El PP incluye el aborto, los escraches o la ablación como delitos de “terrorismo”

La definición de “terrorismo” que ha introducido el PP en la reforma del Código Penal abarca casi todos los tipos punibles y extiende la consideración de “actos terroristas” a los delitos de aborto, daños al feto, manipulación genética, contra el “orden público”, contra “la paz social” y la creación de “un grave sentimiento de inseguridad o temor”, lo que permite incluir los escraches y protestas laborales contundentes en esta tipificación. La enmienda 874 al artículo 571 supone una redacción “moderna y actualizada” de los delitos de terrorismo y, según su portavoz en la materia, José Miguel Castillo, se atiene a la Posición Común europea adoptada el 27 de diciembre de 2001 y a la Decisión Maro del 13 de junio de 2002. El PP retiró ayer todas las enmiendas referidas al terrorismo yihadista para trasladarlas a la proposición de ley orgánica que está negociando con el PSOE, con lo que se ahorró la explicación de esta materia. La tramitación del Código sigue hoy a uña de caballo en la Comisión de Justicia Congreso.

El “populismo penal” del que todos los portavoces de la oposición acusaron al partido gubernamental se basa en la elevación de las penas para casi todos los delitos, con excepción de los que cometan las “personas jurídicas”, incluidos partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales, y en la restauración de la cadena perpetua para los autores de crímenes horribles y asesinatos terroristas. Pero no termina ahí, porque también cataloga de “terrorismo” tantos supuestos penales que, como diría Marco Polo al contemplar el palacio del Gran Khan, “esto parece increíble”. Ya digo que no hubo debate, pero se desvincula la definición de los tipos de terrorismo de la organización terrorista y, sin necesidad de demostrar la vinculación de un sujeto a una determinada banda o grupo terrorista, se le puede aplicar esa calificación penal y castigar con hasta ocho años de prisión.

El terrorismo no solo se circunscribe a los crímenes, asesinatos, secuestros de personas, apoderamiento de aviones, barcos y otros medios de transporte, a los delitos contra los recursos naturales o el medio ambiente y a los que vayan contra la libertad o la “indemnidad sexual” –lo que incluye la ablación genital–, sino que se amplía a la alteración de la “paz social” cuando se considere delito y a supuestos tan etéreos como el de “condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad nacional o extranjera” y tan inconcretos como “alterar gravemente el funcionamiento de las estructuras básicas políticas”. La variedad de productos y situaciones que caben en esa empanada mental obligarán a los jueces a hilar muy fino.

Luego ya el PP se quedó solo defendiendo la reintroducción de la cadena perpetua, que desapareció del ordenamiento penal español con el acabose de la dictadura. Su portavoz, el abogado Castillo, reiteró que la nueva pena “se justifica para ofrecer una respuesta adecuada en terrorismo y en crímenes sexuales” y se halla “refrendada” por la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los argumentos de que en la actualidad las penas llegan hasta cuarenta años de reclusión, le resbalaron. Las alocuciones de Joan Tardá (ERC y mayoría del grupo mixto), Rosa Díez (UPyD), Ricardo Sixto (Izquierda Plural) y Antoni Picò (CiU) no surtieron efecto. El socialista Julio Villarrubia ni se esforzó en enumerar las vulneraciones de derechos constitucionales básicos. Por abreviar dijo: “La cadena perpetua es una vergüenza y un obstáculo insalvable para la reinserción”.

Por otra parte, el portavoz del PSOE, defendió la exclusión de los partidos políticos y las organizaciones sociales (sindicatos y patronal) de la lista de “personas jurídicas” que pueden delinquir. “Delinquen las personas, no las organizaciones democráticas que son un bien de la sociedad”, dijo. Castillo le replicó: “Usted sabrá por qué dice eso”, y anunció que rechazará la enmienda. También se ufanó de haber admitido 333 enmiendas al texto que presentó hace año y medio el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Para demostrar la gran flexibilidad del grupo gubernamental recordó que han retirado los preceptos que establecían, de facto, la reclusión perpetua de los enfermos mentales considerados peligrosos.


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