Los recursos
humanos, es decir, las personas que realizan un trabajo dentro una empresa,
son el principal patrimonio, precisamente, de esa empresa. Los expertos que
analizan el éxito o el fracaso de las empresas establecen que sus
administradores no deben despreciar, ni deben desperdiciar este preciado
recurso, pues de él depende en gran medida el que esa empresa funcione.
Concluyen
estos expertos que si una empresa cuenta con unos recursos humanos adecuados
sus gestores cometerían un gran error al infravalorar su importancia, pues
incluso la mejor de las ideas sólo sale adelante gracias al trabajo que aportan
los miembros del equipo.
Es la cualificación
y la capacidad profesional de los trabajadores lo que ayuda a levantar un
proyecto y en caso de éxito, lo que le proporciona un valor añadido
fundamental.
Al leer esto
se puede pensar que es una perogrullada, sin embargo en el caso de la
Administración Pública los gestores no son conscientes de la importancia de los
recursos humanos propios con los que cuentan.
Una
valoración de los recursos humanos de una empresa privada suele hacerse en
términos de costes versus beneficios.
En la
Administración Pública el recurso humano propio y garante del servicio público
es un gasto, como se constata en los presupuestos anuales, Capítulo 1:
"Gastos de Personal". En la Administración Pública se considera una
inversión contratar servicios con empresas externas, por ende recursos humanos
externos, para realizar los trabajos que deben ser realizados por el personal propio de la administración.
Motivar al
trabajador en la empresa privada casi siempre resulta más sencillo que en la
Administración Pública. En primer lugar, porque está en juego el puesto de
trabajo, ya que si el trabajador piensa que haciendo bien las cosas tiene más posibilidades
de continuar en la empresa, se esforzará más; también es sencillo incentivar
vía mejora económica.
En la
Administración Pública, los empleados públicos tienen, de momento, su
estabilidad laboral asegurada, y la vía de los incentivos económicos está muy
limitada. Es por ello que la motivación ha de llegar por otros caminos; a
través de una estructura organizativa clara; mediante la cercanía y el
reconocimiento del político de turno; además se ha de respetar el trabajo y las
iniciativas de los empleados públicos y por supuesto el entorno de trabajo ha
de ser lo más agradable posible.
La primera
finalidad de una empresa o de un empresario es ganar dinero, la de la
Administración Pública es y debe ser la prestación de servicios. Esto no significa
olvidar la eficiencia, que debe siempre estar presente en la gestión pública,
pero el funcionamiento ha de ser distinto al de la empresa privada, ya que los
objetivos lo son.
La
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no es una empresa privada y en ella
existen personas que deben considerarse profesionales: los empleados públicos a
su servicio.
La labor de
los empleados públicos en el seno de las Confederaciones Hidrográficas es
fundamental para llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Sin
un control efectivo, una tutela permanente y vigilancia organizada es
completamente impensable la práctica de una política de aguas eficaz. Estos
empleados públicos, profesionales, son justamente los garantes de esos
derechos.
Hace tiempo
ciertos políticos hablaban ante los medios de comunicación ensalzando la labor
de los empleados públicos del Guadalquivir, "hombres y mujeres que han
dedicado su vida, con total profesionalidad, al empleo público, es,
precisamente, que ahora se encuentran en una absoluta indefensión y temen por
el desarrollo de su labor e incluso, por sus propios sueldos y puestos de
trabajo”.
El tiempo
transcurrió y actualmente esos hombres y mujeres se sienten absolutamente
"ninguneados" por parte de aquellos que gestionan la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, por parte de aquellos que elogiaron su trabajo, "no
nos contestan a ninguno de los escritos que enviamos y no cuentan con nosotros,
cuando somos empleados públicos del Organismo". "Llevamos años
denunciando como se otorgan nuestro trabajo y funciones a trabajadores y
empresas externas, pero no nos hacen ni caso", "pedimos trabajo y nos
lo niegan".
Se ha
recibido un documento que parece ser se ha remitido al Secretario de Estado de
Medio Ambiente. De nuevo se pone en conocimiento del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente un grave problema: La negativa del derecho al trabajo que los empleados públicos de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitan una y otra vez y que los gestores del
Guadalquivir menosprecian, optando por convenios de colaboración con filiales
de Tragsa y diversas empresas externas para trabajos de carácter jurídico,
administrativo y técnico que requieren potestades públicas y la garantía de una política de aguas eficaz.
No nos queda
otra que pensar que, en el fondo lo que ocurre, además de la cercanía a una
posible privatización, es que muchos
de los responsables de estos Recursos Humanos no han dejado de ser los
típicos capataces de peones del XIX.
Refrán del día: Uno corre tras la liebre y el otro, sin correr, la
alcanza.
No hay comentarios:
Publicar un comentario