La diferencia entre una denuncia formal (manifiesta) y una que no lo es (anónima) no debiera estar en si el denunciante se identifica o no, sino en si aporta o no algún principio de prueba, documento, indicio serio o información con contenido, y no conjeturas o habladurías. Y eso ya se recoge en la Ley, además de que si la oficina competente funciona como debe, nunca hará caso de algo llamado “denuncia”, por muy formal o identificada que esté, si no tiene esos datos o indicios comprobables. No digamos cuando la información que se facilita es en realidad pública, al menos formalmente, y la Administración competente podría haberla conseguido por sí misma, si hubiera sabido donde mirar.
El periódico “El Confidencial” inicia su crónica en el mes de julio del pasado año, continuando hasta hoy, poniendo nombre y apellidos, con datos fiables obtenidos tanto de la Plataforma de Contratación del Sector Público como de denuncias manifiestas, sobre personas y empresas que más se han beneficiado de las adjudicaciones en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Informaciones necesarias para que el ciudadano conozca mejor los vínculos de estas personas y empresas con lo público. Porque el dinero invertido en esas adjudicaciones es público, es de todos, todos tenemos derecho a saber a quién estamos contratando. No se puede contar con una panorámica amplia del problema si no se investiga tanto al adjudicador como al adjudicatario.
El Informe de la Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estudia, en base a denuncias anónimas de empleados públicos e informaciones de El Confidencial, las contrataciones realizadas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante los años 2012, 2013 y 2014 y analiza las irregularidades existentes con limitaciones, "limitaciones de la Inspección en la investigación de irregularidades".
El informe da sus conclusiones: falta de diligencia; no se pueden demostrar presiones ni vínculos amistosos; es difícil cuestionar la adjudicación de los contratos por el procedimiento abierto.
El análisis nos permite comprobar lo ya conocido, una disminución evidente de adjudicaciones por el procedimiento negociado sin publicidad en el año 2014, quizá debido al aviso del Órgano competente ante las denuncias anónimas sobre el abuso en la utilización de dicho procedimiento.
Las conclusiones, no obstante, nos permiten ver que siguió el uso de la contratación menor que, en su apariencia de legalidad, sigue incumpliendo los criterios de publicidad, vulnerando los principios generales de contratación administrativa de libre concurrencia, igualdad y no discriminación.
Dicen los matemáticos que:
"Aquellos que abusan de las matemáticas también abusan de nosotros. Nos convertimos en presas de las triquiñuelas comerciales, las estafas financieras, la charlatanería médica y el terrorismo numérico de los grupos de presión, todo porque somos incapaces (o no estamos dispuestos) a pensar con claridad durante unos momentos."
"Si quieres demostrar algo absurdo toma un montón de datos, tortúralos hasta que digan lo que quieres demostrar, y a la confesión así obtenida llámale estadística".
"Si se reúnen suficientes datos, se puede demostrar cualquier cosa con ayuda de la estadística".
"Para conseguir un aire de precisión científica que dará consistencia a la estadística más fraudulenta, emplee los decimales".
"Los porcentajes son terreno fértil para la confusión y al igual que los decimales que siempre impresionan, pueden proporcionar una aureola de precisión a lo inexacto".
Lamentablemente la brecha entre las dos culturas, las humanidades y las ciencias, nos ha conducido a situaciones tan paradójicas como que el ciudadano medio se jacte de su analfabetismo matemático:
"Yo de números no entiendo …" y sin embargo le parezca signo de profunda incultura el desconocimiento de quién era Cervantes. Ambas negligencias son incultura. Y la ignorancia siempre ha sido la puerta de entrada para las injusticias, los atropellos y el engaño.
Como ciudadanos responsables y como empleados públicos profesionales valiosos, debemos tener una habilidad básica para distinguir entre conclusiones matemáticas que parecen ser válidas de las que son gravemente defectuosas.
Por otro lado el Tribunal de Cuentas advierte y toma medidas sobre determinados aspectos relacionados con las contrataciones de servicios, el informe de la Inspección nos enumera los contratos pero “no entra en el fondo del asunto”. Cada Pliego de Servicios toma como causa la insuficiencia de medios propios sobrevenida tras la reversión al Estado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En los expedientes de contratación debe determinarse con precisión la naturaleza y extensión de las necesidades a satisfacer, la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas y la insuficiencia de medios propios, lo que en ultimo extremo garantiza una eficiente utilización de los fondos públicos.
La insuficiencia de medios que determine la necesidad de acudir a la contratación externa debe justificarse en el expediente, sin que una motivación genérica se considere suficiente.
En ninguna de las adjudicaciones se detalla el por que no era oportuno ni necesario ampliar los medios humanos y materiales del Organismo, ni tampoco consta la realización de un estudio técnico comparativo, al respecto, que valorase la posibilidad de prestar el servicio con personal propio de la Confederación, en lugar de acudir a la externalización sistemática del servicio que se lleva prestando, ininterrumpidamente, pliego tras pliego, por lo que no resulta suficientemente acreditada la necesidad de la contratación.
En cualquier caso, teniendo presente las características y funciones especializadas devueltas al Estado, se debería haber contado o, se debería contar, con los medios tanto materiales y personales suficientes para realizar satisfactoriamente la prestación del servicio, o bien se debería haber realizado un estudio comparativo sobre la diferencia entre el coste que supondría su realización por su propio personal o el que se derivaría de su externalización, que, en los supuestos de todos ya conocidos, supera los 30 millones de euros.
La normativa contractual prevé la posibilidad de contratar servicios, es decir, trabajos, pero no trabajadores. Si la Administración precisa trabajadores debe valorar la posibilidad de realizar los servicios con medios propios.
Las circunstancias anteriores ponen en cuestión que los mencionados servicios continúen siendo externalizados, puesto que al tratarse de una necesidad continuada en el tiempo y de unas prestaciones consistentes, en esencia, en el trabajo de un grupo de personas físicas con determinada calificación, debería el Organismo haber examinado la posibilidad de realizar con medios propios las actividades objeto de este sinfín de contrataciones, y proceder a valorar el ahorro que ello supondría en los gastos de la propia Confederación y, por supuesto, exigir la apertura de la oferta de empleo público en el Organismo por ser, según estas premisas, claramente deficitario.
A la vista de todo lo anterior, si algo sucede a menudo lo más probable es que siga sucediendo, máxime si no se pone remedio, por muchas Instrucciones del MAGRAMA vigentes e informes de la Inspección de Servicios, si para la protección de bienes y recursos públicos, incluidos los medios humanos, no se establecen unas disposiciones que requieran que quienes desempeñan funciones públicas se vean obligados a proteger esos bienes y recursos que le han sido confiados en razón de sus funciones. Unas disposiciones que impidan la pérdida, daño o uso indebido de esos bienes y recursos públicos, unas disposiciones relacionadas con la rendición de cuentas sobre los recursos públicos "no protegidos" y unas disposiciones que tipifiquen y establezcan las correspondientes sanciones y las consecuencias por incumplimiento.
Con todo esto algunos tenemos las cosas bastante claras cuando desde el presente examinamos el pasado, no solo por la razón obvia de que ahora tenemos más información que entonces y sabemos cómo puede acabar todo, sino también porque podemos juzgar desde cierta distancia, con otra perspectiva y, en especial, con menos implicación emocional. Eso nos permite examinar con serenidad y mayor objetividad una situación pasada. La conclusión suele ser que casi siempre existían otras posibilidades o líneas de acción que no pudimos ver entonces.
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