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martes, 10 de septiembre de 2013

Alaya imputa a Griñán y a Chaves por el 'caso ERE'


La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado este martes al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

Griñan comunicó el pasado mes de julio al Comité Director del PSOE andaluz que abandonaba la Presidencia de la Junta, justo el día antes de que el exinterventor, Manuel Gómez, declarase ante la magistrada por el caso de los ERE fraudulentos.

Igualmente, la juez ha imputado por el caso ERE al expresidente Manuel Chaves, el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, la exconsejera Hacienda Carmen Martínez Aguayo, exconsejero de Economía Antonio Ávila, y los también exconsejeros Manuel Recio y Francisco Vallejo.

Estas imputaciones, que suman 123 al caso de los ERE, se producen el mismo día en el que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía toma posesión y tres días después de que lo hiciera Susana Díaz como jefa del Ejecutivo regional tras la marcha de Griñán.

La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, acuerda "comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", a las citadas personas, por su presunta colaboración para un "uso ilegal y continuado de fondos públicos".

Según el auto, estos siete altos cargos permitieron cobrar sobrecomisiones a las mediadoras que gestionaban los ERE o llevar a cabo "a cambio de ciertos favores, las modificaciones presupuesta que permitieron, en términos indiciarios, desde abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación".

La Junta creó "la partida fraudulenta a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones, que ascendió a más de 93 millones de euros en menos de dos años", añade el auto.

El convenio marco de julio de 2001 y las transferencias de financiación instauradas a partir de 2002 tuvieron como consecuencia "eludir el cumplimiento de la Ley de Subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites, y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década", añade Alaya.

La juez hace un análisis de las consecuencias de la imputación de personas aforadas y reconoce que se trata de un proceso con "consecuencias procesales extrañas" y que les deja en "una condición harto peculiar".

Así, explica que como juez de instrucción "no puede realizar con respecto a los aforados un juicio formal de imputación" pero "sí puede y debe hacer dos cosas: la primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean" y la segunda, "tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados, remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente".

Tal como hizo la Audiencia de Sevilla en un auto de julio pasado que respaldó la actuación de Alaya, los aforados que hasta ahora hayan tenido un "conocimiento mediático de la causa" pueden personarse e incluso "solicitar su declaración voluntaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al suplicatorio de dicho tribunal ante las Cámaras a las que hubieren pertenecido".

Alaya dice "ser consciente" de que en la práctica en estos casos puede producirse un "efecto multiplicador de la expectación e influencia negativa de los medios de comunicación sobre dichas personas, pues primero pueden verse señaladas en la presente resolución como imputados, más tarde y en su caso en la exposición razonada si hubiere lugar, y finalmente como inculpados por el tribunal superior, si procediere".

No obstante, la juez considera que es momento de comunicar la existencia del procedimiento a los aforados a la vista de "la relevante documentación aportada, especialmente los informes de la Intervención General, la documentación presupuestaria, la procedente de la dirección general de Trabajo" y las subvenciones a la Sierra Norte de Sevilla.

Los imputados son Chaves como presidente de la Junta entre 1990 y 2009, Griñán como consejero de Economía y presidente de la Junta entre 2009 y 2013, Viera como consejero de Empleo entre 2000 y 2004, y Martínez Aguayo por su papel como viceconsejera de Economía y luego titular del departamento entre 2009 hasta hoy.

También son imputados Recio, consejero de Empleo entre 2010 y 2012, Vallejo como titular de Innovación entre 2004 y 2009, y Avila como consejero de Economía e Innovación desde 2010 a la actualidad

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