Una vez celebrados los primeros juicios contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, el Ente Público de Infraestructuras y Servicios de esta Consejería y las empresas concesionarias del servicio de Apoyo Administrativo de los centros de Educación Infantil y Primaria en la provincia de Córdoba, el pasado día 11 se recibieron las primeras sentencias de los Juzgados de lo Social número 1 y número 2 de dicha provincia, con el siguiente fallo:
“(...) Declarando la IMPROCEDENCIA del despido de las actoras efectuado con fecha a efectos de 15 de noviembre de 2013, condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaración, declarando asimismo que ha habido CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES, y el derecho de las actoras a adquirir la condición de indefinidos discontinuos a tiempo parcial de la Consejería demandada, declarando que los derechos y obligaciones de las trabajadoras en la misma serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si bien la antigüedad se computará desde la fecha que se ha consignado en el hecho probado XIII y declarando el derecho de la Consejería demandada a readmitir a las trabajadoras, con abono de los salarios de tramitación, o a indemnizarle en las siguientes cantidades de cuyo pago responderán solidariamente las anteriores codemandadas.
Absolviendo al ENTE PÚBLICO ANDALUZ DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de las pretensiones contra el mismo ejercitadas”.
Tras la notificación de esta sentencia condenatoria a la Consejería de Educación, ésta tiene un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse al respecto. Teniendo la seguridad las trabajadoras de que será para la readmisión a sus puestos, tal como habían declarado en diversas ocasiones desde la Consejería de Educación, en concreto la Directora General de RR.HH, Doña Antonia Cascales, la Secretaria General de Educación, Doña Elia Maldonado y el Consejero Don Luciano Alonso, siendo las mismas corroboradas por la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Doña Susana Díaz, en los diversos encuentros que ha tenido con miembros de este colectivo.
Debemos recordar que en estos tiempos de crisis el asumir una indemnización por despido es un gasto inútil, pudiendo contar con este personal tan necesario en los centros y ya formado con rendimientos excelentes, confirmados por toda la comunidad educativa de sus centros, que los esperan con los brazos abiertos.
Una vez conocida esta sentencia, y a la espera de los próximos juicios que se celebrarán en las provincias de Cádiz (el 22 de Abril) y Córdoba (23 y 29 de Abril), los trabajadores confían que la justicia dicte en el mismo sentido que las ya conocidas, pudiendo ir reincorporándose cuanto antes a sus centros de trabajo, que en muchos casos aún no cuentan con personal de apoyo tras sus despidos.
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