http://www.elmundo.es/andalucia/2013/11/14/528483a2684341ab1f8b4588.html
La Junta busca perpetuar su 'administración paralela'
Cuela de rondón una disposición adicional en el presupuesto con vigencia indefinida
Las agencias públicas podrán contratar personal laboral procedente de otro ente
La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, defiende los presupuestos de la Junta en el Parlamento. C. M.
La Junta de Andalucía busca perpetuar a los más de 27.000 trabajadores de su entramado de empresas públicas, fundaciones y agencias, la conocida como administración paralela, a través de una disposición adicional colada de rondón en su proyecto de ley del presupuesto para la comunidad para el año 2014.
La disposición adicional decimoctava, titulada «contratación de personal por las entidades instrumentales del sector público», recoge que la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar a las agencias públicas a contratar «personal laboral indefinido» procedente de otra agencia con el objeto de «posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público».
Por lo tanto, si en el futuro el Gobierno obliga a las comunidades autónomas a nuevas restructuraciones del sector público o al cierre de agencias, la Junta se guarda un as en la manga para salvar al personal que ella decida, trasladándolo de un ente instrumental a otro.
Es la primera vez que la Junta incluye en el presupuesto una disposición adicional de este tipo, que viene a blindar de forma definitiva a los más de 27.000 trabajadores de su administración paralela, que ya se integraron en las nuevas agencias públicas a través de la la controvertida Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo está revocando los fallos del TSJA y dando la razón a la Junta. Ya hay cinco sentencias del Supremo que avalan las nuevas agencias de la Ley de Reordenación.
Es la primera vez que los presupuestos andaluces incluyen una alusión de este tipo, aunque la intención de la Junta es que perdure en el futuro. La «disposición final» del proyecto de ley de presupuestos subraya que todos los artículos y disposiciones tendrán vigencia exclusiva para el año 2014, excepto diez, entre las que, casualmente, se encuentra la decimoctava que blinda la administración paralela.
La disposición adicional decimoctava también prevé que las agencias de régimen especial y las agencias públicas empresariales de la Junta puedan contratar a «personal funcionario de carrera o laboral fijo procedente de las consejerías y sus agencias administrativas y de régimen especial».
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) con su presidente, José Manuel Mateo, a la cabeza puso el grito en el cielo ante semejante disposición adicional en los presupuestos, que persigue «reducir el número de plazas de personal funcionario y aumentar, más si cabe, el personal laboral de las agencias», señaló el sindicato.
También censuraron que la ley de presupuestos de la Junta incluya nuevas normas para la función pública andaluza y alertaron de que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este asunto ha experimentado una evolución desde una «orientación flexible y ecléctica hacia una concepción restrictiva y limitadora» del contenido material de las leyes de presupuestos.
No pueden, por tanto, convertirse en un cajón de sastre en el que la Administración de turno incluya de rondón cualquier asunto.
La disposición adicional decimoctava, titulada «contratación de personal por las entidades instrumentales del sector público», recoge que la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar a las agencias públicas a contratar «personal laboral indefinido» procedente de otra agencia con el objeto de «posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes en el sector público».
Por lo tanto, si en el futuro el Gobierno obliga a las comunidades autónomas a nuevas restructuraciones del sector público o al cierre de agencias, la Junta se guarda un as en la manga para salvar al personal que ella decida, trasladándolo de un ente instrumental a otro.
Es la primera vez que la Junta incluye en el presupuesto una disposición adicional de este tipo, que viene a blindar de forma definitiva a los más de 27.000 trabajadores de su administración paralela, que ya se integraron en las nuevas agencias públicas a través de la la controvertida Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo.
Los tribunales, enfrentados
Inicialmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló contra esta reforma con demoledoras sentencias en las que censuró que la Junta pretendía «más que una huida del Derecho Administrativo», un auténtico «desprecio al Estado del Derecho».Sin embargo, el Tribunal Supremo está revocando los fallos del TSJA y dando la razón a la Junta. Ya hay cinco sentencias del Supremo que avalan las nuevas agencias de la Ley de Reordenación.
Es la primera vez que los presupuestos andaluces incluyen una alusión de este tipo, aunque la intención de la Junta es que perdure en el futuro. La «disposición final» del proyecto de ley de presupuestos subraya que todos los artículos y disposiciones tendrán vigencia exclusiva para el año 2014, excepto diez, entre las que, casualmente, se encuentra la decimoctava que blinda la administración paralela.
La disposición adicional decimoctava también prevé que las agencias de régimen especial y las agencias públicas empresariales de la Junta puedan contratar a «personal funcionario de carrera o laboral fijo procedente de las consejerías y sus agencias administrativas y de régimen especial».
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) con su presidente, José Manuel Mateo, a la cabeza puso el grito en el cielo ante semejante disposición adicional en los presupuestos, que persigue «reducir el número de plazas de personal funcionario y aumentar, más si cabe, el personal laboral de las agencias», señaló el sindicato.
También censuraron que la ley de presupuestos de la Junta incluya nuevas normas para la función pública andaluza y alertaron de que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este asunto ha experimentado una evolución desde una «orientación flexible y ecléctica hacia una concepción restrictiva y limitadora» del contenido material de las leyes de presupuestos.
No pueden, por tanto, convertirse en un cajón de sastre en el que la Administración de turno incluya de rondón cualquier asunto.
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