar ambas realidades, la contable y la presentada ante la Junta", lo que según la Guardia Civil "refleja lo institucionalizado del sistema". El "bote", según el atestado, llegó a crecer "de manera espectacular" de forma que "escandalizaba a todo el mundo".

    Los sobresueldos que denuncian los exsindicalistas oscilaban entre los 900 y los 3.000 eurosLa Guardia Civil recoge en su informe numerosos correos electrónicos en los que María Dolores Sánchez Montaño, responsable de Compras de la UGT-A, imputada en el caso, comunica a sus proveedores que deben cambiar el concepto de las facturas y en uno de ellos pide que no figuren "fechas, nombres ni el concepto Organización Sindical" sino "Actividades Sindicales Preventivas".

    En numerosos correos, los responsables de la UGT-A encargaban billetes de avión, tren y hoteles a sus proveedores "contra el saldo que tenemos a nuestro favor"

     

    "Si son culpables, que respondan ante la Justicia"


    La actual secretaria general de la UGT de Andalucía, Carmen Castilla, ha asegurado este viernes que si se demuestra que Pastrana y Fernández Sevilla y otros miembros de la anterior Ejecutiva "son culpables que respondan ante la Justicia".

    Castilla, que ha recordado que no opina de los autos judiciales y que el gabinete jurídico del sindicato está estudiando el sumario, se ha comprometido a tomar en breve las "medidas oportunas".

    Y ha reconocido que su sindicato atraviesa una situación "delicada", como otras organizaciones sindicales, partidos políticos e instituciones, ha matizado.  "Estamos casi a diario en las portadas de los periódicos pero sin ninguna condena. No existe todavía ninguna condena firme que diga en la que se diga que UGT ha cometido un delito y cuando lo haya, si lo hay, se tomarán medidas", ha sostenido.


    http://www.20minutos.es/noticia/2196516/0/ejecutiva-ugta/cobraba-sobresueldos/junta-imputados/

    UGT y CCOO cobraron 7 millones sin prestar "ningún servicio"

    Ambos sindicatos percibieron 7,6 millones durante ocho años según el auto de la jueza Alaya elevado al Supremo.

    efe | Actualizado 24.08.2014 - 12:39

    Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo. 

    Dicho texto afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva". 

    Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros. 

    Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran. 

    Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. 

    La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora". 

    Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo. 

    Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter. 

    La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición razonada. 

    Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación. 

    En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya. 

    Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de 178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 euros". 

    A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia. 

    En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico".  

    viernes, 22 de agosto de 2014

    Denuncian ante Trabajo la falta de limpieza de la Casa Forestal de la Breña

    Esas instalaciones según el sindicato CTA se encuentran cerradas por falta de higiene
    J. M. Ruiz barbate | Actualizado 22.08.2014 - 05:01



    Cristóbal Nieto, trabajador de la Casa Forestal de la Breña, perteneciente a la Unidad Biogeográfica número tres con sede en Barbate, ha formalizado ante la Inspección de Trabajo, una denuncia por la suciedad existente en este centro de trabajo que depende de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

    En el conjunto de escritos adjuntos, Antonio Pérez, como delegado de la Sección Sindical de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), expone que esas instalaciones se encuentran cerradas por falta de limpieza, por lo que solicita que la Delegación Territorial de Medio Ambiente solucione este problema a la mayor brevedad posible, ya que de no ser así, anuncian otra serie de acciones para dar solución a esta situación.


    *Cometario del Blog.

    Aunque agradecemos la atención informativa que nos presta Diario de Cádiz, la noticia contiene algunas inexactitudes:

    1.-Cristobal no es trabajador de la Unidad Biogeográfica, aunque si de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, e interpone la denuncia en representación de la Sec. Sindical de CTA, como su secretario general.

    2.-En los escritos se afirma que esta cerrada la Oficina de Atención al Público, no el Centro de Trabajo en sí.

    jueves, 21 de agosto de 2014

    CTA DENUNCIA A LA ITSS LA FALTA DE LIMPIEZA DE LA CASA FORESTAL DE LA BREÑA









    4º escrito sobre la Falta de Limpieza en la Casa Forestal de la Breña






    ESCRITO DE DISCONFORMIDAD A LA RESPUESTA DE LA ITSS SOBRE LA DENUNCIA POR POSIBLE DISCRIMINACIÓN ENTRE CONDUCTORES






    INFORME DE LA ITSS SOBRE LA DENUNCIA DE DISCRIMINACIÓN ENTRE CONDUCTORES

     

    Preguntamos por el estado de la denuncia por posible discriminación entre conductores


    RESPUESTA DE LA ITSS SOBRE LA DENUNCIA POR POSIBLE DISCRIMINACIÓN ENTRE CONDUCTORES








    lunes, 18 de agosto de 2014

    La Junta repartió 63 millones en ayudas a la formación entre una decena de excargos


    domingo, 17/08/14 - 11:00


    Sólo el ex consejero Ojeda consiguió en torno a 55 millones en tres años. El resto, obtuvo de media 725.000 para sus empresas, fundamentalmente autoescuelas y peluquerías.

    Unos justificaron la percepción o la negaron pese a la evidencia, otros otorgaron ayudas a empresas que ellos crearon y algunos tuvieron que dimitir o han tenido que enfrentarse a la Justicia.

    Pese a que el Gobierno andaluz ha destinado 400 millones anuales a formación durante una década, el paro en la comunidad es diez puntos porcentuales mayor al de la media española.




    El juez deja en libertad con cargos al exconsejero andaluz Ángel Ojeda

    La reciente detención y la posterior puesta en libertad con cargos del ex consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Áviles, relacionada con la malversación de ayudas para la formación de trabajadores andaluces, ha puesto en evidencia un fraude masivo de fondos públicos que según expertos en delitos económicos de la Policía podría rondar los 2.000 millones sólo entre los años 2009 y 2011.

    Durante más de una década, los cursos de formación se convirtieron en Andalucía, una comunidad con una tasa de paro del 34,7% según la Encuesta de Población Activa (EPA), diez puntos porcentuales por encima de la media nacional, en la medida estrella de la Junta en la lucha contra el desempleo, con un éxito evidentemente muy limitado.

    Buena parte de estos fondos millonarios quedaron en manos de empresarios y sindicatos, que llegaron a cobrar en algunas ocasiones hasta un 20% del dinero que se distribuía en concepto de gestión y organización de los cursos, y otra parte se quedó en el camino y no llegó a los trabajadores ocupados y a los desempleados.

    Muchas empresas inactivas y fantasma desaparecían o se liquidaban tras recibir las subvenciones de los departamentos de Empleo de la Junta y muchos de los cursos eran simulados y otros ni siquiera se impartían. El dinero de los fondos se repartía entre empresas, gestores y, presuntamente, funcionarios.
    Las tramas de los cursos, investigadas en dos operaciones –Edu y Óscar- están llenas de apellidos de antiguos cargos de la Junta, alcaldes y concejales socialistas, que, personalmente, o, a través de familiares, creaban empresas de formación después de abandonar sus cargos e incluso en paralelo a su labor pública.

    Para el Partido Popular, que lleva varios años denunciando una situación que ahora se investiga con intensidad, no es una casualidad que todos estos nombres aparezcan administrando y gestionando estas sociedades, que en algunas ocasiones llegaron a recibir millones de una tacada. Es que lo que ha definido como política de familia y tráfico de coincidencias indecente e inmoral" la portavoz del PP en Cádiz, Ana Mestre.

    Durante la última década han sido numerosos los responsables económicos y políticos de las del Gobierno andaluz y alcaldes de grandes municipios socialistas que se decidieron emprender montando centros, empresas y academias de formación, cuya principal fuente de financiación era la Administración para la que trabajaron.

    Según ha podido constatar La Información, a través de las ayudas recogidas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y de denuncias políticas y judiciales –las tramas están siendo investigadas en ocho juzgados-, sólo una decena de estos responsables políticos obtuvieron subvenciones por un valor superior a 63 millones de euros. Sólo el ex consejero Ojeda consiguió en torno a 55 millones en tres años. El resto, obtuvo de media 725.000 para sus empresas, fundamentalmente autoescuelas y peluquerías.

    Algunos lo negaron, pese a la evidencia; otros firmaron subvenciones que fueron a empresas con las que tenían vínculos; algunos recibieron ayudas sin cumplir los requisitos y otra parte obtuvo millonarias subvenciones para cursos que se demostraron falsos.

    Muchas subvenciones para pocas empresas.

     

    Dimisión.... "por injurias y difamación"


    La empresa Aulacen Cinco, dedicada a cursos de formación, recibió 730.000 euros en subvenciones entre los años 2006 y 2010. La administradora única de la sociedad era la mujer de Rafael Velasco, ex diputado autonómico y ex vicesecretario del PSOE-A.

    Velasco dimitió como parlamentario, pero sostuvo todo el tiempo que no lo hizo por las presuntas irregularidades en torno a esta sociedad, que se creó el 12 de diciembre de 2005, tres días antes de que expirará el plazo para conseguir un subvención de 78.000 euros -que logró-, sino por una "campaña de difamación, de injurias y de calumnias personales y familiares".
    El 90% de los cursos de formación que impartía la empresa de la mujer del número dos en el PSOE andaluz de José Antonio Griñán estaban subvencionados por la Junta.

    La empresa de peluquería Lara y Nieto, cuyo administrador único y socio era el marido de la alcaldesa socialista de Martos (Jaén), Sofía Nieto, recibió durante tres años subvenciones de la Junta por valor de 550.000 euros. El objetivo de las ayudas era desarrollar cursos de formación profesional ocupacional y la Junta justificó las subvenciones asegurando que el empresario accedió a la programación de los proyectos antes de que su esposa fuera elegida regidora y que también le fueron denegadas ayudas. La denuncia fue realizada por el Partido Andalucista y la subvención se puede constatar en el BOJA.

     

    Subvencionados, pese a las deudas


    En sólo tres años, el que fuera alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, recibió a través de dos empresas de hostelería más de un 1,1 millón de euros. Las ayudas, según aseguró el PP, se incrementaron coincidiendo con su candidatura y, posteriormente, ya siendo alcalde.
    Además, una de las empresas recibió ayudas teniendo deudas con la Seguridad Social y la otra con impagos con la Agencia Tributaria, dos irregularidades que impiden recibir subvenciones, ya que hay que estar al corriente de pago con Hacienda y Empleo.

    Hace apenas tres meses, un grupo de funcionarios de la Agencia Tributaria embargó la recaudación del día de tres establecimientos que la cadena de restaurantes El Paraíso de Punta Umbría, que gerencia Rodríguez Nevado, lo que corrobora las denuncias de no estar al corriente de pago con Hacienda.

     

    Ayudas millonarias para una autoescuela


    Antonio Fernández, que fue nombrado en junio de 2004 Delegado Provincial de Empleo en Córdoba fue socio y fundador de la Autoescuela Virgen de Luna, con sede en Pozoblanco. Esta sociedad recibió entre octubre de 2004 y marzo de 2010 casi 844.000 euros en subvenciones para cursos homologados en materia de conducción de la Delegación Provincial que precisamente estaba bajo el mando de Fernández. Según destaca el PP, con la llegada de Fernández a la Delegación, las ayudas a la empresa que fundó y en manos de sus socios en otras sociedades se multiplicaron por seis.
    Pese a que Fernández abandona los cargos en la autoescuela casi al momento de acceder al cargo público, siguió manteniendo una estrecha relación empresarial con los administradores de la autoescuela, ya que junto a ellos también formaba parte del consejo de administración de una funeraria.

    El candidato a la Alcaldía de San Fernando, Fernando López Gil, y Ana Lorenzo Castro, hija de una senadora socialista crearon en 2001 la sociedad cooperativa Observa, que recibió entre 2003 y 2010 un total de 808.509 euros en concepto de subvenciones para formación de la Consejería de Empleo.
    Nada más constituir la sociedad, recibieron una pequeña ayuda, por ser menores de 35 años y llevar parados al menos un año. De media, casi 100.000 euros anuales.

    Ana Mestre reclamó hace sólo unos meses la dimisión del delegado territorial del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, por mentir sobre su participación en la cooperativa Observa.
    La dirigente popular demostró con documentos la vinculación que López Gil mantuvo con la cooperativa hasta, al menos, 2009, pese a que el dirigente socialista argumentó ante los medios de comunicación que se había desvinculado de la cooperativa en 2008.
    López Gil aseguraba en 2011, que llevaba desvinculado desde hacía siete años de la cooperativa Observa y que nunca había recibido un euro de otra labor que no fuese la política.

    El marido de la ex diputada socialista en el Congreso, Ana Fuentes, era el dueño de la Autoescuela Autocep, que recibió en 2009 subvenciones por valor de 151.000. La autoescuela había comenzado su actividad sólo un año antes y en 12 meses ya estaba recibiendo importantes ayudas en las que era necesario presentar importantes acreditaciones. Como propietario de otra autoescuela, Pedro Ruiz Guerrero, que así se llama el marido de la dirigente socialista, recibió otros 209.000 euros.
    Para justificar el asunto, la socialista aseguró que su régimen era el de separación de bienes y que ella no participaba directamente en la empresa.

    Ismael Sierra, cuñado de Juan Lanzas, el conseguidor e intruso en la trama de los falsos ERE, también participó del interesante negocio de las ayudas públicas a empresas de formación, a través su empresa Consulting Social Siemur, que creó en 2004.
    Sierra también era propietario de la sociedad Maginae Solutions, empresa que asesoró a Mercasevilla en el ERE de 2007, una gestión por la que cobró 143.145 euros. El trabajo, nunca se realizó.

    Juan Manuel  Barrios y Miguel Ángel Reina, presidente y consejero de la Empresa Ecijana de Formación, respectivamente, fueron también teniente de alcalde de Écija y concejal entre 1987 y 1990. La empresa recibió por parte de Empleo de la Junta en torno a 600.000 euros en sólo cinco años, entre 2005 y 2010.

    Entre los años 2003 y 2005, Mauricio Antonio Motiglia ocupó el cargo de concejal de Medio Ambiente en la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo. Inmediatamente después, decidió dedicarse a la formación, primero como autónomo y luego creando una red de empresas: Centro de Formación Info-Nete para el Desarrollo de la Nuevas Tecnología, Centro de Formación Integral de Guadiato y Black Diamond Consulting. En total, a través de sus empresas ha percibido 832.000 euros en ayudas a la formación.

     

    Un fraude superior al de los ERE


    El ex consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Avilés, entre los años 1987 y 1992 ha sido sin duda el más beneficiado por las subvenciones a cursos de formación. Su red de empresas pudo recibir hasta 47 millones de euros en ayudas públicas, aunque desde el Partido Popular aseguran que lo percibido supera los 55 millones de euros en sólo tres años.

    Los populares aseguran que es "un monumental escándalo" y consideran que el fraude puede superar incluso al de los expedientes de regulación de empleo (ERE) falsos y el fondo de reptiles, porque en los ERE son en torno a 1.500 millones de euros que se han podido defraudar, y el escándalo de la formación podría rebasar los 4.000 millones de euros en su montante global.

    La Policía sostiene que Ojeda recibió fondos de su cuñada, Teresa Florido, otra ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

    Los investigadores aseguran que a partir de 2009 las empresas de Ojeda entraron de lleno en la actividad de las subvenciones y señalan que las empresas del ex consejero habrían recibido de la Dirección General de Formación Profesional al menos 14,6 millones, aunque las ayudas podrían ser tres veces mayores.

    http://noticias.lainformacion.com/espana/la-junta-repartio-63-millones-en-ayudas-a-la-formacion-entre-una-decena-de-excargos_jjCHYmJyJpRUnK9XfkA3E4/