Día 11/09/2014 - 18.28h
Los agentes se lo han notificado a la juez Mercedes Alaya
Los agentes de la Guardia Civil que investigan el fraude en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía sospechan que personal de la Dirección General de Formación para el Empleo está modificando a posteriori expedientes de cursos de formación subvencionados por la administración andaluza para tratar de esconder las irregularidades en la gestión de estas ayudas.
Así se lo han notificado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a la titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, quien —tal y como publicó ABC hace dos semanas— asumirá con toda probabilidad la macrocausa del presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, un escándalo cuya cuantía económica superará ampliamente al de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), también instruido por la citada magistrada sevillana.
Alaya no ha permanecido impasible ante esta denuncia. En un auto al que ha tenido acceso este periódico, la juez de instrucción número seis de Sevilla recoge la acusación de la Guardia Civil de que «hay destinadas una serie de personas en exclusiva a ‘justificar’ expedientes, lo que podría suponer una alteración de su contenido tras el requerimiento judicial». Por lo tanto, requiere al director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate de León, que «de forma inmediata y sin dilación alguna» haga entrega a los agentes de la Guardia Civil de «todos los archivos en formato papel correspondientes a los expedientes de subvenciones para acciones formativas otorgadas por la citada dirección general (identificados con el código ‘98’) correspondiente al periodo 2004-2011».
Asimismo la juez exige la entrega »inmediata» de una copia «del aplicativo informático NAVEX [programa que utiliza la administración andaluza] en lo que se refiere a los archivos informáticos que contienen los expedientes anteriormente citados».
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