El funcionariado fue concebido como un estatuto especial para proteger a los servidores públicos de las decisiones arbitrarias de quienes en cada momento ostentaran el poder. Por este motivo, se trató de reclutar a las mejores cabezas por medio de importantes barreras a la entrada, las oposiciones, a fin de construir una administración pública altamente profesionalizada y que sirviera de contrapeso del poder político y sus urgencias temporales.
La Administración Pública fue concebida para actuar como garante de los intereses generales.
Funcionario es, por tanto, aquél que realiza una función pública y en este sentido, es un servidor de la administración pública para la que realiza las funciones públicas.
Sin embargo, el estatus de funcionario es disfrutado y ansiado por numerosos colectivos y personas que realizan las más variopintas actividades profesionales y económicas, siendo agraciados por el político de turno con el ejercicio de un poder administrativo que no les corresponde, burlando con ello el interés general, engañando al ciudadano.
El Confidencial nos informa:
1. La Inspección de Servicios del Magrama y la Fiscalía ya han iniciado los primeros pasos para investigar el inflado en las obras de emergencia del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, adjudicada a Viguecons Estévez, empresa amiga del comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez.
2. Fuentes de la Confederación e ingenieros especializados cifran el inflado de esta obra en 900.000 euros.
3. La Fiscalía Superior de Andalucía ya ha recibido escritos de funcionarios, enviados de forma anónima por temor a represalias, en el que se explica con detalle el precio de este sobrecoste.
4. Los funcionarios denuncian cómo la confederación ha movilizado una inversión global de siete millones de euros para la puesta al día de expedientes, contratando personal externo cuando ese cometido es competencia de los funcionarios a los que se les ha retirado su trabajo.
Pues bien,
El Gabinete de Prensa y el Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ajenos a lo anterior, (nada nuevo bajo el sol), alardean y presumen ante el ciudadano como el Organismo de cuenca está poniendo fin al retraso histórico que existía en cuanto a la tramitación de expedientes gracias al esfuerzo inversor que el Organismo viene realizando con el Plan Hidra en el que se están invirtiendo 30 millones de euros.
Treinta millones de euros que podían haberse invertido en obras necesarias contra inundaciones y de mejora del abastecimiento, por poner unos ejemplos y no para pagar un trabajo que ya está incluido en los presupuestos generales del Estado como gastos de personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Treinta millones de euros que podían haberse invertido en obras necesarias contra inundaciones y de mejora del abastecimiento, por poner unos ejemplos y no para pagar un trabajo que ya está incluido en los presupuestos generales del Estado como gastos de personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
El despiadado monstruo acuático del inframundo, la Hidra, ha despedazado a los empleados públicos al Servicio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Sus funciones y el trabajo que les corresponde como garantes de ese servicio público ha sido engullido y se les invita a un "traslado forzoso" si solicitan el derecho a ejercer sus funciones en su lugar de trabajo.
Esas inversiones, de más de 30 millones de euros, en actividades realizadas por empresas externas y su correspondiente personal externo, que no tienen ni por asomo la condición del ejercicio de un poder del estado, que sin embargo le es otorgado, desvela el abuso perverso del sistema.
No vamos a entrar en los casos patológicos de los empleados públicos nombrados o enchufados a dedo por todos conocidos que estampan sus firmas para dar validez a esas inversiones sin verificar su realización.
Un capítulo más sobre los continuos desprecios hacia los funcionarios, la Función Pública y la Administración Pública. Acción-reacción de los gestores del Guadalquivir ante la comunicación realizada al Secretario de Estado de Medio Ambiente sobre la negativa del derecho al trabajo que los empleados públicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir solicitan una y otra vez.
Ambas noticias informan de un sobrecoste para las arcas públicas.
El coste real se ha visto incrementado tanto en la obra de limpieza del río Guadalquivir como en la inversión de 30 millones del alardeado Plan Hidra. En este segundo caso se tira por tierra la capacidad de los empleados públicos de la confederación, a los que se les ha paralizado el trabajo, realizando un gasto desorbitado de 30 millones de euros para la contratación de personal externo, manipulando a la opinión pública sobre la gran inversión realizada. En ambos casos: un ahorro ficticio; Un Gran Negocio.
La inmensa mayoría de los empleados públicos estamos sirviendo a nuestro país con lealtad y dedicación pese a que se nos sustituya. Somos conscientes de que en nuestras carreras administrativas la suerte, la arbitrariedad política y corporativa o el amiguismo tienen mucha más influencia que el buen hacer o el buen saber.
Contradicciones constantes. Una manipulación "en toda regla" hacia la opinión pública de los gestores de la Administración. Lenta y larga agonía de los principios en que descansa el Estado de Derecho.
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