Día 06/07/2014
Andalucía, por desgracia, no solo se ha convertido en el principal exponente de la corrupción política tras descubrirse la escandalosa trama de los ERE fraudulentos, sino que también destaca como bochornoso adalid del enchufismo. El Gobierno autonómico del PSOE disparó el personal de su tupida red de empresas y fundaciones públicas durante 2011, en pleno ejercicio electoral, sin importar un ápice la profunda crisis económica y la grave situación financiera de sus cuentas regionales. En concreto, la Junta colocó a unas 1.300 personas en su administración paralela, hasta alcanzar un total de 29.000 trabajadores, el año de las elecciones generales y poco antes de convocar los comicios andaluces, según el Tribunal de Cuentas. Y ello, a pesar de que Andalucía contaba entonces con ocho entes menos que en 2010 y de que la ley impedía ampliar las plantillas públicas. Además, dichas contrataciones no estuvieron exentas de irregularidades, ya que la Junta ni siquiera justificó la necesidad de algunos puestos ni observó los principios de publicidad y concurrencia para seleccionar a los candidatos.
Todo ello demuestra una vez más que el deleznable nepotismo, tan habitual en siglos pasados, sigue hoy muy presente en Andalucía, como consecuencia de la honda irresponsabilidad política y la ruinosa cultura del despilfarro que ha caracterizado a la política en esa comunidad durante las últimas décadas. Muchas de las empresas y fundaciones de la Junta, además de resultar totalmente innecesarias y muy costosas para el contribuyente, se han convertido en un simple chiringuito para enchufar a los allegados y simpatizantes del poder político, dentro del tradicional régimen clientelista que tan hábilmente practica el socialismo andaluz. De ahí que, más allá de los necesarios controles para evitar este tipo de abusos, resulte imprescindible reducir a la mínima expresión, cuando no eliminar por completo, esa opaca administración paralela.
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