En
general
la población accede a la información desde los medios de comunicación,
mayoritariamente a través de televisión y/o prensa impresa.
El grueso de la información que llega a los ciudadanos de un modo u otro sigue siendo de la misma fuente.
La información debatida y contrastada queda aparcada en un círculo minoritario que no llama la atención al ciudadano en general.
La información política de los grandes medios se ha convertido en un “show sensacionalista” en el que la seriedad y la búsqueda de la verdad en la noticia deja paso a la competición por la publicación de escándalos y opiniones que aumenten el barómetro de audiencia, transgrediendo la ética profesional periodística, el objetivo: desviar la atención de lo realmente importante.
La CORRUPCIÓN ha sido tratada como un problema producido por personas, “caraduras” que han aprovechado su condición, su cargo público, para obtener un beneficio personal. Esto es lo que nos venden y esto es lo que cree la gran mayoría.
Otro
grupo menos mayoritario recaba la información de las redes sociales, pero su
fuente sigue siendo la misma, los poderes mediáticos, los medios de
comunicación. De ese modo, se comparten titulares de prensa y cortes de informativos o
instantes de programas de debate y se suele dar mayor importancia al titular,
sensacionalista o tergiversado, que al contenido real del artículo que en
demasiadas ocasiones dista mucho del titular.
El grueso de la información que llega a los ciudadanos de un modo u otro sigue siendo de la misma fuente.
La información debatida y contrastada queda aparcada en un círculo minoritario que no llama la atención al ciudadano en general.
La información política de los grandes medios se ha convertido en un “show sensacionalista” en el que la seriedad y la búsqueda de la verdad en la noticia deja paso a la competición por la publicación de escándalos y opiniones que aumenten el barómetro de audiencia, transgrediendo la ética profesional periodística, el objetivo: desviar la atención de lo realmente importante.
La CORRUPCIÓN ha sido tratada como un problema producido por personas, “caraduras” que han aprovechado su condición, su cargo público, para obtener un beneficio personal. Esto es lo que nos venden y esto es lo que cree la gran mayoría.
La
realidad es bien distinta.
Los casos de corrupción de los políticos con cargos públicos son un hecho mucho más complejo ya que conlleva la contraprestación de un beneficio público para la empresa privada, por ello la red de responsables públicos es mucho más extensa de lo que nos hacen ver.
Pura lógica. Se justifica la externalización y/o privatización de la gestión de los servicios públicos a favor del Sector Privado.
La ciudadanía queda desprotegida y, si el servicio está externalizado, la Administración ya no será responsable.
Se habla de fraude fiscal pero en ningún caso se ha podido cuantificar el beneficio que ha obtenido la empresa privada que ha “regalado” millones de euros por ese “favor” y la pérdida de dinero público que ello ha producido.
La contratación “a dedo” del personal de confianza en toda la red pública, favorece estos casos ya que los somete a las órdenes, en detrimento del acatamiento de las normas.
Falla el control en la Administración Pública en toda su escala y eso nadie lo quiere reconocer, siendo su máximo responsable el gobierno del Estado y los diferentes gobiernos autonómicos, a su nivel.
Este fallo de control es un fallo consentido, consentido por todos aquellos que ven incrementado su patrimonio a costa de todos nosotros.
No son personas en particular sino toda una trama consolidada, desde su cúspide con las cuentas bancarias millonarias, hasta la base con triquiñuelas para conseguir un empleo público a cambio de una sumisión completa a las directrices políticas de turno.
Se ha creado a través de los años, en la política, una nueva forma de “hacer negocio con lo público” con beneficios espectaculares.
El decir que los partidos políticos con cargos públicos, no son conocedores de lo que ocurre entre sus filas nos hace pensar en dos opciones: nos mienten o son nefastos gestores. Ninguna de esas opciones son beneficiosas para la gestión pública.
La independencia de las Administraciones Públicas y de sus funcionarios frente a vaivenes políticos, cambios en los cargos de designación directa y en sus responsables últimos, es el mayor garante con el que cuenta nuestro sistema para garantizar su correcto funcionamiento, al margen de injerencias externas e intereses ilegítimos.
En este contexto, un funcionariado bien preparado e independiente es un arma destacada y primordial en la lucha contra el lastre que supone para este país la corrupción.
Por lo tanto factores como la capacitación, la profesionalidad y la independencia en su labor en servicio de la estructura administrativa del Estado y del ciudadano, les convierte en garantes no solo del funcionamiento cotidiano sino del mantenimiento futuro de dicha estructura.
La
corrupción está desprestigiando nuestro trabajo como empleados públicos y nadie
pone remedio.
Nadie mete el dedo en la llaga.
Nadie mete el dedo en la llaga.
Han de articularse medidas efectivas para evitar injerencias y presiones políticas, así como para la protección de todos aquellos que desde su actuación honesta como funcionarios decidan denunciar una irregularidad que afecte a los ciudadanos y los bienes públicos.
Son
más notables para la población las corruptelas que el trabajo diario de todos
nosotros los empleados públicos honestos.
Tenemos que despertar y continuar defendiendo nuestro trabajo, nuestra ética profesional y no dudar en decir la verdad, aunque nos duela.
Es la única salida para abrir los ojos a la ciudadanía y concienciar la defensa de un sistema público eficaz, eficiente, equitativo y al servicio de los ciudadanos.
¿Alguien recuerda que es un empleado público, cuáles son sus funciones, qué garantiza su independencia e imparcialidad? Veáse: Código de la Función Pública.
Sin un funcionariado independiente y honesto, ajeno a los vaivenes políticos, parece improbable el funcionamiento de la Administración.
Los gobiernos de uno u otro signo pasan pero, con la ley vigente, los funcionarios permanecen; limitarnos en nuestras funciones es un derroche que no se puede ni se debe permitir. ¿Lo vas a permitir?...Nosotros no.
http://plataformaaguapublica.blogspot.com.es/2015/04/distorsion-de-la-realidad-la.html
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