Últimamente nada nos sorprende.
El fraude, la mala administración y el amiguismo político no surgen casualmente.
Tristemente muchos “ciudadanos” han dejado de sorprenderse cuando estalla un escándalo por corrupción política y administrativa en el ámbito estatal y mucho menos cuando sucede lo mismo en el ámbito autonómico o local. La mayoría se ha vuelto indiferente ante la avalancha de casos de corrupción y los han vuelto parte de su vida cotidiana. Incluso hoy por hoy, puede decirse que la corrupción está al alcance de todos. Se suele dispensar lo que en algunos círculos jurídicos se denomina “corrupción tolerable, amiguismo o fraude venial” que voluntaria o involuntariamente se practica o se intenta hacer, diariamente, para favorecer intereses propios o los de los amigos, familiares o clientes. Esta conducta o fraude, en general, se considera no censurable ni casi criticable.
Para que exista corrupción política y administrativa se requiere la participación de dos o más personas. En proporción variable, dentro de ese reparto, habrá corruptores y corrompidos, todos ellos, evidentemente, corruptos. La corrupción no duraría de no desarrollarse en un ambiente propicio a la justificación, la disculpa, el encubrimiento o la pasiva aceptación de la acción u omisión de los corruptos. El corruptor no puede corromper si el destinatario de dicha corrupción se niega a prestarse a ello. Por lo tanto, la corrupción nunca es un fenómeno individual debido únicamente a la especial falta de escrúpulos de un particular en un entorno de gente intachable. En un contexto tal la corrupción no podría tener lugar.
Muchos cargos políticos son también funcionarios. Un cargo político se debe a la transparencia en su gestión. Además, como cualquier funcionario, debe velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico y respetar el Código de conducta establecido.
Muchos de esos servidores públicos de alto nivel realizan constantemente operaciones económicas ilegales que se consideran éticamente aceptables. Cuando los políticos o los funcionarios que ejercen sus cargos y funciones en la administración no atienden a intereses públicos, sino prioritariamente a intereses particulares, están desvirtuando y adulterando el sistema democrático y del Estado de Derecho. Todo depende de una trama de mezquinos y vergonzosos favores que esperan su servil réplica.
"La corrupción; el fraude, la mala administración y el amiguismo político, es el cáncer del desarrollo de la sociedad porque no permite que los recursos se asignen bien. Es una forma de practicar sistemáticamente la mentira. Es un fenómeno que exige respuestas institucionales, y no prédicas morales ni frivolidades imposibles de verificar que propician el descontrol del poder".
Un Estado de Derecho ha de utilizar todos los recursos a su alcance para evitar que la corrupción se entienda como un hecho tan cotidiano que parezca normal y evidente.
Seria necesaria una labor de educación a todos los niveles, para que se conozca, persiga y sancione la conducta punible de los servidores públicos, y se utilicen adecuadamente los mecanismos previstos en la ley para perseguir, castigar y frenar la corrupción.
Cuando un servidor público “falla” resquebraja el significado del Estado del Bienestar.
"El Confidencial" encaja más piezas del puzzle sobre los estrechos vínculos a la hora de adjudicar contratos en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en numerosas ocasiones innecesarios, a empresas amigas:
SIN PUBLICIDAD Y POR TRABAJOS YA EJECUTADOS El presidente del Guadalquivir da dos adjudicaciones a dedo a un amigo cercano.
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