La Junta de Andalucía no incluye en los Presupuestos un solo euro para la paga robada a los funcionarios

A pesar de lo que se ha venido diciendo insistentemente en los medios de comunicación durante los días pasados, el gobierno andaluz no devolverá el 25% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, que nunca fue. Si bien en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 (adicional décimo segunda), el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizó a las diferentes Administraciones Públicas a llevar a cabo su devolución parcial, vinculando en todo caso esta circunstancia al cumplimiento del objetivo de déficit, por resolución de 29 de diciembre se aclara que dichas instrucciones “no resultarán de aplicación a los funcionarios de cuerpos nacionales transferidos a las Comunidades Autónomas, respecto de los que se estará a lo que estas dispongan en aplicación de la mencionada disposición adicional”.

Pues bien, la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2015 no ha incluido partida alguna destinada a la recuperación parcial de la extra de 2012, al contrario de la inmensa mayoría del resto de comunidades autónomas, que sí lo han hecho. Así las cosas, los funcionarios de Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Ceuta y Melilla recuperarán en la nómina de enero el 25% de la extraordinaria de 2012 (tanto del componente estatal como de la paga adicional). Los de Extremadura, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco nunca dejaron de cobrar extraordinaria en diciembre de 2012 al adelantárseles la del ejercicio de 2013, con lo cual no han sufrido merma retributiva alguna por este concepto. Aun así, el gobierno del País Vasco ha adelantado que en abril de este año sus funcionarios cobrarán el porcentaje de la extra de 2012 previsto en la adicional décimo segunda de los presupuestos generales del Estado para 2015.

De esta forma, Andalucía se consolida en el furgón de cola de las autonomías en lo que respecta a las retribuciones de sus funcionarios –particularmente, las de los docentes–, agrandándose paulatinamente la distancia que nos separa de las demás comunidades autónomas. Y todo esto, en medio del despilfarro y de la corrupción más atronadores, que parecen no tener fin.

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