PSOE e IU rechazan la comisión de investigación sobre la formación en una dura sesión en la que el Parlamento vive un debate sobre diferencias entre "exonerar" y "exceptuar".
El Parlamento vivió ayer una sesión bronca a causa de las denuncias de corrupción, en la que los tres partidos se lanzaron acusaciones y en la que se rechazó la creación de una comisión de investigación sobre el caso de los cursos de formación, sobre el que la juez Mercedes Alaya mantiene una investigación abierta. PSOE e IU votaron en contra de la proposición del PP. El momento más duro se produjo cuando la presidenta, Susana Díaz, advirtió al portavoz del PP, Carlos Rojas, que acudiría a los tribunales si insistía en implicarla con este caso. Rojas se había preguntado, en casi una afirmación, si Díaz, siendo consejera de Presidencia, había exonerado a a entidades de presentar justificaciones cuando habían recibido subvenciones.
La Junta realizó una exoneración masiva en los cursos de formación, aunque el Parlamento se debatió sobre las diferencias entre "exonerar" y "exceptuar". En realidad, la Junta no exoneraba a las empresas que recibían dineros para los cursos de su deber de presentar justificación, sino que lo aplazaba, según lo previsto en la legislación como una excepción. No se trata de un hecho ilegal, aunque el PP sostiene que nunca se llegaban a mirar las justificaciones, de lo que deviene el descontrol en la gestión de estas ayudas. De hecho, la Junta debe a las empresas de los cursos 580 millones de euros, debido a que no pagó el 25% de la subvención que se entregaba cuando se justificaba la ayuda. La parlamentaria popular Teresa Ruiz Sillero mantuvo ayer que la exoneración, o la exceptualización, era una práctica común en todas las consejerías, incluida la de Presidencia.
Se da la circunstancia de que muchas empresas que han justificado sus ayudas figuran en la lista de exoneración que ha hecho pública la Junta.
La secretaria general del PP, Dolores López, que defendió la propuesta, mantuvo que la comisión de investigación debía "arrojar luz a la montaña de interrogantes" sobre lo que definió como un "macrofraude que bate récords, porque supera en todo al de los ERE". IU se opuso a ello. En boca de su portavoz, José Antonio Castro, se oyeron todos los casos judiciales en los que está implicado el PP, lo que le sirvió como excusa para mantener que la corrupción era sistémica. El tú más fue la máxima imperante entre todos los partidos. De hecho, Susana Díaz, que suele mantenerse al margen de ello, le afeó a Carlos Rojas que fuera como "paladín" cuando arrecian las denuncias a su partido sobre la financiación ilegal.
Para el socialista Francisco Menacho, "el único objetivo del PP es embarullarlo todo e intentar crear una causa general" contra la Junta, ya que considera que si buscaran conocer la verdad no habrían llevado a la Cámara esta propuesta tras 82 iniciativas del consejero de Educación, Luciano Alonso.
Susana Díaz centró su intervención en la sesión de control en criticar la financiación que el Gobierno central da a Andalucía. La presidenta avisó de que "nadie" la va a callar a la hora de denunciar públicamente los "atropellos" que el Gobierno "infringe" a Andalucía y que el PP, según lamentó, "silencia" y "tapa" para cumplir con las "órdenes de Génova". "Y no me va a callar nadie, ni aquí ni en Madrid, porque soy autónoma, porque sé por qué estoy aquí y porque sé a quién me debo", le replicó al portavoz Carlos Rojas, a quien reprochó que utilizase su intervención para hacer "méritos" ante su presidente, Juan Manuel Moreno, que la semana pasada, en el Debate sobre el estado de la Comunidad, lo dejó "en el banquillo" y optó por que la portavoz de su grupo fuera Dolores López. Tras reiterar que no es su "problema" si el PP lo quiere como jugador "rotatorio o discontinuo" en este partido, Susana Díaz le exigió que no siguiera "embarrando" el debate político en Andalucía.
La Junta realizó una exoneración masiva en los cursos de formación, aunque el Parlamento se debatió sobre las diferencias entre "exonerar" y "exceptuar". En realidad, la Junta no exoneraba a las empresas que recibían dineros para los cursos de su deber de presentar justificación, sino que lo aplazaba, según lo previsto en la legislación como una excepción. No se trata de un hecho ilegal, aunque el PP sostiene que nunca se llegaban a mirar las justificaciones, de lo que deviene el descontrol en la gestión de estas ayudas. De hecho, la Junta debe a las empresas de los cursos 580 millones de euros, debido a que no pagó el 25% de la subvención que se entregaba cuando se justificaba la ayuda. La parlamentaria popular Teresa Ruiz Sillero mantuvo ayer que la exoneración, o la exceptualización, era una práctica común en todas las consejerías, incluida la de Presidencia.
Se da la circunstancia de que muchas empresas que han justificado sus ayudas figuran en la lista de exoneración que ha hecho pública la Junta.
La secretaria general del PP, Dolores López, que defendió la propuesta, mantuvo que la comisión de investigación debía "arrojar luz a la montaña de interrogantes" sobre lo que definió como un "macrofraude que bate récords, porque supera en todo al de los ERE". IU se opuso a ello. En boca de su portavoz, José Antonio Castro, se oyeron todos los casos judiciales en los que está implicado el PP, lo que le sirvió como excusa para mantener que la corrupción era sistémica. El tú más fue la máxima imperante entre todos los partidos. De hecho, Susana Díaz, que suele mantenerse al margen de ello, le afeó a Carlos Rojas que fuera como "paladín" cuando arrecian las denuncias a su partido sobre la financiación ilegal.
Para el socialista Francisco Menacho, "el único objetivo del PP es embarullarlo todo e intentar crear una causa general" contra la Junta, ya que considera que si buscaran conocer la verdad no habrían llevado a la Cámara esta propuesta tras 82 iniciativas del consejero de Educación, Luciano Alonso.
Susana Díaz centró su intervención en la sesión de control en criticar la financiación que el Gobierno central da a Andalucía. La presidenta avisó de que "nadie" la va a callar a la hora de denunciar públicamente los "atropellos" que el Gobierno "infringe" a Andalucía y que el PP, según lamentó, "silencia" y "tapa" para cumplir con las "órdenes de Génova". "Y no me va a callar nadie, ni aquí ni en Madrid, porque soy autónoma, porque sé por qué estoy aquí y porque sé a quién me debo", le replicó al portavoz Carlos Rojas, a quien reprochó que utilizase su intervención para hacer "méritos" ante su presidente, Juan Manuel Moreno, que la semana pasada, en el Debate sobre el estado de la Comunidad, lo dejó "en el banquillo" y optó por que la portavoz de su grupo fuera Dolores López. Tras reiterar que no es su "problema" si el PP lo quiere como jugador "rotatorio o discontinuo" en este partido, Susana Díaz le exigió que no siguiera "embarrando" el debate político en Andalucía.
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