Publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato. Sobre el papel, esos son los principios por los que deberían regirse los mecanismos de contratación pública.
Los contratos negociados sin publicidad y los contratos menores son modalidades válidas que, sin embargo, se han convertido en auténtica llamada al dedazo y a la opacidad que invitan, cuando menos, a la arbitrariedad.
Los procedimientos abiertos son los que conllevan las mayores garantías de publicidad y concurrencia, pero el Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización que analizan, entre otros datos, las formas de adjudicación utilizadas, suele detectar que, en muchos de los contratos adjudicados por este procedimiento abierto, existen deficiencias, tanto en los Pliegos de Cláusulas Administrativas como en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, significando la infinidad de criterios “subjetivos” que utilizan las Administraciones Públicas para la adjudicación "abierta".
Las excepciones y lagunas jurídicas dentro de las leyes son rendijas por las que se cuela la picaresca en el corazón de las instituciones, a la caza de un buen pedazo de la suculenta tarta de dinero público que cada año reparte la Administración.
¿Y qué hacemos?
El Confidencial, como continuación a los hechos revelados el 28 de julio de 2014, difunde más datos de trascendencia, precisamente sobre la publicidad y concurrencia de la contratación pública en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Desde este blog se os hace participes de la noticia:
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