jueves, 26 de junio de 2014

Parlamento rechaza instar a Junta a compensar a los empleados públicos los recortes salariales en los tres últimos años

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una proposición no de ley defendida por el PP-A, en la que se pedía que la Cámara instara a la Junta a adoptar el compromiso firme de compensar en el futuro a los empleados públicos andaluces de la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por los sucesivos recortes salariales ya aplicados en los ejercicios 2012, 2013 y 2014 y a convocar una mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales más representativas a fin de establecer un calendario cierto para la devolución efectiva de estas cantidades.

   También se ha rechazado demandar a la Junta a adoptar las medidas oportunas para dejar sin efecto, para el presente ejercicio, los recortes en las retribuciones de los empleados públicos andaluces contemplados en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, y a acordar la no ampliación del ámbito temporal de las medidas aprobadas en este sentido en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

   El Pleno del Parlamento también se ha opuesto a demandar al Gobierno andaluz a que proceda con carácter inmediato al abono íntegro de la paga extra correspondiente al mes de junio y garantizar el pago en tiempo y forma de la correspondiente al mes de diciembre del presente año y, asimismo, a hacer efectiva la supresión inmediata de la reducción de los complementos de productividad, complementos variables y conceptos asimilables.

   En el último de los puntos de la iniciativa se instaba a la Junta a garantizar que el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2015, que remitirá al Parlamento de Andalucía para su posterior aprobación, no contemplará una nueva prórroga de los recortes retributivos previstos en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, ni en su caso nuevas medidas que supongan la perdida de derechos retributivos de los empleados públicos andaluces.

En defensa de la iniciativa, Rafael Ruiz Canto ha asegurado que el reciente anuncio de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de restitución íntegra de las pagas extras para 2015 no incluye la eliminación de otros "no menos importantes recortes retributivos" que también se han venido aplicando en los tres últimos años y que se mantendrían para el próximo ejercicio presupuestario.

   Según ha indicado, las sucesivas medidas de ajuste que ha venido aprobando el Gobierno andaluz han recaído principalmente sobre mayores incrementos de cargas tributarias, recortes de servicios sociales, educativos y sanitarios, y muy especialmente han incidido injusta y desproporcionadamente sobre los derechos retributivos de los empleados públicos andaluces.

   Asimismo, Ruiz Canto ha afirmado que durante tres ejercicios consecutivos al amparo de las competencias de autoorganización, política económica, hacienda pública autonómica y régimen de personal que tiene atribuidas la Junta, el Gobierno andaluz ha impuesto la penalización y el agravio a los empleados públicos frente a otras alternativas para la reducción del déficit público.

   Por su parte, el diputado del PSOE-A José Caballos ha afirmado que esta iniciativa, "aunque no lo parezca", es del mismo partido que gobierna en España, por lo que ha pasado de la "estupefacción inicial" a la indignación tras leerla en su totalidad. "Fue el PP el que aprobó los PGE de 2012, 2013 y 2014, la ley de estabilidad presupuestaria y los límites de deuda y déficit", ha apuntado, añadiendo que el Gobierno andaluz "hace lo que puede dentro de los márgenes presupuestarios que tenemos".

   Caballos ha destacado también que el PP ha impuesto una ampliación de la jornada laboral a los trabajadores públicos, "que trabajan más y ganan menos" y que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se "vanagloria" de haber despido a más de 400.000 empleados públicos. En este contexto, ha dicho que del Gobierno andaluz no ha tenido otra opción que pedir un sacrificio a estos trabajadores "para mantener el máximo empleo y repartir el tiempo de trabajo".

   Finalmente, la diputada de IULV-CA Rosalía Martín ha criticado la "amnesia" del PP-A al presentar esta iniciativa y no hacer ninguna alusión en la misma al contexto financiero, en relación a que las comunidades autónomas están sometidas al marco de estabilidad y déficit impuesto por el Gobierno de la Nación y a un "duro" plan de ajuste que lleva a recorte de derechos sociales y laborales. Ha dicho que su formación aceptaría los puntos de la iniciativa si el Ejecutivo central "se comprometiera a hacer lo mismo".

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-parlamento-rechaza-instar-junta-compensar-empleados-publicos-recortes-salariales-tres-ultimos-anos-20140626172558.html

CTA denuncia públicamente que cargos públicos tengan planes privados de pensiones

miércoles, 25 de junio de 2014

Toda la verdad sobre el Hotel Fair Play



*La noticia publicada en Diario de Cádiz:

Los trabajadores del hotel Fairplay estudian endurecer sus protestas

La justicia aún no ha aprobado el ERE presentado por los administradores el pasado marzo

Pedro M. Espinosa cádiz | Actualizado 21.06.2014 - 05:01

Desesperados. Así están los más de 60 trabajadores del hotel Fairplay&SPA de Benalup después de casi un año sin cobrar sus nóminas. Haciendo malabares económicos van tirando con un ojo puesto en que el establecimiento hotelero no se deteriore -más aún- y otro en la resolución de la jueza de lo Mercantil que debe aprobar el ERE presentado por los administradores concursales, Ramón Dávila y José Manuel Chaves. La documentación, junto a la solicitud para la liquidación de la sociedad, se le presentó en marzo, pero hasta el momento no han tenido noticias y la incertidumbre crece.

Gervasio Bravo, presidente del comité de empresa, ha solicitado una reunión con la jueza para tratar el tema y hacerle ver la urgencia de su caso, "aunque nos ha dado cita para el 17 de julio". A su entender, "como nos metamos en verano sin una solución podemos pasarlo muy mal, porque se va a cumplir un año sin cobrar y la situación de muchos compañeros es horrible". Y es que algunos trabajadores de este establecimiento hotelero, construido en plena bonanza económica y que en su día fue símbolo del lujo que podía ofrecer la tranquila localidad de Benalup al turismo centroeuropeo, han tenido que abandonar sus viviendas ante la posibilidad de pagar las mensualidades y buscar el apoyo de familiares y amigos.

Los 62 trabajadores del Fairplay esperan que la jueza dé el visto bueno al ERE para poder comenzar a cobrar el paro, "e iniciar los trámites para que el Fogasa nos abone tanto los atrasos como la indemnización que nos corresponde, que serían de 20 días por año trabajado", dice Gervasio.

Tal es la situación de desesperación entre los empleados del hotel que han comenzado a barajar la posibilidad de endurecer las movilizaciones. "Queremos que se nos escuche, y aunque puede haber quien piense que estas movilizaciones son contraproducentes en estos momentos, tenemos que hacernos oír porque aquí lo estamos pasando muy mal y la situación no avanza. Son demasiados meses ya sin cobrar, ya no podemos más".

Y mientras tanto, los administradores concursales continúan buscando posibles compradores que quieran invertir en el hotel para ponerlo en funcionamiento próximamente. Algunos aspirantes ya han visitado varias veces las instalaciones y se muestran muy interesados, aunque ahora hay que cerrar los acuerdos económicos.

Los trabajadores siguen haciendo lo posible por mantener en buen estado el hotel, sobre todo el campo de golf, que necesita cuidados especiales y un gran gasto de agua. Su pérdida sería un contratiempo más, puesto que recuperarlo costaría una bonita suma.

Promoción Grupo III. Listados aspirantes que han superado cursos habilitación.


Acuerdo de la Comisión de Selección por el que se hace público la relación de aspirantes que han superado los cursos de habilitación, así como listados de personal con reserva del mismo, del proceso selectivo convocado por Resolución de 25 de junio de 2013, para la cobertura de vacantes correspondientes a categorías profesionales del Grupo III, mediante concurso de promoción.



Empleo pagará hasta 200 millones a las agencias privadas por colocar a parados



El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha formalizado los contratos adjudicados a 80 agencias privadas de colocación por un importe total estimado de 200 millones de euros para que colaboren con los servicios públicos de empleo en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas. 

Bruselas se llena de pancartas gigantes sobre paro español para pedir un cambio.

Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), los contratos se adjudicaron entre el 15 de abril y el 17 de junio de este año.

El anuncio de licitación se publicó en agosto de 2013 y, según constaba en el pliego de condiciones, las agencias de colocación recibirán entre 300 y 3.000 euros por cada parado al que encuentren trabajo durante un tiempo mínimo.

Las cantidades oscilan entre los 300 euros por la colocación de menores de 45 años que lleven de 3 a 6 meses en el paro y los 3.000 euros por encontrar empleo a mayores de 45 años que lleven más de 2 años desempleados.

La cuantía por inserción se cobrará siempre que los contratos sean por un plazo equivalente al menos a seis meses a tiempo completo en un periodo de ocho meses y podrá ser minorada si las inserciones se producen mediante contratos a tiempo parcial.

Además, se ofrece un pago de hasta el 15% de la cuantía de inserción por la resolución de irregularidades que concluyan con la imposición de alguna sanción al desempleado y que se pagará aunque no se le consiga empleo.

Las agencias de colocación no percibirán pago alguno por parte de los servicios públicos de empleo por las personas encomendadas si obtuvieran también una remuneración por esas mismas personas por parte de su empleador.


http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoj/economia/noticias/5887283/06/14/Empleo-pagara-hasta-200-millones-a-agencias-privadas-para-insertar-a-parados.html

martes, 24 de junio de 2014

Nuevas tablas de I.R.P.F.‏



*Comentario de C.T.A.

Las forma de interpretar las nuevas tablas de retención del I.R.P.F.,  no es que a quién tenga unas percepciones retributivas brutas superiores a 60.000 € anuales se les descuenta el 47%, sino que aquellos que ganen más de 60.000, el tramo entre esos 60.000€ y lo que perciban (superior) se les aplica una retención del 47%.
Es decir, que todas las retenciones de una nómina se aplican sobre tramos.

La valoración que hacemos es muy negativa, puesto que está muy claro que para las rentas altas, efectivamente si existe una rebaja. Para las rentas medias como puede ser el tramo entre 20.200 y 35.200 hay una rebaja de entre el 1,5 y el 2%. Y para las rentas bajas se mantiene unos porcentajes muy altos.

En realidad esta rebaja de impuestos no llega a compensar la subida que hubo en el 2011, de hecho en aquel entonces significo 7.000 millones de euros y esta representa 5.300 millones de euros.

Con un añadido importantísimo y que significa en despropósito mayúsculo una vez más contra los desempleados y los más débiles, puesto que las indemnizaciones por despido a partir de los 2.000 € van a tributar.

Esta rebaja de impuestos a las Sociedades Mercantiles y a los tramos retributivos superiores va a significar una nueva reducción de los servicios públicos y un aumento de las desigualdades en este País.

Por lo tanto, nuestra oposición rotunda como C.T.A. 

El Gobierno esconde tras el aforamiento del Rey una dura Reforma Laboral contra los empleados públicos más precarios



En los últimos días el Gobierno ha conseguido que el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, que se encuentra actualmente a trámite en el Senado, esté en boca de todos al incluir una enmienda para proceder al aforamiento de Juan Carlos I tras su abdicación. Pero lo que se ha ocultado a la opinión pública es que el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Senado ha aprovechado este tramite parlamentario para incluir otra enmienda en este Proyecto de Ley, que supone una nueva Reforma Laboral que deja en situación de absoluta indefensión laboral a decenas de miles de empleados públicos. Por su relevancia social y jurídica podéis descargar aquí la enmienda presentada por el PP.

La enmienda formulada por el Partido Popular, claramente inconstitucionales en mi opinión, se dirige directamente contra los colectivos más débiles de las administraciones públicas, esto es: personal laboral contratado en fraude de ley, personal laboral temporal, personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial, desempleados que prestan servicios para las administraciones mediante contratos de colaboración social, investigadores públicos o trabajadores que prestan servicios para las administraciones mediante encomiendas de gestión. Su objetivo es crear un régimen discriminatorio para este grupo de trabajadores en la aplicación de los artículos 15.1, (contratación temporal), 15.3, (adquisición de la condición de indefinido por contratación en fraude de ley), 15.5, (inaplicación de la adquisición de la condición de indefinido por el transcurso del tiempo), y 43, (cesión ilegal de trabajadores en el ámbito de las administraciones públicas) del Estatuto de los Trabajadores.Todos estos colectivos, que agrupan a cientos de miles de trabajadores en España, quedarán en una situación de absoluto desamparo si la enmienda presentada por el Partido Popular sale adelante.

La enmienda introducida por el Partido Popular, de enorme calado jurídico y social, crea una división entre los empleados públicos que, según el PP, cubren o no cubren “puestos de necesaria cobertura”. De hecho, la enmienda ya anticipa que excluye de esta naturaleza a los trabajados destinados a cubrir una necesidad temporal, los que respondan a la realización de un proyecto o prestación específica cualquiera que sea su “sustantividad”, los que tengan su origen en una colaboración social, los efectuados conforme al artículo 10 de la Ley de Contratos del Sector Público y los que se efectúan en virtud de encomiendas de gestión, cualquiera que sea la formula que hubiera motivado la declaración del trabajador como indefinido.

Según esta enmienda, los empleados públicos que ocupen puestos de necesaria cobertura seguirán desempeñando este trabajo hasta que la plaza que ocupan se cubra por el procedimiento reglamentariamente establecido (concurso, oposición, concurso-oposición, etc.). Por el contrario, los empleados públicos que cubran puestos que no se consideren de necesaria cobertura, verán cómo su relación laboral se extingue mediante la amortización de su puesto de trabajo, con los efectos económicos establecidos en el artículo 49.1.c)  del Estatuto de los Trabajadores, es decir, con una indemnización solamente de entre 8 y 12 días por año trabajado. A estos empleados públicos no resultarán de aplicación “los procedimientos y efectos previstos para el despido en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores”, con independencia del número de empleados afectados.

Esta enmienda vulnera flagrantemente la Reforma Laboral que el propio Gobierno aprobó por medio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y en concreto la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores. Esta Disposición introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que las administraciones públicas realizaran despidos objetivos por causa económica, técnica, organizativa o de producción, abonando en estos casos la una indemnización de 20 días por año trabajado prevista legalmente. Los empleados públicos contratados temporalmente, de forma interina, indefinida no fija o en fraude de ley, también tienen que ser despedidos conforme a esta Disposición Adicional Vigésima del ET, recibiendo por tanto esta indemnización de 20 días por año trabajado, resultando discriminatorio y contrario a derecho excluirlos de esta normativa. Esta postura es precisamente la que defiende la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, tal y como se ha conocido esta misma semana, al declarar nulo el despido del personal interino laboral por vacante efectuado por la Universidad Politécnica de Madrid en marzo del 2013. Pinchando en este enlace a la página web del Poder Judicial se puede comprobar que el Tribunal Supremo defiende que un empleado público, aunque sea temporal, solo puede ser despedido si concurren justificadas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También la Sala de lo Social dictaminó en 2014, en su sentencia de 22 de enero, que los contratos de colaboración social constituyen un fraude de ley cuando se conciertan por las administraciones públicas para cubrir necesidades permanentes de las mismas, cuestión que ya analizamos en este mismo blog en otra entrada a la que podéis acceder pinchando aquí.

Lo que ahora pretende el Grupo Popular con la enmienda introducida a la Ley de Racionalización del Sector Público es que estos trabajadores temporales, los desempleados contratados en colaboración social, o cualquier otro empleado público en fraude de ley, queden excluidos del ámbito de aplicación de esta Disposición Adicional Vigésima, de modo que su despido no tendrá que ajustarse a la existencia de una causa económica, técnica, organizativa o de producción, pudiendo la administración amortizar su puesto de trabajo sin alegar causa alguna, abonando al despedido una ridícula indemnización de entre 8 y 12 días por año trabajado. Queda claro que para el Grupo Popular cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se adapta a sus intereses, la Ley se cambia, y punto, aunque ello suponga una violación del derecho al trabajo plasmado en el artículo 35 de la Constitución y en la sentencia 22/1981 del Tribunal Constitucional, del Convenio 158 de la OIT o de la Carta Social Europea.

Pero la enmienda introduce otra modificación más, y es que el Grupo Popular pretende inaplicar el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo a la duración máxima de los contratos por obra o servicio determinado, a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos vinculados y dependientes. El Estatuto de los Trabajadores, con el fin de evitar la contratación fraudulenta, establece que la duración máxima de un contrato por obra o servicio determinado no podrá exceder de tres años, ampliable por doce meses más cuando así lo estipule un convenio colectivo estatal sectorial. La inaplicación de este artículo a los empleados públicos, aparte de su evidente inconstitucionalidad, supone convertir a las administraciones públicas en las máximas defensoras de la precariedad laboral. Con esta medida la contratación temporal se convierte en la regla general y no en la excepción.

Para completar el despropósito, la enmienda del Grupo Popular señala que el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la adquisición de la condición de  trabajador indefinido por el encadenamiento irregular de contratos, no será de aplicación a las modalidades contractuales contempladas en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ni tampoco a los contratos celebrados para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica contemplados en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El mensaje es claro: el Gobierno Popular apuesta por una ciencia en precario, tolerando el encadenamiento ilimitado de contratos para el personal investigador.

Por fortuna en este país aún quedan jueces y abogados laboralistas. El Gobierno podrá modificar la Ley, pero nosotros ya estamos analizando cómo enfrentarnos a ella. La batalla será larga, pero lograremos que la Justicia y el Derecho se impongan.

El Gobierno retirará automáticamente un subsidio de paro a los 61 años

*Comentario de C.T.A.

Como podéis comprobar, el Gobierno no para de crear ruina entre
los trabajadores españoles. 
 
Aquí lleváis la información de una instrucción que ha dado el 
Gobierno en el SEPE, antiguo INEM, por la que de forma 
automática al cumplir los 61 años de edad a los parados 
mayores de 52 años, ahora ya de 55, se les retira la percepción 
indefinida del desempleo 505 € y los obliga a jubilarse. 
 
El problema es que para jubilarse tienen que tener un mínimo 
de 33 años cotizados y si no los tienes no te puedes jubilar, 
por lo tanto, te quedas sin prestación. 
 
Como podéis comprobar en lugar de  solucionar problemas, 
los crean, dejando a los sectores más desprotegidos de la 
población totalmente desamparada. 

 

Una orden de Empleo plantea que se quite la ayuda para mayores de 55 años al llegar a la edad más temprana de jubilación anticipada

RAFA BERNARDO   27-05-2013 - 11:08 CET
El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ha dado orden de que, a partir de este lunes, el subsidio para parados mayores de 55 años se deje de cobrar cuando el perceptor llegue a los 61 años de edad. Es la forma que tiene de interpretar el decreto del Gobierno que obliga a los perceptores de esta ayuda a jubilarse en cuanto puedan. La edad más temprana de jubilación anticipada es precisamente de 61 años, pero no todo el mundo cumple los requisitos para retirarse a esa edad, así que la orden del ministerio puede dejar a perceptores de este subsidio sin ayuda y sin jubilación.

La instrucción del SPEE dice que la edad de jubilación temprana a la que se obligará a retirarse a los perceptores de este subsidio será "la que figure en el certificado emitido por el INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social], en los casos en que esta fecha conste". Pero a continuación pasa a admitir que "esta edad de acceso a la jubilación no puede ser determinada en la mayoría de los casos", para terminar dando con una solución que corta por lo sano: si no se puede determinar la fecha de jubilación temprana que al sujeto en cuestión le correspondería por la carrera que ha hecho "se pondrá como fecha final del derecho aquella en la que el trabajador cumpla la edad de 61 años".

Pero para poder retirarse a los 61 años de edad hay que tener 33 años cotizados, así que cabe la posibilidad de que haya gente a la que se retire automáticamente el subsidio y a la vez no pueda acceder a la jubilación. Estas personas quedarían en una suerte de tierra de nadie, y tendrían que hacer las pertinentes gestiones ante el INSS para demostrar que tienen derecho a seguir percibiendo el subsidio hasta que lleguen a la edad a la que puedan jubilarse. Una situación que no se toma en consideración en la circular del SPEE, pero que ha irritado a los sindicatos.

Afecta a los nuevos solicitantes

Comisiones Obreras ha emitido un comunicado este fin de semana en el que reprocha al Gobierno el "castigar a la parte más vulnerable de la ciudadanía". "Una vez más, haciendo valer la máxima de en caso de duda, se deniega, se decide sin criterio en contra de los parados. Existen muchos demandantes a quienes no se les podrá aplicar la jubilación voluntaria anticipada. Por ello, resulta arbitrario establecer con carácter general la finalización del subsidio a los 61 años", dice el texto del sindicato.

La orden del Servicio de Empleo explicita que este procedimiento se empezará a aplicar a los que pidan el subsidio a partir de este lunes, así que los actuales perceptores de la ayuda no tienen en principio nada que temer. En todo caso, la orden recuerda que estas instrucciones son provisionales y se están elaborando unas definitivas en la que "se darán las oportunas pautas de actuación tanto con los subsidios ya reconocidos como con la posibilidad de cambio de oficio de las fechas finales ya grabadas", así que no es descartable que los actuales perceptores vean también modificadas sus condiciones.

Un subsidio muy reformado

El Gobierno ha endurecido en los últimos meses tanto los requisitos para acceder al subsidio como las condiciones con las que un trabajador se puede acoger a la jubilación anticipada; en ambos casos, aunque no se explicite así, con la finalidad de ahorrar gasto en prestaciones. La propia ministra de Empleo cifró en un 20% el porcentaje de potenciales perceptores del subsidio de 55 años que no podrán acceder a él con los cambios en las exigencias para cobrarlo que se implementaron el pasado mes de marzo.

Los últimos datos disponibles sobre este subsidio son precisamente de marzo: entonces, lo estaban cobrando 381.900 personas. Según el ministerio de Empleo, unas 7.000 personas al mes solicitan este subsidio, que supone una ayuda de 426 euros mensuales para aquellos parados mayores de 55 años que hayan agotado el resto de prestaciones y ayudas. Fuentes de Empleo dicen que esta orden del SPEE no supondrá que nadie que tenga derecho al subsidio se quedará sin él, aunque no han dado una explicación convincente de por qué se adopta esta medida que, en definitiva, supone cargar más trámites sobre el afectado.

http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gobierno-retirara-automaticamente-subsidio-paro-61-anos/csrcsrpor/20130527csrcsreco_1/Tes

Ofertas de empleo público Semana del 24.06.2014 al 30.06.2014


viernes, 20 de junio de 2014

Volvemos a reiterar (re-reiteramos) la falta de limpieza de la Casa Forestal del Parque de la Breña





INFORME DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO SOBRE LA DENUNCIA DE LA CASA FORESTAL DE LA BREÑA



 

4º escrito sobre la Falta de Limpieza en la Casa Forestal de la Breña



Sobre la Casa Forestal de la Breña

 

 

Reiteramos escrito sobre el cierre de la Oficina del Parque Natural de la Breña, por falta de limpieza.



La oficina de atención al público de la Casa Forestal del Parque Natural de las Breñas cerrada por falta de limpieza.



Valderas alega que IU coloca a familiares en altos cargos de la Junta «por su capacidad»

El socialista Mario Jiménez se niega a dar explicaciones sobre el cargo de su pareja

Día 14/06/2012 - 07.47h
Valderas alega que IU coloca a familiares en altos cargos de la Junta «por su capacidad»
EFE/JOSÉ MANUEL VIDAL
 
Capacitación y profesionalidad son los argumentos que ayer blandieron el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, para justificar la colocación en la Administración andaluza de familiares de dirigentes de la Federación de izquierda, tales como el hermano del secretario general del PCE, José Luis Centella; la hija del eurodiputado Willy Meyer, o el padre de la novia del secretario general del PCA, José Manuel Mariscal. Sin embargo, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, se negó a dar explicaciones y no ocultó su enfado cuando ABC le preguntó por el nombramiento de su pareja, Rosa Isabel Río, como directora general de la Consejería de Agricultura.

Según Valderas, tanto Enrique Pablo Centella Gómez, nuevo director general de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, como Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, son «personas capacitadas y mayores de edad» y pidió que se valoraran por el trabajo que desarrollen». Otro de los nombramientos afecta al padre de la novia del secretario general del PCA, José Manuel Mariscal.

Austeridad

El, además de coordinador regional de Izquierda Unid vicepresidente de la Juntaa, quiso poner en valor el «esfuerzo realizado por el Consejo de Gobierno con su nueva estructura, donde hay una «reducción de altos cargos cercana al 20 por ciento. Después añadió la idea es seguir reduciendo para que haya un ejercicio de austeridad y, al mismo tiempo, de eficiencia, y multiplicador en el nivel de responsabilidades», informa Ep.

A su vez, el portavoz del grupo parlamentario de IU, José Antonio Castro, preguntado por los periodistas en rueda de prensa, también defendió que los nombramientos de altos cargos por parte del Gobierno de Andalucía no se han realizado en función de que sean «hijos, primos, cuñados o hermanos de», sino atendiendo «exclusivamente» a criterios «técnicos y políticos».
«Los cargos elegidos son altos dirigentes de esta fuerza política y si me preguntan a mí, por ejemplo, Willy Meyer es el padre de Amanda Meyer y no Amanda Meyer la hija del padre», apuntó Castro, quien aseguró que Amanda Meyer es una dirigente «de hace mucho tiempo que está cualificada para el puesto».
 
Tras resaltar que él respeta lo que cada uno pueda pensar de esos nombramientos, insistió en que se han realizado atendiendo a criterios «técnicos y políticas exclusivamente». «No hemos tenido indicación de ninguno de estos dirigentes para que se realicen dichos nombramientos», apostilló.

Asimismo, preguntado por si cree que ello podría «empeorar» la imagen de IULV-CA ante la ciudadanía, Castro respondió que eso dependerá de la gestión que se haga y no de otro tipo de cuestiones.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento, Carlos Rojas. advirtió ayer de que «vuelve, más fuerte que nunca, la política familiar y de la consanguinidad» al Gobierno andaluz, tras los últimos nombramientos de altos cargos.

En rueda de prensa, Rojas consideró un «auténtico escándalo» estos nombramientos y el hecho de que se «dé trabajo a los que están cerca del Gobierno. Demasiados altos cargos: el hermano de uno, el padre de la novia de otro, la prima de un tercero, el primo de un cuarto», apuntó Rojas, quien indicó que «parecen títulos de cine, pero no, son los nuevos altos cargos de la Junta».

A juicio del dirigente popular lo que ha ocurrido con estos nombramientos es «una mala noticia» para Andalucía, consecuencia, dijo, del «pacto bipartito» conformado tras las pasadas elecciones autonómicas por PSOE e IU. Y en este sentido quiso dejar claro que el partido «vencedor» en las pasadas elecciones en Andalucía, el PP-aunque sin mayoría absoluta, «jamás habría actuado de esa forma», permitiendo que en el seno del Gobierno se tomaran esas decisiones.

IU, abierta a que el Gobierno vaya a la comisión de los ERE

Elena Cortés ha enchufado a 80 directivos, según los sindicatos

alberto garcía reyes / sevilla
Día 19/06/2014 - 08.05h

El comité de la Agencia de la Vivienda reprocha a la consejera los contratos a dedo al margen del convenio colectivo


Los sindicatos con representación en la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía —UGT, CC.OO. y Site— no sólo no están de acuerdo con la supuesta reducción de personal directivo que la consejera Elena Cortés dice que ha llevado a cabo en este organismo público desde la llegada de IU al gobierno, sino que denuncian a las claras en una carta enviada el pasado lunes a la cúpula política de la Consejería de Fomento y Vivienda que «pese a lo que se nos ha querido hacer creer, y sin entrar en debates nominalistas sobre el concepto de personal directivo, este comité comprueba que, tras la remodelación de la Agencia, siguen existiendo más de ochenta personas con funciones directivas, de libre designación y con salarios fijados por el Consejo de Administración al margen de la negociación colectiva».

Es decir, la Consejería de Cortés ha contratado a dedo y con sueldos impuestos sin respetar el convenio laboral firmado con los sindicatos a casi un centenar de cargos. La versión oficial de la Junta es que el organigrama directivo se ha reducido, pero no contabiliza en él a los jefes de servicio, que es el espacio en el que IU ha hecho la mayor parte de las contrataciones, según explican a ABC fuentes sindicales.

Pero esta no es la única contradicción que recoge la carta de los sindicatos a la consejera por su gestión en AVRA, donde, por cierto, fue despedida hace unas semanas una trabajadora social que había mostrado reparos a hacer un informe avalando el realojo de los okupas de La Corrala. En el citado escrito el comité también denuncia que no se tiene conocimiento de que se haya cumplido la Ley de Presupuestos para 2014 ni de que la dirección de AVRA «haya seguido la recomendación» del informe que hizo la Cámara de Cuentas en 2011 sobre la gestión de los recursos humanos en esta empresa pública y sobre la realización de un plan de viabilidad.

martes, 17 de junio de 2014

Posicionamiento de C.T.A. en favor de la República‏

Ofertas de empleo público Semana del 17.06.2014 al 23.06.2014



El Rancho de la Merced, un referente en investigación

Mejora de las infraestructuras agrarias

El Rancho de la Merced, un referente en investigación

La consejera de Agricultura inaugura las nuevas instalaciones del Ifapa, tras una inversión de 4 millones. El centro fomenta el I+D+i en viticultura, enología y cultivos herbáceos extensivos
A.V. , Jerez | Actualizado 17.06.2014 - 15:41
zoom
La consejera y la alcaldesa en el nuevo edificio del Rancho de la Merced. / Vanesa Lobo
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El Rancho de la Merced, centro perteneciente al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria (Ifapa), fue inaugurado ayer oficialmente por la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras. Se trata de un centro que, desde hace más de un siglo, se ha convertido en todo un "referente en investigación, experimentación y formación en torno a la viticultura, la enología y los cultivos herbáceos extensivos". Por ello, durante el acto de ayer, Víboras quiso felicitar a las 54 personas que desarrollan su actividad en estas instalaciones y a todas las empresas y entidades que colaboran apoyando el trabajo del mismo.

El nuevo edificio ha supuesto una inversión de casi cuatro millones de euros y ha permitido ampliar y mejorar su actividad de investigación y transferencia de nuevas tecnologías. En concreto, el centro cuenta con laboratorios de vendimia; lagar-bodega experimental; bodegas experimentales de vinificación de vinos blancos y tintos y para el envejecimiento, así como el valioso banco de germoplasma de vid. En este sentido, la consejera recordó ayer que la finca cuenta con unas 168 hectáreas, dedicadas a ensayos de investigación y experimentación con 16 hectáreas de viñas y el resto, dedicadas a trigo duro y blando, y girasol. Víboras hizo hincapié en la importante labor que realiza este centro Ifapa "en beneficio de los sectores agrícolas, que se desarrollan en la comarca de la Campiña de Jerez y de otras comarcas andaluzas". Ello se evidencia, según dijo, en los 11 proyectos de colaboración puestos en marcha con empresas representativas de fitosanitarios, semillas y fertilizantes, así como del sector cooperativo y bodeguero de Jerez.

Este centro, sucesor de la Granja Escuela Práctica de Agricultura Regional de Jerez (creada en 1890), "tiene una prolífica actividad de investigación, innovación y experimentación, dirigida a mejorar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones agrícolas". Igualmente, tal como recalcaron, "tiene como objetivo la mejor cualificación de los profesionales de la viña y de los cultivos herbáceos de secano de Andalucía".

En la actualidad, las instalaciones tienen en marcha dos proyectos 'Transforma', de experimentación, transferencia tecnológica y formación. También está desarrollando otros ocho proyectos de investigación; un proyecto Life (SigAGROasesor); nueve cursos institucionales dirigidos a los profesionales de la agricultura y 16 actividades formativas especializadas relacionadas con la viticultura y la agricultura extensiva de secano.

Durante su visita al nuevo edificio del Rancho de la Merced, la consejera de Agricultura participó también en las jornadas 'Tendencias actuales en viticultura y enología' que se celebraron ayer en dicho centro, para abordar el desarrollo y la innovación en estos campos en el Marco de Jerez.

En su intervención, Víboras quiso destacar la "sólida cultura del vino" que existe en Andalucía, España y Europa, así como la "permanente reestructuración" que viene viviendo el viñedo en estos enclaves. Según los datos ofrecidos ayer, en la provincia de Cádiz hay más de 8.000 hectáreas de viñedo para vinificación y en torno a 850 explotaciones. Así pues, "la superficie media de la viña es aproximadamente de 10 hectáreas, pero más de la mitad de las viñas (64 %) son de menos de cinco hectáreas. Estos datos indican que es un sector productor conformado por explotaciones familiares".

La titular de Agricultura finalizó su intervención destacando que Europa "es una potencia agroalimentaria que basa su fortaleza en la calidad y el prestigio de sus producciones a nivel mundial y, en ese escenario, los vinos de Jerez, los vinos andaluces, tienen mucho que decir y mucho que hacer".

Igualmente, Víboras aseguró que "no hay un sector ahora mismo más fuerte, más potente y más vigoroso que el sector agro de aquí de Andalucía, los datos así lo demuestran. Nosotros nos lo creemos, vosotros también, tenemos un magnífico presente pero, sobre todo, tenemos un gran futuro. Y ese futuro pasa por que la Administración hagamos el trabajo que tenemos que hacer y que el resto de los actores hagamos cada uno el trabajo de cara a un mundo global. Y estoy convencida de que entre todos los vamos a conseguir".

Por último, en su visita a Jerez, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se reunió con las cooperativas del vino de Jerez para conocer de primera mano su situación actual. Durante la reunión, explicó que el sector cooperativo del jerez tiene que afrontar el reto de adquirir mayor tamaño y agrupar a estas entidades. Para ello, el departamento que dirige "apoyará estos proyectos siempre que vayan unidos a una modernización de la agroindustria y sean de cooperación horizontal y vertical entre los agentes, para desarrollar cadenas de distribución cortas y mercados locales". Asimismo, "para diversificar la producción es necesario incorporar permanentemente el valor añadido y la innovación, así como diferenciar la producción, incluso con planteamientos de sostenibilidad ambiental". Víboras insistió igualmente en que el sector cooperativo del vino de Jerez es un sector "con futuro", en el que la colaboración público-privada "es un instrumento fundamental".

Por último, durante su intervención, la alcaldesa María José García-Pelayo manifestó que el nuevo equipamiento del Rancho de la Merced "nos coloca en una situación más puntera de cara a un sector que es fundamental para nuestra ciudad, fundamental para la denominación de origen, para los nueve municipios que la integran, y para esas 6.000 hectáreas que la componen". Por ello, ahondó en que "necesitamos centros como éste que no sólo permiten la formación y, por supuesto la transferencia, sino también la investigación permanente".

sábado, 14 de junio de 2014

CSC: La Monarquía en España es “un parásito en retirada”


Los trabajadores rechazamos esta institución parasitaria que vive a costa de exprimir al pueblo. Los cínicos mienten a conciencia diciendo que la monarquía sirve al pueblo, cuando es de la explotación de los trabajadores y del pueblo de donde salen sus privilegios, siendo éstos los que nos llevan a la ruina colectiva.
Ante la abdicación de Juan Carlos de Borbón que ejerció como rey de España desde su designación por el fascista Franco, la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) se indica lo siguiente:

Lo que se llamó la transición española, no fue más que un descomunal fraude a la clase obrera y a las capas populares de los pueblos de Estado Español, culminando con la imposición de la monarquía que se ha mostrado como un fraude a lo largo del tiempo, con todos los privilegios que encierra esta institución de origen feudal. La corrupción que se crea en y desde la casa real, ya es imposible de ocultar. En este sentido, los grandes escándalos de estafa, corrupción y crímenes de estado como los GAL, siempre recayeron las sospechas fundadas de que tenían el origen en la misma casa. De unas se ha podido chafar y de otras no, incluido el 23 F.

En la transición se conforma el poder de los grandes capitales, de la oligarquía más rancia y reaccionaria que hunde sus raíces en las familias más ricas, parasitarias y opresoras que se conformaron antes de la 2ª República, que dieron el golpe de estado contra las libertades y la democracia en el 36, cobijando la dictadura y los crímenes franquistas durante 40 años.

Por eso la transición, con el rey a la cabeza, dejó impunes a los asesinos y en las cunetas los cadáveres de los más gloriosos luchadores del pueblo.

Ese es el carácter real del tan “demócrata” y “servidor” de España que deja el trono forzado, para traspasárselo a un heredero de su misma calaña dando continuidad al negocio de la casa.

Desde el principio, pero mucho más en el último periodo, vivimos, o mejor dicho, sufrimos la gran mentira, la estafa, el nepotismo y la represión de un régimen que nos sitúa bajo los parámetros de la dictadura del capital, un instrumento eficaz para la explotación de la clase obrera, haciéndola llamar, sin serlo, “democracia”.
El mazazo que ha hecho a muchos y muchas bajarse de la nube, destrozar el cuento del principito, se llama 6.000.000 de parados, dos tercios de los que trabajan son precarios, centenares de miles de desahucios, más del 50% de la juventud en paro, casi tres millones de niños que pasan hambre, el 20% de la población en riesgo de pobreza, privatizaciones y recortes en sanidad y educación, liquidación de conquistas como la negociación colectiva…

De toda esta miseria en un país próspero como es el nuestro, sí tiene responsabilidad el jefe del estado junto a los parásitos y explotadores que le rodearon (los grandes banqueros y empresarios, los gobiernos, incluido el más embustero, reaccionario y agresivo de Rajoy…) Además ejercido sin ninguna cortapisa, pues es inmune según la constitución “democrática”, aun cuando hubiese cometido los crímenes más horrendos.

Es a ese grupo social, junto a la jerarquía eclesiástica, al que la casa real, la antigua y la heredera, representa. El mismo grupo social y sus instituciones que provocaron la crisis, los que se enriquecieron antes y durante la crisis, los mismos que crearon miseria antes y mucho más con la crisis.

Es para este grupo social, para mantener y aumentar sus ganancias y sus privilegios, para el que se hacen todas las contrarreformas laborales, los recortes en todos los sectores sociales, las privatizaciones, se rebajan lo salarios y pensiones, ejerciendo desde el poder la represión laboral y policial para imponer los retrocesos.

Desde la CSC rechazamos cualquier lavado de cara por el que están apostando los grandes capitales utilizando su monopolio de propaganda que controlan (todos los medios de comunicación), al igual que sucedía en la dictadura fascista, presentando como algo distinto a Felipe de Borbón, cuando es la misma antigualla de una institución de la Edad Media que defiende los mismos intereses que defendió el que acaba de abdicar.

Los trabajadores rechazamos esta institución parasitaria que vive a costa de exprimir al pueblo. Los cínicos mienten a conciencia diciendo que la monarquía sirve al pueblo, cuando es de la explotación de los trabajadores y del pueblo de donde salen sus privilegios, siendo éstos los que nos llevan a la ruina colectiva.

Para la CSC la solución pasa por una profunda transformación social para liberarnos de los grandes capitalistas, constituidos en monopolio del poder económico, político, jurídico, mediático y represivo, siendo ese poder de monopolio con el rey a la cabeza, el que atenaza, oprime y sangra al cuerpo social con la ayuda, la corresponsabilidad y la sumisión al mismo poder oligárquico e imperialista que se conforma con la Unión Europea y el Euro.

Es el momento de poner en cuestión el fondo del problema. La crisis cíclica de sobreproducción que comienza en 2008, dentro de la crisis general del régimen del sistema capitalista, está siendo utilizada por los poderes parasitarios para concentrar en sus sucias manos, aún más, todo el poder, relegando a los trabajadores a ser más explotados, más sumisos y a no intervenir en política.
Ninguna de estas pretensiones se puede sostener en el tiempo. La clase obrera reclama y exige el poder político, por ser la que produce todo y por eso le pertenece, pero también porque, si no conquista el poder político, el capitalismo en su etapa imperialista, esclaviza a los trabajadores y a la inmensa mayoría de la sociedad.

El sindicalismo de clase que estamos construyendo camina con determinación en la dirección de la liberación de la clase obrera. En organizar dentro de las empresas secciones sindicales y comités de empresa que luchen contra las privatizaciones, los expedientes de regulación de empleo, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales, para dar la vuelta a la actual situación de retrocesos, que los gobiernos anteriores y éste en particular, están imponiendo de forma dictatorial. Sabemos de las dificultades y de la resistencia que opondrán los que viven solo a costa nuestra, pero es el único camino y estamos decididos a transitarlo.

Ante la abdicación y el indecente lavado de cara de un sistema agónico y corrupto, necesitamos más conciencia política, mas organización, más lucha para que la clase obrera y las capas populares sean el centro político, social, cultural y de poder, de una sociedad, así sí, con futuro.

Viva la lucha de la clase obrera

Por el sindicalismo de clase

Ningún lavado de cara al poder corrupto que gobierna

En los trabajadores está la solución y el futuro

http://www.wftucentral.org/csc-la-monarquia-en-espana-es-un-parasito-en-retirada/?lang=es

De la reunión en la Inspección de Trabajo sobre la carretera del Celemín



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