Una auténtica ‘caza de brujas’. La jefa de Servicio de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Isabel Almendro Flores, reunió a funcionarios y contratados laborales el pasado Miércoles Santo, un día después de la publicación de este diario de la estafa en los cursos de formación, para detectar si alguien de su equipo había filtrado las irregularidades que investiga la UDEF dentro de la llamada Operación Edu.
“Quería saber si alguno de ellos sabía algo de lo que vosotros estabais publicando; fue una maniobra para asustarlos y que no se atrevieran a decir nada”, corroboran a El Confidencial fuentes próximas a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Andalucía. Almendro sospechaba de funcionarios experimentados y no de los contratados, que al depender sus nóminas de una renovación, son más dóciles y aceptan sin rechistar las órdenes internas.
Un grupo de policías de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) vestidos de paisano estuvo ya hace varios meses buscando datos y expedientes sobre los cursos de formación. Tras entrevistarse con funcionarios de la Junta de Andalucía en Málaga, se llevaron documentación, sobre todo, de la etapa de la gestión de Juan Carlos Lomeña (2004-2011), exdelegado de Empleo de la Junta de Málaga, sobre el que centra ahora las pesquisas policiales. Lomeña fue quien nombró a Almendro jefa de Servicio.
Con Lomeña y tres delegadas
Este cargo de confianza de la Junta, que posee un nivel 27 dentro de la administración autonómica (el máximo es 30) y gana unos 3.200 euros brutos al mes sin añadir el plus de productividad, se ha mantenido en el puesto con las sucesoras de Lomeña: las delegadas Susana Radío, Marta Rueda (estas dos políticas de máxima confianza del polémico consejero PepínSánchez Maldonado) y Patricia Alba. Isabel Almendro, que estos días se le ve “muy nerviosa por lo que se está publicando”, según relata un funcionario de la Junta a este diario, figuró como “promocionada” en la lista de cargos afines elaborada por miembros del PSOE de Málaga y de la Junta de Andalucía y que difundió por error la secretaria de Rueda al correo electrónico de la concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín Rojo.
El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. (Efe) El consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso. (Efe)
El equipo de Formación de Empleo, formado por una treintena de personas entre funcionarios y contratados laborales, pertenecía hasta septiembre de 2013 a la Consejería de Empleo. Desde esa fecha las competencias de Formación las asumió la Consejería de Educación y Cultura que pilota el malagueño Luciano Alonso. La sede de Formación se encuentra en el Edificio Eurocom de Málaga, a escasos 200 metros del Edificio de Usos Múltiples de la Junta (el Edificio Negro), sede de la delegación de Educación en la capital malagueña.
Hacinados y ‘enchufados’ que tramitan subvenciones
“Los empleados trabajan en un mínimo espacio, están hacinados; el servicio informático ha fallado continuamente y los cables estaban por el suelo; también ha habido muchos cortes de luces. Así no podían trabajar de modo regular. Iban a su puesto, pero estaban con los brazos cruzados”, denuncia a este diario un sindicalista de los funcionarios de la Junta de Andalucía. Ante esos problemas, la Junta los llegó a reubicar en una sala de juntas de la planta 11 del Edificio Negro y en otra destinada para dar clases de la segunda planta.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) presentó un escrito a la Fiscalía de Málaga en junio de 2012 contra Marta Rueda e Isabel Almendro para denunciar que al menos ocho trabajadores de los enchufados de FAFFE (Fundación Pública de Formación y Empleo) suprimida por decreto publicado en el BOJA del 29 de abril de 2011 trabajaban en el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta en el departamento de tramitación de subvenciones “sin realizar requerimientos de documentación por escrito”. Esta fundación fantasma que consiguió en 2011 una subvención de 16 millones de euros cuando este organismo ya estaba extinto, como relató este diario en diciembre de 2012.