martes, 3 de junio de 2014

Los obstáculos que la Junta puso a la juez Alaya en su investigación sobre los ERE

Expurgo de papeles comprometidos y entrega de informes con cuentagotas han entorpecido la instrucción de la magistrada




En la instrucción del caso de los ERE, la juez Mercedes Alaya se ha topado en más de una ocasión con la falta de colaboración de la Junta. Esta situación ha provocado continuos choques de trenes entre la administración autonómica y el juzgado número 6 de Sevilla. La magistrada ha acusado al Gobierno andaluz de zancadillear su investigación, demorando la entrega de documentos para evitar que fuera subiendo escalones en la responsabilidades del caso.
Por su parte, el Ejecutivo PSOE-IU ha contratacado en tres frentes: cuestionando la instrucción de la juez, metiéndole presión para que eleve el caso al Tribunal Supremo y señalando la coincidencia de sus decisiones más polémicas, como la preimputación de los expresidenteManuel Chaves José Antonio Griñán, con el calendario electoral.
Esta es la historia de los obstáculos que ha tenido que sortear la juez durante más de tres años para ir desentrañando la trama del mayor caso de corrupción de la autonomía andaluza.

Las actas de los Consejos


En marzo de 2011, la Junta planteó un conflicto de jurisdicción ante elSupremo después de que la magistrada le requiriera las 480 actas de los Consejos de Gobierno entre 2001 y 2010. No estaba por la labor de entregarle las decisiones del presidente y sus consejeros al considerar que las deliberaciones eran secretas. Tras dos ultimátums, la juez accedió a depositar las actas en un armario acorazado de los juzgados sevillanos con cámaras y vigilado las 24 horas. En septiembre de 2011, el Tribunal falló a favor de Alaya garantizando el carácter público de las actas, aunque dejó la puerta abierta a que la Junta reservara«documentación secreta».

Folios «desordenados»


«Colaboración proactiva». No había intervención en elParlamento andaluz o ante los periodistas que el entonces consejero de Empleo, Manuel Recio, no acabara con esta coletilla. Pero la realidad era otra. En mayo de 2011, la juez sevillana ordena a laPolicía Judicial que investigara el «batiburrillo de papeles inconexos» que le había mandado. Sospecha que la Junta hizo una «construcción o reconstrucción apresurada» de los expedientes con las ayudas, algunos de los cuales son simples post-it adhesivos.

Expurgo de papeles


En junio de 2012, la Guardia Civil alertó de que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo, no sólo «se sacó documentación comprometida» para la investigación, sino que «los expedientes reclamados por el Juzgado no se mandaron tal cual estaban en esta dirección, sino una vez completados con distintos documentos que les faltaban a los mismos y que eran reclamados de los distintos organismos que los pudieran tener».

Revisión confidencial


Durante el fin de semana del 20/21 de noviembre de 2010, aprovechando que no había funcionarios trabajando, nada más conocerse las primeras irregularidades en un ERE, hubo una reunión en la Dirección General de Trabajo para revisar papeles de los ERE, en presencia de Recio, Rivera y del entonces viceconsejero,Justo Mañas, imputados en la causa. Francisco Guerrero, exdirector de Trabajo, denunció la destrucción de informes.

2.500 folios sin entregar


La Guardia Civil afeó al Ejecutivo de Griñán en marzo de 2013 que había demorado durante once meses, sin causa objetiva que lo justificara, la entrega de 2.500 folios requeridos por Alaya para avanzar en la investigación del supuesto desfalco de 50 millones de euros en «sobrecomisiones» por tramitar pólizas de prejubilación. La juez tuvo que reclamar a la Junta hasta en dos ocasiones la lista completa de los intrusos en los ERE.

«Defensora» de acusados


En julio pasado, Alaya colocó en un aprieto a la Junta, al reprocharle que tenía una «posición más propia de una defensa que de una acusación particular» por recurrir el auto que ordenaba la imputación de una veintena de cargos y excargos públicos de la Junta, entre ellos la exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez. «Llama la atención por la aireada actitud de colaboración que pregona para sí la Junta de Andalucía», ironizó.

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