La
sociedad civil organizada en torno a la defensa del Derecho Humano
al Agua y a la gestión de la misma de forma estrictamente
pública, pide una profunda reflexión, coherencia y compromiso con
este sector ciudadano, en el seno de los partidos políticos de la
provincia de Cádiz.
La
#Iniciativagua2015, como herramienta de garantía de un proceso
justo, sostenible, participativo y social para la gestión del agua
urbana, es el fruto de un arduo consenso de más de trescientos
grupos ciudadanos activos de toda España, vinculados a la defensa
del Agua Pública. Es la hoja de ruta que ha servido en cada rincón
del país, para hacer llevar esta protección del Derecho Humano al
Agua, a todos los plenos municipales.
En
el caso de la provincia fue una decisión tomada este pasado junio en
la ciudad de Barbate y al igual que en el resto del estado, se ha
comenzado a tramitar en cada Pleno Municipal, con el objetivo de
blindar y democratizar este derecho ciudadano.
En
la provincia de Cádiz, la sociedad civil demandando este proceso, ha
aumentado considerablemente. Prácticamente esta demanda tiene
organización de alguna manera en casi los cuarenta y cuatro pueblos
gaditanos. De hecho, esta supra organización prepara un encuentro
para este mes de octubre donde arrancará la primera Marea Azul
Provincial de España.
Antes
de las elecciones municipales pasadas, este Pacto Social Del Agua
Pública, fue promulgado por las plataformas andaluzas y de nuestra
provincia, consiguiendo el compromiso con este pacto social, de la
mayoría de los partidos, incluyendo al PSOE, a nivel de cargos
representantes sectoriales como de muchas formaciones locales de
nuestra provincia. Por citar, el caso de Jerez o El Puerto de Santa
María, en donde además, estos políticos comprometidos, siguen
trabajando en la misma línea acordada con el movimiento ciudadano
defensor del Agua Pública.
Nos
mostramos decepcionados por la actuación de los portavoces
municipales socialistas en el pasado pleno celebrado en Cádiz, donde
supuestamente se despreció el pacto, argumentando cuestiones y datos
erróneos y sobre todo intentando poner en entredicho la honestidad y
el más que demostrado “buen hacer” de la Asociación Española
de Operadores Públicos de Agua y Saneamientos (AEOPAS).
Durante
muchos años muchos ayuntamientos de la provincia han sido
representados ante las administraciones públicas y organismos
internacionales por asociaciones controladas por empresas privadas y
donde se defienden los procesos de privatización, el tratamiento
mercantil del agua y los cortes de este suministro vital a las
familias sin recursos (“cobrándose los gastos ocasionados por la
realización del corte y su restablecimiento”). Los resultados son
que España está a la vanguardia de los procesos de privatización
del agua en Europa (donde la tendencia es la desprivatización del
servicio), que dicha privatización se realiza sin una regulación
adecuada y con leyes que permiten que las empresas privadas de
enriquezcan gracias a unos ciudadanos cautivos.
Este
saqueo también ha propiciado que en nuestro país, tal como
demuestra el sumario del caso Pokemon, hayan mecanismos de corrupción
en los procesos de privatización de este monopolio natural. De
hecho, tal como recoge recientemente el diario EL PAIS (31
JUL 2015) la juez del caso considerase a la empresa privada
concesionaria
“como una verdadera asociación ilícita", cuyas supuestas
maniobras afectarían "a la seguridad del tráfico mercantil"
y supondrían una "grave repercusión en la economía nacional",
ya que lo que está en juego es el dinero público. Para la juez
"supone un engaño la simulación de transparencia en la
adjudicación de contratos, cuando en realidad hay un concierto que
predetermina la decisión final en consideración a una dádiva".
"En numerosas ocasiones", explica la Jueza, "sus
responsables, siguiendo lo que parece constituir una política
empresarial absolutamente jerarquizada, para lograr adjudicaciones
realizarían presuntamente sobornos en sus distintas modalidades"
http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438341093_688864.html.
A diferencia de este
lobby AEOPAS nació como una asociación operadores únicamente
públicos. Una asociación que como el modelo se tenía que abrir a
la sociedad (de ahí que incorpore a asociaciones dentro de su seno)
y que difundiera un modelo de gestión del agua como bien común y
como un derecho humano.
En
este sentido las Plataformas ciudadanas de la provincia de Cádiz
consideramos a AEOPAS como una herramienta importante para crear el
nuevo de modelo de gestión del futuro. Un modelo, transparente y
participado. Por eso defendemos la incorporación de nuestros
ayuntamientos (y empresas públicas de gestión de agua) a dicha
organización.
No
bastante, debemos señalar que los impulsores del Pacto Social por el
Agua Pública somos las plataformas ciudadanas y que toda la
información sobre la misma la pueden encontrar en:
En
este sentido hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas de
la provincia a defender el Pacto Social del Agua. Que se informen
bien, que pregunten a nuestras organizaciones y a los suyos ya
conectados a la noble causa de la lucha del agua como bien común;
que hagan una profunda reflexión y un alarde leal de coherencia y
seriedad, por el bien de la buena relación que nos une y por el
altísimo interés de nuestra sociedad civil.
En
la provincia de Cádiz, a tres de septiembre de 2015
•
Plataforma
en defensa de los derechos del agua “Agua Clara” de Sanlúcar
de Barrameda.
•
Plataforma
Recuperación Agua Pública Benalup-Casas Viejas.
•
Plataforma
Ciudadana por el Agua Pública en Barbate.
•
Plataforma
Apemsa no se vende, del Puerto de Santa María.
•
Coordinadora
del Agua de Jerez.
•
Grupos
provisionales de los pueblos de la provincia, por la organización de
la Marea Azul de Cádiz.
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