La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sigue vanagloriándose ante los medios de comunicación de las externalizaciones que se están llevando a cabo para agilizar la gestión del dominio público hidráulico en la cuenca, no aludiendo, evidentemente, a que la paralizacion y bloqueo de expedientes fue hipotéticamente preconcebida para proceder a esa "oculta" privatización de funciones propias de los empleados públicos.
En una entrevista concedida a Europa Press a finales de la semana pasada, el presidente de la Confederación, Manuel Romero, explicó que la pretensión del llamado Plan 'Hidra' –cuya finalización se prevé -dixit- para el último trimestre de 2015-- ha sido articular un plan "temporal" donde se han agrupado las actuaciones de la Comisaría de Aguas.
El Presidente de la Confederación resume la inversión de la siguiente forma:
- Cuatro millones de euros para la puesta al día del Área de Calidad.
- Dos millones y medio de euros para elaborar un mapa de peligrosidad y riesgo de inundabilidad.
- Catorce millones de euros en la mejora y recuperación del dominio público-hidráulico.
- Siete millones de euros en la tramitación de expedientes al objeto de subsanar el "retraso histórico" y sacar adelante los más de 21.000 documentos atascados.
- Un millón doscientos mil euros en la organización de trámites de regularización de concesiones en zonas olivareras, arroceros y otras, así como para la inscripción de grandes zonas regables en el Registro de Aguas.
No menciona la inversión de los casi 14 millones de euros del apartado para agilizar y simplificar el procedimiento administrativo y desbloquear expedientes del dominio público-hidráulico heredados de la Junta de Andalucía.
Tampoco menciona la inversión de 1.617.127,03 euros para el seguimiento y realización de trabajos en los procedimientos de recursos de reposición presentados en expedientes tramitados por la Comisaría de Aguas de la Confederación, ni la inversión de 3.409.972,64 euros para la tramitación de expedientes de concesiones, modificación de características y extinción de derechos, separada en dos partes, la mitad para la zona oriental y la otra mitad para la occidental, cuya duración aproximada incluidas las prorrogas se alargaran hasta 2018.
El Presidente de Confederación no refiere el número de personal externo que se ha contratado y, se va a contratar, con todos estos pliegos del Plan Hidra, que, como se observa no finalizará en 2015, a no ser que estos últimos pliegos licitados y no mencionados por el Presidente formen parte del Plan Hidra II.
Todo esta en la “caja negra” y se sabe que las funciones que debieran desempeñar los empleados públicos están siendo contratadas con personal externo a través de empresas presuntamente "amigas", incluida la contratación del mantenimiento y explotación de todas las presas e instalaciones hidráulicas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aunque todo esto no parezca de interés para muchos de los afectados que hacen oídos sordos, están ciegos y mudos y no cuestionan la gravedad del problema esperando que les concedan algún que otro privilegio.
No sabemos si todo esto terminará en denuncias por cesión ilegal de trabajadores que están ocupando puestos que debieran reservarse a funcionarios y que conseguiran ser empleados públicos sin haber superado ningún proceso selectivo.
Las privatizaciones de las funciones propias de los empleados públicos siguen teniendo la puerta abierta para la colocación de familiares, amigos y afines.
Desde la Confederación se sigue falseando la realidad: no hay presupuesto para abrir la oferta de empleo público en este Organismo deficitario. Pero si hay presupuesto para invertir en empresas "amigas" que gestionen administrativa y técnicamente la cuenca.
Una cosa es la inversión pública destinada a poner en marcha actuaciones para la mejora y adecuación del dominio público hidráulico y beneficiar así a los municipios y zonas regables de la cuenca del Guadalquivir y otra muy distinta privatizar las labores administrativas y técnicas de la gestión de la cuenca que llevan a cabo los empleados públicos, únicos garantes de la prestación de este servicio público.
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