La jueza Mercedes Alaya llega a los juzgados del Prado. / Juan Carlos Muñoz
La magistrada seguirá instruyendo el caso hasta que el Alto Tribunal adopte una resolución tras analizar el informe sobre la macrocausa.
Punto y seguido a la instrucción de los ERE fraudulentos. Casi cuatro años después de iniciada la investigación del mayor escándalo de corrupción destapado en la historia de Andalucía, la juez Mercedes Alaya ha enviado la denominada “exposición razonada” al Tribunal Supremo (TS) al encontrar indicios que a su juicio incriminan en el fraude de los ERE a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco ex consejeros autonómicos: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio Menéndez, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Ávila. El Alto Tribunal ha recibido este martes el informe de la juez Alaya, al que acompañan varios tomos del sumario, como atestados y autos dictados a lo largo de la instrucción, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La juez ha dictado esta exposición razonada después de que recientemente la Audiencia de Sevilla mostrara un respaldo absoluto a la instructora en su planteamiento de no dividir la causa en piezas separadas, como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción en varias ocasiones al entender que podrían establecerse tres grandes bloques de piezas separadas y enviar al Supremo la parte que afecta a los aforados.
Mercedes Alaya, que está de vacaciones desde el pasado fin de semana, ha remitido este lunes al Alto Tribunal la exposición razonada junto a varios anexos del sumario que contienen abundante documentación. Aunque la magistrada ha remitido todo el procedimiento –sin división alguna-, eso no significa que vaya a paralizar la instrucción por el momento, puesto que Alaya va a seguir tramitando la causa hasta que no reciba una respuesta del Supremo que puede tardar aún varios meses en producirse, mientras el instructor del Alto Tribunal estudia los hechos y pide opinión a la Fiscalía sobre qué debe hacerse con la causa y los aforados, según han confirmado fuentes del caso.
La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción advirtió expresamente a la juez de que si "considera procedente elevar la causa en su totalidad por pérdida de la competencia a favor del órgano superior, una vez remitida a éste la exposición razonada, al entender la magistrada agotada la instrucción en todo cuanto es posible sin dirigir el procedimiento directamente contra las personas que gozan de fuero y defender la inescindibilidad de las actuaciones, deberá suspenderse la tramitación de la causa, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta".
En la "exposición razonada" Alaya concreta los indicios de la presunta participación en los hechos que, a su juicio, hay en el sumario –que cuenta con 201 imputados y más de 300.000 folios- contra los ex presidentes de la Junta y el resto de aforados, individualizando la conducta de cada aforado que pudiera ser constitutiva de delito y constatando también los principios de prueba que puedan servir a esa imputación.
En diciembre pasado, después de que la Audiencia le obligara a motivar el auto de la preimputación, Alaya reveló algunos de los indicios que barajaba contra los ex presidentes y así sostuvo que Chaves tenía conocimiento, por presidir el Consejo de Gobierno, del sistema de concesión de las ayudas a través de las transferencias de financiación, y que Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, conoció los informes de la Intervención General de la Junta pero no los sometió al Consejo de Gobierno.
Alaya no tipificó entonces los posibles delitos que podrían atribuirse a los ex presidentes, a pesar de que así se lo ordenó la Audiencia de Sevilla. En esa resolución, que Alaya afirmó haber dictado "por imperativo legal" -en alusión a la orden de la Audiencia-, la instructora sostuvo que los elementos que justifican la preimputación de Manuel Chaves se limitan a dos elementos: que presidió los Consejos de Gobierno en los que fueron aprobadas hasta siete modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001 por importe de 93 millones de euros y en virtud de las cuales "se crea y consolida" la partida presupuestaria 440.01.22E que regula las transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en materia de relaciones laborales, que no estaba prevista en las leyes de presupuestos de esos años. Y en segundo lugar, Alaya recurrió a la declaración judicial del que fuera consejero de Empleo y también imputado en la causa Antonio Fernández, quien aludió en su comparecencia al "conocimiento que debían tener del sistema de concesión de ayudas el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno".
En el caso de Griñán, Alaya enumeró tres aspectos que justificaban en opinión de la instructora el traslado de la imputación, todos ellos referidos a su etapa como consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre 2004 y 2009, fecha en que fue nombrado presidente autonómico.
Para empezar, la juez señalaba que Griñán tuvo conocimiento de la inclusión de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, en los Presupuestos de la Junta mediante las reuniones "de alta cualificación técnica" que se celebraban para la elaboración del anteproyecto de la ley de Presupuestos elaborada por la Consejería de Hacienda y a la que asistieron, entre otros, la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo y el secretario general de Economía Antonio Ávila. Con esta información, el consejero de Hacienda (Alaya cita a Magdalena Álvarez primero y luego a Griñán) "terminaría de dar forma al anteproyecto y lo sometería a la aprobación del Consejo de Gobierno".
En segundo lugar, la juez argumenta que Griñán conoció los informes adicional y definitivo del ejercicio 2003 elaborados por la Intervención General de la Junta donde se advertía de las irregularidades detectadas en el sistema de concesión de las ayudas y que, precisaba la instructora, "serían notificados al consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y al consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, a través de la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo", así como al consejero de Empleo Antonio Fernández y al director de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.
A estos informes seguirían otros de Cuentas anuales y de Cumplimiento de los ejercicios siguientes en los que la Intervención "seguiría incidiendo en la absoluta ausencia de procedimiento y en sus consecuencias legales".
Alaya recordó que el Reglamento de la Intervención señala que el consejero de Hacienda, "si lo cree conveniente", puede someter al Consejo de Gobierno el informe definitivo "para la adopción de las medidas necesarias", según el artículo 57 de ese reglamento, mientras que el artículo 52 establece que el consejero de Hacienda, previo informe de la Intervención General, "dará cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados que por su interés y repercusión deban ser destacados o puedan servir de base para la adopción de criterios uniformes de actuación".
La juez ha dictado esta exposición razonada después de que recientemente la Audiencia de Sevilla mostrara un respaldo absoluto a la instructora en su planteamiento de no dividir la causa en piezas separadas, como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción en varias ocasiones al entender que podrían establecerse tres grandes bloques de piezas separadas y enviar al Supremo la parte que afecta a los aforados.
Mercedes Alaya, que está de vacaciones desde el pasado fin de semana, ha remitido este lunes al Alto Tribunal la exposición razonada junto a varios anexos del sumario que contienen abundante documentación. Aunque la magistrada ha remitido todo el procedimiento –sin división alguna-, eso no significa que vaya a paralizar la instrucción por el momento, puesto que Alaya va a seguir tramitando la causa hasta que no reciba una respuesta del Supremo que puede tardar aún varios meses en producirse, mientras el instructor del Alto Tribunal estudia los hechos y pide opinión a la Fiscalía sobre qué debe hacerse con la causa y los aforados, según han confirmado fuentes del caso.
La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción advirtió expresamente a la juez de que si "considera procedente elevar la causa en su totalidad por pérdida de la competencia a favor del órgano superior, una vez remitida a éste la exposición razonada, al entender la magistrada agotada la instrucción en todo cuanto es posible sin dirigir el procedimiento directamente contra las personas que gozan de fuero y defender la inescindibilidad de las actuaciones, deberá suspenderse la tramitación de la causa, salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta".
En la "exposición razonada" Alaya concreta los indicios de la presunta participación en los hechos que, a su juicio, hay en el sumario –que cuenta con 201 imputados y más de 300.000 folios- contra los ex presidentes de la Junta y el resto de aforados, individualizando la conducta de cada aforado que pudiera ser constitutiva de delito y constatando también los principios de prueba que puedan servir a esa imputación.
En diciembre pasado, después de que la Audiencia le obligara a motivar el auto de la preimputación, Alaya reveló algunos de los indicios que barajaba contra los ex presidentes y así sostuvo que Chaves tenía conocimiento, por presidir el Consejo de Gobierno, del sistema de concesión de las ayudas a través de las transferencias de financiación, y que Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, conoció los informes de la Intervención General de la Junta pero no los sometió al Consejo de Gobierno.
Alaya no tipificó entonces los posibles delitos que podrían atribuirse a los ex presidentes, a pesar de que así se lo ordenó la Audiencia de Sevilla. En esa resolución, que Alaya afirmó haber dictado "por imperativo legal" -en alusión a la orden de la Audiencia-, la instructora sostuvo que los elementos que justifican la preimputación de Manuel Chaves se limitan a dos elementos: que presidió los Consejos de Gobierno en los que fueron aprobadas hasta siete modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001 por importe de 93 millones de euros y en virtud de las cuales "se crea y consolida" la partida presupuestaria 440.01.22E que regula las transferencias al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en materia de relaciones laborales, que no estaba prevista en las leyes de presupuestos de esos años. Y en segundo lugar, Alaya recurrió a la declaración judicial del que fuera consejero de Empleo y también imputado en la causa Antonio Fernández, quien aludió en su comparecencia al "conocimiento que debían tener del sistema de concesión de ayudas el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno".
En el caso de Griñán, Alaya enumeró tres aspectos que justificaban en opinión de la instructora el traslado de la imputación, todos ellos referidos a su etapa como consejero de Economía y Hacienda, cargo que ocupó entre 2004 y 2009, fecha en que fue nombrado presidente autonómico.
Para empezar, la juez señalaba que Griñán tuvo conocimiento de la inclusión de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, en los Presupuestos de la Junta mediante las reuniones "de alta cualificación técnica" que se celebraban para la elaboración del anteproyecto de la ley de Presupuestos elaborada por la Consejería de Hacienda y a la que asistieron, entre otros, la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo y el secretario general de Economía Antonio Ávila. Con esta información, el consejero de Hacienda (Alaya cita a Magdalena Álvarez primero y luego a Griñán) "terminaría de dar forma al anteproyecto y lo sometería a la aprobación del Consejo de Gobierno".
En segundo lugar, la juez argumenta que Griñán conoció los informes adicional y definitivo del ejercicio 2003 elaborados por la Intervención General de la Junta donde se advertía de las irregularidades detectadas en el sistema de concesión de las ayudas y que, precisaba la instructora, "serían notificados al consejero de Innovación, Francisco Vallejo, y al consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, a través de la viceconsejera Carmen Martínez Aguayo", así como al consejero de Empleo Antonio Fernández y al director de Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.
A estos informes seguirían otros de Cuentas anuales y de Cumplimiento de los ejercicios siguientes en los que la Intervención "seguiría incidiendo en la absoluta ausencia de procedimiento y en sus consecuencias legales".
Alaya recordó que el Reglamento de la Intervención señala que el consejero de Hacienda, "si lo cree conveniente", puede someter al Consejo de Gobierno el informe definitivo "para la adopción de las medidas necesarias", según el artículo 57 de ese reglamento, mientras que el artículo 52 establece que el consejero de Hacienda, previo informe de la Intervención General, "dará cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados que por su interés y repercusión deban ser destacados o puedan servir de base para la adopción de criterios uniformes de actuación".
No hay comentarios:
Publicar un comentario