Ayer tuvimos conocimiento, por algunos medios de comunicación, de que el Ministerio de la Presidencia había emitido una circular en relación con la convocatoria de concentraciones de empleados públicos que se vienen realizando en los últimos días, tras la publicación del Atraco-Ley.
En la nota, el Gobierno nos recuerda que debemos seguir las normas para protestar, y que el derecho de reunión en asamblea viene regulado en el EBEP.
La circular, firmada por el Subsecretario del Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, recuerda también a las Secciones Sindicales que el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado establece un deber de comunicación a la Administración con 24 horas de antelación para las reuniones fuera de la jornada de trabajo y que no afecten a la prestación de servicios.
Según Moncloa, "en ningún caso se debe perjudicar la prestación de servicios", se debe realizar un "preaviso de convocatoria ante la dirección del centro con una antelación mínima de 48 horas" y "únicamente se concederá autorización hasta un máximo de 20 horas anuales".
Según las mismas fuentes, esta nota coincide con otra circular del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, firmada por el director del INJUVE, Rubén Urosa Sánchez, en la que advierte a los empleados públicos que "la formulación de críticas u opiniones sobre las medidas que el Gobierno de la nación proyecta adoptar en el ejercicio de sus funciones, realizadas durante el desempeño del puesto de trabajo, no resulta compatible con los deberes que incumben a los empleados públicos, inspirados en los principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad y dedicación al servicio público. En lo sucesivo, tales críticas, formuladas al margen de los cauces de representación y participación de los empleados públicos, se pondrán en conocimiento de la Inspección General de Servicios del Departamento, por si fuera constitutiva de falta disciplinaria, sancionable conforme a lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público".
Para FEP-USO no deja de ser paradójico que el Gobierno apele ahora a la legalidad vigente, al EBEP y al Convenio Único, para evitar las protestas, después de que ellos se han saltado a la torera, sin ningún tipo de escrúpulos, todos los derechos laborales y salariales de los empleados públicos de este país, contenidos también en las mismas disposiciones legales que ahora invocan.
Parece que nos tienen miedo.
Ahora es el momento:
¡Acude a las concentraciones, movilizaciones y acciones que se puedan convocar!
Tu futuro está en juego.
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